Javier Antonio Torres-Vindas
Doctor en
investigación y sociólogo
Escuela de Ciencias de la Administración
Universidad Estatal a Distancia, Costa Rica
jorres@uned.ac.cr
https://orcid.org/0000-0002-0130-5979
Hay semanas que no se parecen a ninguna otra. Esta es una de
ellas. En menos de cuarenta y ocho horas, el mapa geopolítico que Occidente
había administrado con relativa comodidad durante tres décadas mostró sus
costuras más profundas. Israel decidió ignorar la diplomacia de Washington y
lanzó una ofensiva terrestre sobre el sur del Líbano. Irán respondió con el
único instrumento que ningún tratado puede neutralizar: cerró el Estrecho de
Ormuz. Veintiún millones de barriles de petróleo dejaron de fluir hacia los
mercados globales en cuestión de horas. China exigió la retirada inmediata de
las fuerzas israelíes. Europa se partió en dos entre quienes piden sanciones y
quienes guardan silencio. Y la Casa Blanca, paralizada entre su complejo
militar-industrial y su propio desprestigio, observó sin actuar.
Para muchos costarricenses, estos eventos suenan lejanos,
casi abstractos, como si ocurrieran en otro planeta. Pero no ocurren en otro
planeta. Ocurren en las arterias del sistema económico global del que Costa
Rica depende de manera estructural para importar combustibles, sostener sus
zonas francas, financiar su deuda pública y mantener el tipo de cambio que
protege el poder adquisitivo de sus familias. Lo que arde en el Mediterráneo
oriental tiene temperatura propia en San José, Limón, Cartago y Liberia. Y
conviene entender por qué antes de que los efectos lleguen sin previo aviso.
Este artículo no pretende predecir el futuro con precisión
quirúrgica. Pretende algo más modesto y urgente; trazar los canales de
transmisión por los que una crisis geopolítica en el Golfo Pérsico puede
convertirse, en cuestión de semanas, en una crisis económica y política con
nombre y apellido costarricense.
Costa Rica no produce petróleo. Esta frase, que suena a
simple dato geográfico, es en realidad la descripción de una vulnerabilidad
estructural que el país ha preferido no mirar de frente durante décadas. El
cien por ciento del petróleo que consume Costa Rica es importado. La Refinadora
Costarricense de Petróleo (RECOPE) compra crudo en los mercados internacionales
y lo distribuye internamente bajo un esquema de precios regulados que
administra la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, la ARESEP.
Cuando el Estrecho de Ormuz se cierra, aunque sea
parcialmente o de forma temporal, el mercado no espera a que los diplomáticos
lleguen a un acuerdo. Los precios del crudo Brent reaccionan en minutos. En las
primeras horas tras el anuncio del bloqueo iraní, las cotizaciones
internacionales registraron alzas que los analistas de Bloomberg Energy
calificaron como las más abruptas desde la invasión rusa de Ucrania en 2022. Si
ese nivel de precios se sostiene durante dos o tres semanas (que es el
horizonte temporal más conservador que manejan los expertos ante un cierre de
Ormuz), RECOPE enfrentará costos de importación significativamente mayores a
los presupuestados para este trimestre.
La cadena de consecuencias es directa y conocida: RECOPE
solicita a ARESEP un ajuste extraordinario de tarifas, ARESEP lo tramita bajo
presión política y mediática, y en algún punto del proceso (más temprano que
tarde) el precio de los combustibles en las bombas costarricenses sube. Ese
aumento no es cosmético. En una economía donde el transporte público, el
transporte de carga, la agroindustria y la pesca dependen directamente del
precio del diésel y la gasolina, un alza sostenida en los combustibles es un
impuesto invisible que recae con mayor fuerza sobre los hogares de menores
ingresos.
Pero hay un segundo efecto que suele ignorarse en el
análisis inmediato: la electricidad. Costa Rica se enorgullece, con razón, de
generar más del noventa y cinco por ciento de su electricidad a partir de
fuentes renovables. Sin embargo, ese porcentaje no es inmune a los precios del
petróleo. Las plantas térmicas que el ICE activa en períodos de sequía o
mantenimiento utilizan búnker y diésel. Si los precios de esos insumos se
disparan, el costo de generación eléctrica sube, y con él, eventualmente, las
tarifas eléctricas. En un año en que el Niño ha reducido los niveles de los
embalses hidroeléctricos por debajo del promedio histórico, este escenario no
es teórico: es una posibilidad concreta que el ICE y el MINAE deberían estar
modelando en este momento.
