"Matrimonio entre gente rara "
Estoy completamente a favor del permitir el matrimonio entre católicos. Me parece una injusticia y un error tratar de impedírselo.
El catolicismo no es una enfermedad. Los católicos, pese a que a muchos no les gusten o les parezcan extraños, son personas normales y deben poseer los mismos derechos que los demás, como si fueran, por ejemplo, informáticos u homosexuales.
Soy consciente de que muchos comportamientos y rasgos de caracter de las personas católicas, como su actitud casi enfermiza hacia el sexo, pueden parecernos extraños a los demás. Sé que incluso, a veces, podrían esgrimirse argumentos de salubridad pública, como su peligroso y deliberado rechazo a los preservativos. Sé también que muchas de sus costumbres, como la exhibición pública de imágenes de torturados, pueden incomodar a algunos.
Pero esto, además de ser más una imagen mediática que una realidad, no es razón para impedirles el ejercicio
del matrimonio.
Algunos podrían argumentar que un matrimonio entre católicos no es un matrimonio real, porque para ellos es un ritual y un precepto religioso ante su dios, en lugar de una unión entre dos personas. También, dado que los hijos fuera del matrimonio están gravemente condenados por la iglesia, algunos podrían considerar que permitir que los católicos se casen incrementará el número de matrimonios por "el qué dirán" o por la simple búsqueda de sexo (prohibido por su religión fuera del matrimonio), incrementando con ello la violencia en el hogar y las familias desestrucuturadas. Pero hay que recordar que esto no es algo que ocurra sólo en las familas católicas y que, dado que no podemos meternos en la cabeza de los demás, no debemos juzgar sus motivaciones.
Por otro lado, el decir que eso no es matrimonio y que debería ser llamado de otra forma, no es más que una forma un tanto ruín de desviar el debate a
cuestiones semánticas que no vienen al caso: Aunque sea entre católicos, un matrimonio es un matrimonio, y una familia es una familia.
Y con esta alusión a la familia paso a otro tema candente del que mi opinión, espero, no resulte demasiado radical: También estoy a favor de permitir que los católicos adopten hijos.
Algunos se escandalizarán ante una afirmación de este tipo. Es probable que alguno responda con exclamaciones del tipo de "¿Católicos adoptando hijos? ¡Esos niños podrían hacerse católicos!".
Veo ese tipo de críticas y respondo: Si bién es cierto que los hijos de católicos tienen mucha mayor problabilidad de convertirse a su vez en católicos (al contrario que, por ejemplo, ocurre en la informática o la homosexualidad), ya he argumentado antes que los católicos son personas como los demás.
Pese a las opiniones de algunos y a los indicios, no hay pruebas evidentes de que unos padres católicos
estén peor preparados para educar a un hijo, ni de que el ambiente religiosamente sesgado de un hogar católico sea una influencia negativa para el niño. Además, los tribunales de adopción juzgan cada caso individualmente, y es precisamente su labor determinar la idoneidad de los padres.
En definitiva, y pese a las opiniones de algunos sectores, creo que debería permitirseles también a los católicos tanto el matrimonio como la adopción.
Exactamente igual que a los informáticos y a los homosexuales.
El siguiente es un espacio sociológico donde presento artículos y reflexiones de mi autoría, a la vez que compilo textos, actividades y enlaces pertinentes a la práctica sociológica, sea por su valor teórico, político y/o ético. jtv
sábado, 26 de junio de 2010
miércoles, 23 de junio de 2010
El ataque del Banco Mundial a las Universidades y los derechos culturales (I)
José Luis Vega Carballo
Fuente: elpais.cr | 23/06/2010
Columna “Pensamiento Crítico”
El Banco Mundial (BM) nació como super-agente financiero del nuevo imperio estadounidense que se forja una vez finalizada la segunda guerra mundial. Su creación fue producto de los famosos acuerdos de Bretton Woods (New Hampshire, EEUU) pactados en 1944 durante la Conferencia Monetaria y Financiera Internacional de la ONU. La misión del BM era reorganizar, junto con el Fondo Monetario Internacional (FMI), la economía mundial en función de los emergentes intereses planetarios centrados en Washington, extendidos hacia Europa mediante el Plan Marshall, y proyectados al resto del mundo en la tensa atmósfera de la guerra fría anticomunista comandada en esa época por el presidente Truman, el FBI y la CIA.
