Javier Antonio Torres-Vindas
Doctor en investigación y sociólogo
Escuela de Ciencias de la Administración
Universidad Estatal a Distancia, Costa Rica
https://orcid.org/0000-0002-0130-5979
La Ley Jaguar, impulsada por el presidente Rodrigo Chaves, ha desatado un intenso debate público en torno al delicado equilibrio entre la autoridad estatal, la participación ciudadana y el Estado de Derecho en Costa Rica. Esta controversial iniciativa plantea una serie de reformas que, según el gobierno, buscan agilizar procesos, reducir controles burocráticos e impulsar el desarrollo económico del país. Sin embargo, la oposición teme que estas medidas puedan debilitar los mecanismos de rendición de cuentas, abrir la puerta a la corrupción y socavar la legitimidad del Estado.
En el centro de esta polémica se encuentran profundas interrogantes sobre la naturaleza misma de la democracia y el papel que debe jugar el Estado en relación con los ciudadanos. ¿Hasta qué punto debe fortalecerse la autoridad del Estado para garantizar la gobernabilidad y el orden? ¿Cómo se equilibra este poder con la participación ciudadana y la transparencia? ¿Cuáles son los límites aceptables de la intervención estatal en una sociedad libre? Estas preguntas resuenan con ecos de los debates filosóficos eurocéntricos, de los cuales somos parte.
Uno de los primeros pensadores en abordar esta tensión fue Thomas Hobbes, quien, en su obra "Leviatán", planteó la necesidad de un poder soberano fuerte y unificado para mantener el orden y la paz en la sociedad. Según Hobbes, en ausencia de una autoridad central, los seres humanos vivirían en un estado de "guerra de todos contra todos", donde la vida sería "solitaria, pobre, desagradable, brutal y corta".
Para Hobbes, la única forma de escapar de este caos era mediante un pacto social en el que los individuos cedieran parte de sus derechos a un soberano absoluto, ya sea un monarca o una asamblea, cuya voluntad sería la ley suprema. Esta autoridad tendría el poder de imponer orden y castigar a los transgresores, garantizando así la seguridad y la estabilidad del Estado.
Desde esta perspectiva, la Ley Jaguar podría interpretarse como un intento de fortalecer la autoridad del Estado costarricense, otorgando mayor poder al ejecutivo para agilizar procesos y reducir controles burocráticos. Esto podría verse como un esfuerzo por aumentar la eficiencia y la capacidad de gobernanza del Estado, en línea con la visión hobbesiana de un poder soberano fuerte.
Sin embargo, los críticos de la Ley Jaguar advierten, con justa razón, que esta concentración de poder podría socavar los mecanismos de rendición de cuentas y transparencia, abriendo la puerta a la corrupción y el abuso de poder. Desde esta perspectiva, la ley iría en contra de los principios fundamentales de un Estado de derecho moderno, donde el poder debe estar sujeto a controles y equilibrios, de ser aprobada esta ley ¿dónde quedan los pesos y contrapesos del poder soberano que se concentraría en el ejecutivo?
Una visión alternativa a la de Hobbes es la propuesta por Jean Hampton (Democracy and The Rule of Law, 1994), quien ha cuestionado la idea de que la autoridad política debe estar fundamentada exclusivamente en la voluntad humana. En su análisis, Hampton sostiene que una democracia moderna no puede basarse únicamente en la voluntad de la mayoría plasmada en leyes, sino que debe estar cimentada en un nivel más profundo donde los ciudadanos participan activamente en establecer y dar legitimidad a las reglas fundamentales que rigen el sistema político y su imperio de la ley.
Según Hampton, el enfoque de Hobbes es insuficiente porque reduce la autoridad política a una mera cuestión de fuerza y poder, sin tener en cuenta la importancia del Estado de derecho y la participación ciudadana en la construcción de un orden jurídico legítimo. Hampton argumenta que la legitimidad de un sistema político no solo proviene de la aquiescencia pasiva de los ciudadanos, sino de su involucramiento activo en dar forma y contenido a las "reglas de reconocimiento" que definen qué cuenta como ley válida y legítima.
Desde esta perspectiva, la Ley Jaguar podría ser vista como un intento de concentrar demasiado poder en manos del ejecutivo, socavando la participación ciudadana y el equilibrio de poderes que son fundamentales para un Estado de derecho sólido. La propuesta de someter ciertas reformas a un referéndum multitemático podría ser interpretada como un gesto hacia la participación ciudadana, pero también ha generado preocupaciones de que se utilice como un "caballo de Troya" para introducir medidas que faciliten la corrupción.