El cierre de Ormuz no solo afecta al petróleo. Afecta a todo
lo que se mueve por barco a través del Océano Índico y el Golfo Pérsico, que
es, en términos prácticos, una fracción enorme del comercio global. Las
aseguradoras marítimas han elevado las primas de riesgo a niveles que hacen
inviable operar en esas rutas sin absorber costos extraordinarios. Eso
significa que los fletes suben, que los tiempos de entrega se alargan y que
muchos cargamentos simplemente se retrasan o se redirigen por rutas alternativas
más largas y costosas.
Para Costa Rica, esto tiene implicaciones concretas en al
menos tres sectores. El primero es el de las zonas francas. Las empresas de
manufactura avanzada y dispositivos médicos que operan en el país (muchas de
ellas con cadenas de suministro que pasan por Asia y el Medio Oriente) pueden
enfrentar retrasos en la llegada de insumos críticos. Si esos retrasos se
prolongan, algunas líneas de producción podrían ralentizarse, con efectos
directos sobre el empleo formal de alta calidad que el país tanto necesita. El
segundo sector es el turismo. Los precios del combustible de aviación están
directamente ligados al precio del crudo. Si el jet fuel sube de manera
sostenida, las aerolíneas ajustan sus tarifas o reducen frecuencias en rutas
menos rentables. Costa Rica, que depende del turismo internacional como uno de
sus principales generadores de divisas, es vulnerable a cualquier
encarecimiento del transporte aéreo que desincentive los viajes de larga
distancia.
El tercer sector es el de los bienes de consumo importados.
Costa Rica importa una cantidad significativa de productos manufacturados,
alimentos procesados, medicamentos y tecnología. Si los costos logísticos
globales suben de manera generalizada (como ya ocurrió entre 2021 y 2022
durante la crisis de contenedores post-pandemia), esos aumentos terminan
reflejándose en los precios al consumidor. La inflación, que el Banco Central
de Costa Rica había logrado contener en niveles razonables durante los últimos dos
años, podría recibir un empuje externo que ninguna política monetaria doméstica
puede neutralizar por sí sola.
Costa Rica tiene una deuda pública que supera el sesenta por
ciento del Producto Interno Bruto. Una parte relevante de esa deuda está
denominada en dólares o indexada a tasas de interés internacionales. En un
contexto de crisis geopolítica global, los mercados financieros tienden a
moverse hacia activos considerados seguros (el dólar estadounidense, los bonos
del Tesoro americano) y a alejarse de economías emergentes o en desarrollo. Ese
movimiento tiene un nombre técnico: flight to quality. Y sus efectos sobre
Costa Rica son predecibles.
Si los inversores internacionales perciben mayor riesgo
global, el colón costarricense puede enfrentar presiones devaluadoras. Una
depreciación del colón encarece las importaciones (incluyendo los combustibles
ya mencionados), aumenta el costo del servicio de la deuda externa y reduce el
poder adquisitivo real de los hogares que consumen bienes importados. El Banco
Central de Costa Rica tiene instrumentos para intervenir en el mercado
cambiario, pero esos instrumentos tienen límites. Las reservas internacionales,
aunque en niveles razonables, no son infinitas, y una intervención sostenida
para defender el tipo de cambio tiene costos propios.
Hay además un efecto fiscal que merece atención. Si el
gobierno costarricense necesita refinanciar deuda en los próximos meses (y lo
necesita, porque el perfil de vencimientos de la deuda pública es exigente), lo
hará en un entorno de mayor aversión al riesgo global, lo que probablemente
implique tasas de interés más altas. Eso significa más recursos del presupuesto
nacional destinados al pago de intereses y menos espacio para inversión social,
infraestructura o cualquier otra prioridad de política pública. El Ministerio
de Hacienda debería estar revisando sus proyecciones fiscales para el segundo
semestre con urgencia.
Uno de los activos más valiosos de la política exterior
costarricense es el Acuerdo de Asociación entre Centroamérica y la Unión
Europea, que regula el acceso preferencial de las exportaciones costarricenses
al mercado europeo. Ese acuerdo existe en un contexto político que hoy está
bajo una presión inédita. España, Irlanda y Bélgica han exigido formalmente la
suspensión del Acuerdo de Asociación UE-Israel por violaciones a las cláusulas
de derechos humanos. Alemania guarda silencio. Francia baraja sanciones
unilaterales. Europa, en síntesis, está fracturada.
Esa fractura tiene consecuencias para Costa Rica de dos
maneras distintas. La primera es directa: si la crisis política interna de la
Unión Europea consume la agenda de sus instituciones durante las próximas
semanas, los procesos de actualización y profundización del Acuerdo de
Asociación con Centroamérica (que estaban avanzando con relativa fluidez) pueden
ralentizarse o quedar en un segundo plano. La burocracia europea tiene una
capacidad limitada de atención simultánea, y una crisis geopolítica de esta magnitud
la absorbe casi por completo.