En las últimas décadas, y ya en la globalización posterior a 1970, el BM se lanzó al diseño e implementación de las políticas neoliberales de ajuste que condujeron al Consenso de Washington al inicio de la década de 1990, estando siempre acompañado por el FMI y más tarde por la Organización Mundial del Comercio (OMC). Fue cuando, además de políticas económicas, comenzó a hablar de pobreza y compensación social, y aun de educación como instrumento de desarrollo, aunque en una versión muy conservadora donde aparecía como vehículo de una “modernización” o proceso en el cual unas sociedades “subdesarrolladas” pujaban por hacerse como las más “desarrolladas”, según opciones y disciplinas capitalistas recomendadas por el BM y el FMI. Más aún, con ese giro sobrevino la tendencia a reducir la ecuación compleja del desarrollo social (tan en boga en América Latina en la posguerra) a la educación, concebida como antídoto de la pobreza, la exclusión social y el radicalismo político.
A finales del siglo XX, los estrategas del BM fraguaron una segunda generación de políticas de liberalización derivadas del Consenso de Washington, para terminar las tareas inconclusas del primer ciclo de ajustes estructurales. Se lanzó entonces el “Neo-institucionalismo” como estrategia orientada a terminar la faena de privatizar y sujetar los Estados-Nación al engranaje del mercado, de las empresas y los intereses patronales; principalmente en función de las necesidades que tenían las grandes corporaciones de penetrar las periferias subdesarrolladas al frente del proceso globalizador. No se habló más de reducir el Estado, sino de fortalecerlo y ponerlo directamente al servicio de los intereses corporativos y del mercado globalizado.
En ese marco neo-institucionalista se gestó una batería de “nuevas reformas estructurales” que se insertaron en la agenda de los gobiernos con el apoyo directo de las agencias del BM canalizado a través de “oficinas ejecutoras”. Aquí, por ahora, nos interesan las reformas en el campo educativo, laboral y cultural, ligados a la problemática tanto de la desigualdad y la diversidad, como de la vigencia de los Derechos Sociales y Culturales. Un tema complejo que no agotaremos en esta ocasión, pero que sí importa dejar planteado con toda claridad para entender los ataques a universidades públicas que ofrezcan resistencias al Neo-institucionalismo e insistan en mantener su autonomía e integridad institucionales. También habrá de verse cómo estas agresiones se vinculan a las políticas neoliberales del Banco Mundial y a una cruzada planetaria contra los Derechos Humanos Integrales (DHI), es decir, pluridimensionales y a la vez indivisibles. Es esto se persigue implantar por encima de ellos y con rango superior a los derechos comerciales y empresariales, al estilo en que lo hacen los tratados de libre comercio o TLCs, todo ello en el marco de la segunda serie de reformas del Consenso de Washington.
Hoy día urge aclarar, particularmente ante quienes desconocen la naturaleza y alcances del Neo-institucionalismo, que el ataque a los Estados-Nación en su esfera jurídico-constitucional y específicamente a los DHI va dirigido a deslegitimarlos, reducirlos, y someterlos finalmente al aparataje de los negocios privados, así como al devenir de los mercados corporativos, a efectos de que sean éstos los que gobiernen a los gobiernos y sin escapatoria posible. Ello exige el ir cercenando más y más los espacios de pensamiento y acción a las fuerzas críticas, opositoras y de resistencia, que consideran perjudicial tal mercantilización de la vida pública y privada, montada en el afán de lucro y de una extrema explotación de la fuerza de trabajo (física y mental) de todos los habitantes, incluidos los que laboran en el sector de los servicios públicos de educación y cultura. Aunque no lo quieran, en esa tesitura los medios de administración y producción que los funcionarios manejan, deberán quedar sometidos a la gran maquinaria corporativa y globalizada de los mercados, así como a las necesidades de los grandes consorcios as financieros, es decir, a los dictados del complejo imperial administrado por la trilogía “BM-FMI-OMC”, donde las universidades no podrán jugar a ser una excepción.