Por el fondo, la ley jaguar que impulsa el ejecutivo parte del desacuerdo entre los intereses coyunturales de quien gobierna y los grupos de interés que le apoyan y las razones constitucionales luego de 1949 diseñaron un tipo de bases societales de lago aliento que han gestado por décadas un Estado Social de Derecho, que en principio es una camisa de fuerza para los jugadores que hoy ostentan el poder. ¿es un desprecio al entramado de reglas existentes? ¿deben ser cambiadas estas reglas que redefinirán el carácter del Estado y la senda de trayectoria del Estilo Nacional de Desarrollo de lo que resta del siglo XXI?
En el corazón de este debate se encuentra el desafío de encontrar un equilibrio adecuado entre la autoridad del Estado y la participación ciudadana en una democracia moderna. Por un lado, es innegable que un Estado fuerte y eficiente es necesario para garantizar el orden, la seguridad y el desarrollo económico. Sin embargo, este poder debe estar sujeto a controles y equilibrios para evitar el abuso y la corrupción. ¿Los controles que la Ley Jaguar desea desestabilizar?
Por otro lado, la participación ciudadana y la transparencia son fundamentales para mantener la legitimidad del Estado y asegurar que las leyes y políticas reflejen los intereses y valores de la sociedad. Un Estado que ignora la voz de sus ciudadanos corre el riesgo de perder legitimidad y generar descontento social. ¿La ley Jaguar “realmente dará esa voz” o será otra quimera como en las promesas del 2007 “vendréis en BMW?
Encontrar el equilibrio adecuado entre estos dos principios es un desafío constante para cualquier sistema democrático. Requiere un diálogo continuo entre los gobernantes y los gobernados, un compromiso con el Estado de derecho y una cultura de rendición de cuentas y transparencia.
En el caso de Costa Rica, la Ley Jaguar ha puesto de manifiesto estas tensiones subyacentes. Mientras que el gobierno argumenta que las reformas propuestas son necesarias para impulsar el desarrollo económico y la eficiencia en la gestión pública, la oposición teme que puedan socavar los mecanismos de control y abrir la puerta a la corrupción.
En este contexto, las perspectivas de Hobbes y Hampton ofrecen lecciones valiosas sobre cómo abordar este desafío. Por un lado, Hobbes nos recuerda la importancia de un poder estatal fuerte y unificado para mantener el orden y la estabilidad. Sin embargo, su enfoque excesivamente centrado en la voluntad del soberano deja de lado consideraciones cruciales sobre la legitimidad, la participación ciudadana y el Estado de derecho.
Por otro lado, Hampton nos advierte sobre los peligros de reducir la autoridad política a una mera cuestión de fuerza y voluntad. Su énfasis en la importancia de la "regla de reconocimiento" y la participación ciudadana en la construcción de un orden jurídico legítimo es fundamental para una democracia moderna y saludable.
La lección que podemos extraer de estas perspectivas es que la autoridad del Estado y la participación ciudadana no son fuerzas opuestas, sino que deben coexistir y reforzarse mutuamente. Un Estado fuerte y eficiente es necesario, pero debe estar sujeto a controles y equilibrios para evitar el abuso de poder. Al mismo tiempo, la participación ciudadana y la transparencia son esenciales para mantener la legitimidad del Estado y asegurar que las leyes y políticas reflejen los intereses y valores de la sociedad.
En última instancia, la Ley Jaguar y el debate que ha generado en Costa Rica son un recordatorio de que la construcción de una democracia sólida y un Estado de derecho es un proceso continuo que requiere un diálogo constante y un equilibrio delicado entre diferentes principios y valores. Esto sin obviar, que el discurso, todo discurso, esta atravesado por relaciones de poder de distinto tipo. Asi que una situación dialógica habermasiana seria idea, pero no realista. Al menos no en las condiciones actuales “mi linda Costa Rica”.
Costa Rica, no es un monologo como desearían algunos, es una pluralidad de realidades de voces, de saberes, de perspectivas y sobre todo de relaciones sociales e históricas que están en constante cambio. La institucionalidad del Estado permite un punto de referencia para mantener un equilibrio inestable en el tiempo de acuerdos fundamentales. ¿Necesitamos revisar las reglas del juego y por ende, variar dirección y ritmo de nuestra historia?
La ley Jaguar expresa y condensa un debate subyacente sobre el carácter del Estado Democrático de Derecho costarricense, su legitimidad y sobre todo el derrotero de la construcción del futuro de nuestro país. Es decir, la ley Jaguar pretende redefinir aspectos claves contrato social ¿estamos claros en los costos de oportunidad y sus implicaciones estructurales a largo plazo?
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