La segunda consecuencia es más sutil pero igualmente
importante: el clima político en Europa está cambiando. La ciudadanía europea,
indignada por el alza de precios energéticos derivada del cierre de Ormuz, está
dirigiendo su frustración no solo contra los actores del conflicto sino contra
sus propios gobiernos. Ese malestar puede traducirse en giros políticos hacia
posiciones más proteccionistas, más escépticas del libre comercio y menos
favorables a los acuerdos con terceros países. Para Costa Rica, que ha
construido buena parte de su modelo de desarrollo sobre la apertura comercial y
la atracción de inversión extranjera, cualquier retroceso en el
multilateralismo europeo es una mala noticia.
Los mapas de coaliciones que emergen de esta crisis son
reveladores. Por un lado, un bloque de apoyo articulado en torno a Irán, China,
Rusia, Hezbolá y el llamado Eje de la Resistencia, con Pakistán, Egipto y Catar
como actores periféricos que condenan la acción israelí sin comprometerse
militarmente. Por otro lado, una coalición de oposición encabezada por Israel y
sostenida (con creciente incomodidad) por Estados Unidos, su complejo
militar-industrial y algunos aliados europeos que prefieren el silencio a la
confrontación. En el centro, un grupo creciente de actores no movilizados o
ambivalentes: la prensa internacional, los consumidores globales, los gobiernos
que no quieren elegir bando.
Costa Rica ha construido históricamente su política exterior
sobre tres pilares: la neutralidad activa, el respeto al derecho internacional
y el multilateralismo. Esos pilares están siendo sometidos a una prueba de
estrés en este momento. La participación costarricense en la Fuerza Provisional
de las Naciones Unidas en el Líbano (la FPNUL) adquiere una dimensión nueva
cuando Israel detiene temporalmente a personal de esa misión y la ONU condena
la acción sin poder actuar de manera coercitiva. Costa Rica tiene personal y
compromiso institucional con esa misión. La Cancillería debe pronunciarse con
claridad, no por obligación retórica, sino porque el silencio en este contexto
es también una posición política.
Más allá de la FPNUL, Costa Rica tiene una oportunidad (y
una responsabilidad) de ejercer liderazgo moral en los foros multilaterales. El
país no tiene ejército, no tiene intereses petroleros directos en la región y
no tiene compromisos de seguridad que lo aten a ninguno de los bloques en
conflicto. Esa independencia, que a veces se percibe como marginalidad, es en
realidad un activo diplomático de primer orden en un mundo donde casi todos los
actores relevantes están comprometidos con uno u otro bando. Costa Rica puede y
debe hablar con una voz que pocos otros países pueden permitirse.
Los análisis geopolíticos tienden a hablar de Estados, de
mercados, de índices y de tasas. Pero detrás de cada punto porcentual de
inflación hay una familia que llega a fin de mes con menos. Detrás de cada alza
en el precio del diésel hay un agricultor de Pérez Zeledón que calcula si le
conviene o no sacar su cosecha al mercado. Detrás de cada ajuste tarifario en
ARESEP hay un trabajador del sector informal en San José que gasta una
proporción mayor de su ingreso en transporte público.
Costa Rica tiene una tasa de pobreza que ronda el veinte por
ciento y una desigualdad estructural que los buenos años de crecimiento no han
logrado reducir de manera sostenida. En ese contexto, un choque externo de
precios (aunque sea transitorio) puede tener efectos sociales desproporcionados
sobre los sectores más vulnerables. El Instituto Mixto de Ayuda Social, el
IMAS, y el Ministerio de Trabajo deberían estar preparando protocolos de
respuesta ante un eventual deterioro del poder adquisitivo de los hogares de
menores ingresos. No como ejercicio burocrático, sino como política pública
preventiva.
Hay además un efecto sobre el empleo que merece seguimiento.
Si las zonas francas ralentizan producción por problemas de suministro, si el
turismo cae por el encarecimiento del transporte aéreo, si las exportaciones
encuentran mercados más complicados por la turbulencia global, el empleo formal
puede resentirse. Costa Rica todavía no ha recuperado plenamente los niveles de
empleo pre-pandemia en algunos sectores. Un nuevo choque externo en este
momento podría interrumpir una recuperación que aún es frágil.