Concretamente, en materias de educación y cultura, el Neo-institucionalismo impulsado por la trilogía (y en particular por el BM para nuestros países) se propone, primero, radicalizar los mecanismos de la condicionalidad en los préstamos y asistencias al sector educativo, a fin de forzar la aceptación de su visión y políticas entre las altas burocracias y tecnocracias ministeriales, donde siempre ha hallado fieles subalternos y compañeros de viaje dispuestos a defender sus tesis pro-mercado, en especial las que impulsan la privatización y descentralización o municipalización de las estructuras y centros educativos. En segundo lugar, los Estados deberán circunscribirse a prestar los servicios de educación y cultura de modo mínimo y subsidiario, dejando a la empresa privada (la llamada “industria cultural”, que incluye en sus filas a la educación) la parte más lucrativa y jugosa del león. Más aún, deberán ponerse de lado del mercado y estimular ese traspaso privatizador de funciones y estructuras. Y en tercer lugar, tendrán que acabar directa o indirectamente con cualquier autonomía del sector educativo, en especial del universitario. Pues éste resulta ser no solo el más rentable, sino el más estratégico, en la medida en que debe formar con alta prioridad los cuadros cualificados, dóciles y de plena confianza ideológica para las empresas, corporaciones y bancos privados encargados de la gestión de los mercados. Dentro y fuera del ámbito de unos Estados-Nación reducidos al mínimo, se impondría así un destino inexorable que deberán compartir las universidades públicas si desean sobrevivir como entidades “competitivas” y que en parte atiendan de mala gana a un segmento de mercado de segunda o tercera clase, es decir, a una ciudadanía degradada, de baja condición socioeconómica, sin influencia ni poder político, y por ello dependiente de servicios públicos de baja calidad y restringida cobertura.
Tales son las fuerzas e intereses que se mueven detrás de las embestidas que viene sufriendo el sistema público universitario, tanto en materia de negociación presupuestaria como de autonomía; a lo cual hay que agregar el nuevo aliado de gran calibre que tienen el BM y sus estrategias neo-institucionalistas: el poder mediático privado y transnacionalizado, atado al gran complejo en crecimiento de las industrias culturales, muy interesadas en reducir al mínimo las estructuras no-comerciales y libres de defensa y promoción de las identidades, las diferencias y las tradiciones culturales, así como los correspondientes DHI universales que aún pueden proteger el apreciado patrimonio material y no-material del país. Un patrimonio que la clase política quiso alguna vez en el pasado que fuera nacional y respondiera a los intereses y derechos compartidos tanto por las minorías, como por las grandes mayorías sociales. Poco o nada queda de ese predicado y todos debemos saber por qué.
Fuente: elpais.cr | 23/06/2010
Columna “Pensamiento Crítico”
El Banco Mundial (BM) nació como super-agente financiero del nuevo imperio estadounidense que se forja una vez finalizada la segunda guerra mundial. Su creación fue producto de los famosos acuerdos de Bretton Woods (New Hampshire, EEUU) pactados en 1944 durante la Conferencia Monetaria y Financiera Internacional de la ONU. La misión del BM era reorganizar, junto con el Fondo Monetario Internacional (FMI), la economía mundial en función de los emergentes intereses planetarios centrados en Washington, extendidos hacia Europa mediante el Plan Marshall, y proyectados al resto del mundo en la tensa atmósfera de la guerra fría anticomunista comandada en esa época por el presidente Truman, el FBI y la CIA.
En las últimas décadas, y ya en la globalización posterior a 1970, el BM se lanzó al diseño e implementación de las políticas neoliberales de ajuste que condujeron al Consenso de Washington al inicio de la década de 1990, estando siempre acompañado por el FMI y más tarde por la Organización Mundial del Comercio (OMC). Fue cuando, además de políticas económicas, comenzó a hablar de pobreza y compensación social, y aun de educación como instrumento de desarrollo, aunque en una versión muy conservadora donde aparecía como vehículo de una “modernización” o proceso en el cual unas sociedades “subdesarrolladas” pujaban por hacerse como las más “desarrolladas”, según opciones y disciplinas capitalistas recomendadas por el BM y el FMI. Más aún, con ese giro sobrevino la tendencia a reducir la ecuación compleja del desarrollo social (tan en boga en América Latina en la posguerra) a la educación, concebida como antídoto de la pobreza, la exclusión social y el radicalismo político.
A finales del siglo XX, los estrategas del BM fraguaron una segunda generación de políticas de liberalización derivadas del Consenso de Washington, para terminar las tareas inconclusas del primer ciclo de ajustes estructurales. Se lanzó entonces el “Neo-institucionalismo” como estrategia orientada a terminar la faena de privatizar y sujetar los Estados-Nación al engranaje del mercado, de las empresas y los intereses patronales; principalmente en función de las necesidades que tenían las grandes corporaciones de penetrar las periferias subdesarrolladas al frente del proceso globalizador. No se habló más de reducir el Estado, sino de fortalecerlo y ponerlo directamente al servicio de los intereses corporativos y del mercado globalizado.
En ese marco neo-institucionalista se gestó una batería de “nuevas reformas estructurales” que se insertaron en la agenda de los gobiernos con el apoyo directo de las agencias del BM canalizado a través de “oficinas ejecutoras”. Aquí, por ahora, nos interesan las reformas en el campo educativo, laboral y cultural, ligados a la problemática tanto de la desigualdad y la diversidad, como de la vigencia de los Derechos Sociales y Culturales. Un tema complejo que no agotaremos en esta ocasión, pero que sí importa dejar planteado con toda claridad para entender los ataques a universidades públicas que ofrezcan resistencias al Neo-institucionalismo e insistan en mantener su autonomía e integridad institucionales. También habrá de verse cómo estas agresiones se vinculan a las políticas neoliberales del Banco Mundial y a una cruzada planetaria contra los Derechos Humanos Integrales (DHI), es decir, pluridimensionales y a la vez indivisibles. Es esto se persigue implantar por encima de ellos y con rango superior a los derechos comerciales y empresariales, al estilo en que lo hacen los tratados de libre comercio o TLCs, todo ello en el marco de la segunda serie de reformas del Consenso de Washington.
Hoy día urge aclarar, particularmente ante quienes desconocen la naturaleza y alcances del Neo-institucionalismo, que el ataque a los Estados-Nación en su esfera jurídico-constitucional y específicamente a los DHI va dirigido a deslegitimarlos, reducirlos, y someterlos finalmente al aparataje de los negocios privados, así como al devenir de los mercados corporativos, a efectos de que sean éstos los que gobiernen a los gobiernos y sin escapatoria posible. Ello exige el ir cercenando más y más los espacios de pensamiento y acción a las fuerzas críticas, opositoras y de resistencia, que consideran perjudicial tal mercantilización de la vida pública y privada, montada en el afán de lucro y de una extrema explotación de la fuerza de trabajo (física y mental) de todos los habitantes, incluidos los que laboran en el sector de los servicios públicos de educación y cultura. Aunque no lo quieran, en esa tesitura los medios de administración y producción que los funcionarios manejan, deberán quedar sometidos a la gran maquinaria corporativa y globalizada de los mercados, así como a las necesidades de los grandes consorcios as financieros, es decir, a los dictados del complejo imperial administrado por la trilogía “BM-FMI-OMC”, donde las universidades no podrán jugar a ser una excepción.