Frente a un escenario de esta naturaleza, la tentación es la
parálisis o el voluntarismo. Ninguna de las dos sirve. Lo que Costa Rica
necesita es una agenda de respuesta concreta, pragmática y articulada entre sus
instituciones públicas, su sector privado y su sociedad civil. Aquí van algunos
elementos de esa agenda.
En materia energética, el gobierno debe activar de inmediato
los mecanismos de monitoreo de precios internacionales del petróleo y
establecer un protocolo de comunicación pública claro sobre los posibles
ajustes tarifarios. La ciudadanía merece saber qué puede pasar y cuándo, no
enterarse de los aumentos cuando ya están en la bomba de gasolina. RECOPE debe
revisar sus contratos de suministro y explorar si existen márgenes para
diversificar proveedores o asegurar precios en el corto plazo mediante instrumentos
de cobertura.
En materia comercial, el Ministerio de Comercio Exterior (COMEX)
debe hacer un mapeo urgente de las cadenas de suministro de las empresas en
zonas francas para identificar vulnerabilidades específicas. No todas las
empresas están igualmente expuestas. Algunas tienen proveedores en Asia que
pasan por rutas afectadas; otras tienen cadenas más diversificadas. Conocer ese
mapa con precisión permite priorizar la asistencia y la comunicación.
En materia fiscal, el Ministerio de Hacienda debe revisar
sus proyecciones de ingresos y gastos para el segundo semestre considerando
escenarios de mayor inflación, menor crecimiento y condiciones financieras
internacionales más restrictivas. Si hay espacio para adelantar algunas
emisiones de deuda antes de que las condiciones empeoren, ese espacio debe
evaluarse con seriedad.
En materia diplomática, la Cancillería debe articular una
posición clara y coherente en los foros multilaterales, basada en los
principios históricos de Costa Rica: respeto al derecho internacional,
protección de las misiones de paz de la ONU, rechazo a la violencia como
instrumento de política exterior y apoyo a soluciones negociadas. Esa posición
no es neutral en el sentido de indiferente; es neutral en el sentido de
principista. Y en el mundo de hoy, esa distinción importa más que nunca.
En materia social, el gobierno debe activar mecanismos de
protección para los hogares más vulnerables ante un eventual choque
inflacionario. Eso puede incluir desde transferencias focalizadas hasta
revisiones anticipadas del salario mínimo, pasando por acuerdos con el sector
de transporte público para evitar traslados automáticos de costos a los
usuarios.
Costa Rica abolió su ejército en 1948. Esa decisión, que en
su momento fue vista por algunos como una ingenuidad y por otros como un acto
de valentía política, se ha convertido con el tiempo en uno de los elementos
más definitorios de la identidad nacional y de la proyección internacional del
país. En un mundo que se rearma, que construye muros y que elige bandos con
urgencia creciente, Costa Rica sigue siendo uno de los pocos lugares donde la
apuesta por la paz no es retórica sino constitucional.
Pero la neutralidad no puede ser pasividad. En el contexto
de la crisis que se desarrolla en este momento en el Mediterráneo oriental y el
Golfo Pérsico, la neutralidad activa significa varias cosas concretas.
Significa pronunciarse con claridad cuando el derecho internacional es violado,
independientemente de quién lo viole. Significa defender la integridad de las
misiones de paz de la ONU cuando son agredidas. Significa no subordinar la
política exterior a los intereses de ninguna potencia, ni a los de Washington,
ni a los de Pekín, ni a los de Teherán. Y significa, también, preparar al país
para absorber los efectos de una crisis que no provocó pero que inevitablemente
va a sentir.
Hay algo más que Costa Rica puede hacer, y que a veces
subestima: hablar. En los foros de la ONU, en la OEA, en los espacios de
diálogo del Sistema de Integración Centroamericana, en los mecanismos de
consulta del Acuerdo de Asociación con la Unión Europea, la voz costarricense
tiene una credibilidad que pocos países de su tamaño pueden reclamar. Esa
credibilidad se construyó durante décadas de coherencia entre el discurso y la
práctica. Dilapidarla con el silencio en el momento en que más se necesita sería
un error histórico.
El fuego que arde en Ormuz no llegará a Costa Rica en forma
de llamas. Llegará en forma de facturas más altas, de empleos más inciertos, de
presupuestos más apretados y de decisiones políticas que habrá que tomar con
menos margen del que quisiéramos. La pregunta no es si ese fuego llegará. La
pregunta es si el país estará preparado para recibirlo con inteligencia, con
solidaridad y con la claridad moral que su historia le exige.
Las próximas semanas dirán mucho sobre quiénes somos como
sociedad cuando las cosas se complican. Y las cosas, esta vez, se están
complicando de verdad.
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