Concretamente, en materias de educación y cultura, el Neo-institucionalismo impulsado por la trilogía (y en particular por el BM para nuestros países) se propone, primero, radicalizar los mecanismos de la condicionalidad en los préstamos y asistencias al sector educativo, a fin de forzar la aceptación de su visión y políticas entre las altas burocracias y tecnocracias ministeriales, donde siempre ha hallado fieles subalternos y compañeros de viaje dispuestos a defender sus tesis pro-mercado, en especial las que impulsan la privatización y descentralización o municipalización de las estructuras y centros educativos. En segundo lugar, los Estados deberán circunscribirse a prestar los servicios de educación y cultura de modo mínimo y subsidiario, dejando a la empresa privada (la llamada “industria cultural”, que incluye en sus filas a la educación) la parte más lucrativa y jugosa del león. Más aún, deberán ponerse de lado del mercado y estimular ese traspaso privatizador de funciones y estructuras. Y en tercer lugar, tendrán que acabar directa o indirectamente con cualquier autonomía del sector educativo, en especial del universitario. Pues éste resulta ser no solo el más rentable, sino el más estratégico, en la medida en que debe formar con alta prioridad los cuadros cualificados, dóciles y de plena confianza ideológica para las empresas, corporaciones y bancos privados encargados de la gestión de los mercados. Dentro y fuera del ámbito de unos Estados-Nación reducidos al mínimo, se impondría así un destino inexorable que deberán compartir las universidades públicas si desean sobrevivir como entidades “competitivas” y que en parte atiendan de mala gana a un segmento de mercado de segunda o tercera clase, es decir, a una ciudadanía degradada, de baja condición socioeconómica, sin influencia ni poder político, y por ello dependiente de servicios públicos de baja calidad y restringida cobertura.
Tales son las fuerzas e intereses que se mueven detrás de las embestidas que viene sufriendo el sistema público universitario, tanto en materia de negociación presupuestaria como de autonomía; a lo cual hay que agregar el nuevo aliado de gran calibre que tienen el BM y sus estrategias neo-institucionalistas: el poder mediático privado y transnacionalizado, atado al gran complejo en crecimiento de las industrias culturales, muy interesadas en reducir al mínimo las estructuras no-comerciales y libres de defensa y promoción de las identidades, las diferencias y las tradiciones culturales, así como los correspondientes DHI universales que aún pueden proteger el apreciado patrimonio material y no-material del país. Un patrimonio que la clase política quiso alguna vez en el pasado que fuera nacional y respondiera a los intereses y derechos compartidos tanto por las minorías, como por las grandes mayorías sociales. Poco o nada queda de ese predicado y todos debemos saber por qué.
miércoles, 2 de junio de 2010
Las industrias culturales como arma política e ideológica José Luis Vega Carballo
Fuente: elpais.cr | 02/06/2010
Columna “Pensamiento Crítico”
En nuestro país le ha costado mucho a la izquierda (y poco a la derecha) entender el papel clave estratégico que juegan las llamadas "industrias culturales" en la lucha por la hegemonía; la cual es algo más que una pugna por el dominio de los recursos materiales, económicos y tecnológicos del poder. Pues involucra el manejo de los significados que los individuos y los grupos sociales fabrican y le imputan a la realidad en que viven, hasta llegar a transformarse esos productos en definiciones y representaciones de esa realidad circundante, que operan con enorme fuerza de convencimiento y justificación. Es decir, la producción simbólica de la sociedad (incluida la artística e intelectual) complementa a la producción material y la penetra, dándole determinados sentidos, tonalidades y valores que influyen sobre su manejo y consumo, al punto de que la diferencia entre ambas producciones se traza mayormente para efectos de análisis por su cada vez más estrecha imbricación en la sociedad del consumo, de la comunicación y la información que vivimos.
Las industrias culturales abarcan una amplia gama de ofertas que se desplazan por los mercados nacionales, regionales e internacionales con enorme fluidez y rapidez, penetrando todos los intersticios de la vida social y política de manera vertical (hacia adentro de los países) y al mismo tiempo horizontal (entre países y regiones). Incluyen la radiodifusión, el cine, la televisión y el vídeo, la imprenta y la prensa en sus diversas formas, las agencias de publicidad y de noticias, los noticieros, el entretenimiento (deportes, shows de variedades, telenovelas, etc.), la transmisión de señales, el diseño, la arquitectura y la artesanía, en fin todas las empresas donde lo producido, aunque tenga un soporte o vehículo material y se venda como un servicio o como parte de un servicio, es en esencia una construcción o artefacto simbólico e intangible, el cual generalmente posee además un altísimo costo de producción (digamos de la primera versión o copia), pero a la vez un ínfimo costo de reproducción, aparte de que el producto cultural no se gasta ni extingue en el acto de su consumo.
Actualmente la industria cultural se ha vuelto posiblemente la más rentable en la esfera de las economías formales y hasta en las subterráneas, es decir, en aquellas dedicadas al contrabando y la piratería; por lo cual han surgido grandes consorcios transnacionales que la controlan, especialmente desde los EEUU, que son líderes en la producción y exportación de bienes culturales audiovisuales de alto valor agregado. De más está señalar que el auge del desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación (las TICs) en la actualidad se halla estrechamente ligado a la expansión transnacionalizada de las industrias culturales y a su gran capacidad de penetración.
La lucha política no ha podido escapar al influjo de esas industrias y podemos afirmar que, la de tipo electoral, se encuentra hoy día en gran medida dependiendo de las posibilidades que ofrecen tales industrias para modelar la oferta y la demanda de las propuestas que elaboran las dirigencias partidistas. Esto ha hecho que muchas de estas dirigencias se hayan convertido casi en apéndices de las agencias de publicidad y de los dueños y manejadores de la producción de imágenes y otros bienes culturales de impacto político e ideológico, sobre todo durante las campañas electorales. Esto explica el cambio de naturaleza que han tenido las campañas al ser llevadas a asumir el formato de un espectáculo de entretenimiento mediático, muy parecido al ofrecido por las industrias culturales en los casos del deporte y los conciertos o shows.
Sin embargo, esta reconversión telemediática de la lucha política electoral no deja de afectar sus otros planos, los no electorales. Pues las industrias culturales juegan un papel importantísimo en cuanto a reguladoras del discurso político-ideológico y de su utilización en los espacios públicos y también privados. En estos últimos, por la forma en que los medios de comunicación logran penetrar y hasta controlar la vida familiar de los hogares, entidades que siguen teniendo influencia, junto a otros grupos primarios (por ejemplo, grupos de trabajo, recreación o religiosos), en la manera como son recibidos los mensajes e imágenes desde los emisores mediáticos y, por consiguiente, a la hora en que los receptores deciden su inclinación político-partidista y la intención del voto. Se considera que, del mismo modo como los medios inciden sobre las decisiones de los consumidores en el mercado político, existe un mercado político (el de los votos) donde igualmente los gustos y preferencias de los electorales pueden ser influidos y manipulados por medio de fuertes campañas publicitarias.
En el mismo sentido, los gobiernos pueden utilizar los medios y otras industrias culturales para labrarse imágenes positivas, justificar los resultados de sus ejecutorias (sean buenas, regulares o malas en la realidad) y encubrir el manejo que hacen de los hilos del poder cuando así es de su conveniencia. En otras palabras, estas industrias manejan un nuevo poder invisible y de invisibilización u ocultamiento, el cual puede resultar de suma utilidad para los políticos allí donde, a la par de la maquinaria observable de la administración, gobierna otra en paralelo y en las sombras.
Como vemos, en casi todos los campos del ejercicio del poder, sea en la sociedad civil o en la esfera del Estado y los partidos, los aportes de las industrias culturales, especialmente de las audiovisuales y televisivas, se ha vuelto decisivo. Y esto implica que la lucha por la hegemonía - que mucho tiene que ver con la capacidad de orientar y controlar a las ciudadanías así como con justificar ante ellas la gestión misma del poder desde dentro o fuera de los gobiernos-, haya cambiado de estilo, volviéndose cada vez masiva y mediática, así como muy cara y difícil de financiar. Esto explica en gran parte que debido al poder económico de que gozan, hayan sido las derechas y los grupos empresariales quienes más beneficios han obtenido de tal transformación. No implica esto para nada que las izquierdas no puedan ni deban aprender su respectiva lección extraída de esas experiencias en el campo opuesto. Pero para ello requieren comprender mejor en qué consisten las industrias culturales y cuál es el rol que juegan en la pugna por el control de las mentes y conciencias de los ciudadanos.
Claro está, que como cualquier actividad económico-social, el funcionamiento de las industrias culturales no debe dejarse totalmente en manos del mercado ni de los intereses de quienes consideran a los bienes culturales como meras mercancías y objetos de apropiación privada, que es lo que plantean los promotores de los tratados de libre comercio e inversión, dentro y fuera del ámbito de la Organización Mundial del Comercio. Un tema que nos lleva al problema de su regulación, así como a examinar el reto de la promoción y defensa de los llamados “Derechos Culturales” de los ciudadanos, incluidos los derechos de los productores o empresarios culturales, y sobre el cual habrá que volver próximamente por los dilemas y dificultades particulares que entraña.
Columna “Pensamiento Crítico”
En nuestro país le ha costado mucho a la izquierda (y poco a la derecha) entender el papel clave estratégico que juegan las llamadas "industrias culturales" en la lucha por la hegemonía; la cual es algo más que una pugna por el dominio de los recursos materiales, económicos y tecnológicos del poder. Pues involucra el manejo de los significados que los individuos y los grupos sociales fabrican y le imputan a la realidad en que viven, hasta llegar a transformarse esos productos en definiciones y representaciones de esa realidad circundante, que operan con enorme fuerza de convencimiento y justificación. Es decir, la producción simbólica de la sociedad (incluida la artística e intelectual) complementa a la producción material y la penetra, dándole determinados sentidos, tonalidades y valores que influyen sobre su manejo y consumo, al punto de que la diferencia entre ambas producciones se traza mayormente para efectos de análisis por su cada vez más estrecha imbricación en la sociedad del consumo, de la comunicación y la información que vivimos.
Las industrias culturales abarcan una amplia gama de ofertas que se desplazan por los mercados nacionales, regionales e internacionales con enorme fluidez y rapidez, penetrando todos los intersticios de la vida social y política de manera vertical (hacia adentro de los países) y al mismo tiempo horizontal (entre países y regiones). Incluyen la radiodifusión, el cine, la televisión y el vídeo, la imprenta y la prensa en sus diversas formas, las agencias de publicidad y de noticias, los noticieros, el entretenimiento (deportes, shows de variedades, telenovelas, etc.), la transmisión de señales, el diseño, la arquitectura y la artesanía, en fin todas las empresas donde lo producido, aunque tenga un soporte o vehículo material y se venda como un servicio o como parte de un servicio, es en esencia una construcción o artefacto simbólico e intangible, el cual generalmente posee además un altísimo costo de producción (digamos de la primera versión o copia), pero a la vez un ínfimo costo de reproducción, aparte de que el producto cultural no se gasta ni extingue en el acto de su consumo.
Actualmente la industria cultural se ha vuelto posiblemente la más rentable en la esfera de las economías formales y hasta en las subterráneas, es decir, en aquellas dedicadas al contrabando y la piratería; por lo cual han surgido grandes consorcios transnacionales que la controlan, especialmente desde los EEUU, que son líderes en la producción y exportación de bienes culturales audiovisuales de alto valor agregado. De más está señalar que el auge del desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación (las TICs) en la actualidad se halla estrechamente ligado a la expansión transnacionalizada de las industrias culturales y a su gran capacidad de penetración.
La lucha política no ha podido escapar al influjo de esas industrias y podemos afirmar que, la de tipo electoral, se encuentra hoy día en gran medida dependiendo de las posibilidades que ofrecen tales industrias para modelar la oferta y la demanda de las propuestas que elaboran las dirigencias partidistas. Esto ha hecho que muchas de estas dirigencias se hayan convertido casi en apéndices de las agencias de publicidad y de los dueños y manejadores de la producción de imágenes y otros bienes culturales de impacto político e ideológico, sobre todo durante las campañas electorales. Esto explica el cambio de naturaleza que han tenido las campañas al ser llevadas a asumir el formato de un espectáculo de entretenimiento mediático, muy parecido al ofrecido por las industrias culturales en los casos del deporte y los conciertos o shows.
Sin embargo, esta reconversión telemediática de la lucha política electoral no deja de afectar sus otros planos, los no electorales. Pues las industrias culturales juegan un papel importantísimo en cuanto a reguladoras del discurso político-ideológico y de su utilización en los espacios públicos y también privados. En estos últimos, por la forma en que los medios de comunicación logran penetrar y hasta controlar la vida familiar de los hogares, entidades que siguen teniendo influencia, junto a otros grupos primarios (por ejemplo, grupos de trabajo, recreación o religiosos), en la manera como son recibidos los mensajes e imágenes desde los emisores mediáticos y, por consiguiente, a la hora en que los receptores deciden su inclinación político-partidista y la intención del voto. Se considera que, del mismo modo como los medios inciden sobre las decisiones de los consumidores en el mercado político, existe un mercado político (el de los votos) donde igualmente los gustos y preferencias de los electorales pueden ser influidos y manipulados por medio de fuertes campañas publicitarias.
En el mismo sentido, los gobiernos pueden utilizar los medios y otras industrias culturales para labrarse imágenes positivas, justificar los resultados de sus ejecutorias (sean buenas, regulares o malas en la realidad) y encubrir el manejo que hacen de los hilos del poder cuando así es de su conveniencia. En otras palabras, estas industrias manejan un nuevo poder invisible y de invisibilización u ocultamiento, el cual puede resultar de suma utilidad para los políticos allí donde, a la par de la maquinaria observable de la administración, gobierna otra en paralelo y en las sombras.
Como vemos, en casi todos los campos del ejercicio del poder, sea en la sociedad civil o en la esfera del Estado y los partidos, los aportes de las industrias culturales, especialmente de las audiovisuales y televisivas, se ha vuelto decisivo. Y esto implica que la lucha por la hegemonía - que mucho tiene que ver con la capacidad de orientar y controlar a las ciudadanías así como con justificar ante ellas la gestión misma del poder desde dentro o fuera de los gobiernos-, haya cambiado de estilo, volviéndose cada vez masiva y mediática, así como muy cara y difícil de financiar. Esto explica en gran parte que debido al poder económico de que gozan, hayan sido las derechas y los grupos empresariales quienes más beneficios han obtenido de tal transformación. No implica esto para nada que las izquierdas no puedan ni deban aprender su respectiva lección extraída de esas experiencias en el campo opuesto. Pero para ello requieren comprender mejor en qué consisten las industrias culturales y cuál es el rol que juegan en la pugna por el control de las mentes y conciencias de los ciudadanos.
Claro está, que como cualquier actividad económico-social, el funcionamiento de las industrias culturales no debe dejarse totalmente en manos del mercado ni de los intereses de quienes consideran a los bienes culturales como meras mercancías y objetos de apropiación privada, que es lo que plantean los promotores de los tratados de libre comercio e inversión, dentro y fuera del ámbito de la Organización Mundial del Comercio. Un tema que nos lleva al problema de su regulación, así como a examinar el reto de la promoción y defensa de los llamados “Derechos Culturales” de los ciudadanos, incluidos los derechos de los productores o empresarios culturales, y sobre el cual habrá que volver próximamente por los dilemas y dificultades particulares que entraña.
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