Crisis del estrecho de Ormuz y transición presidencial en Costa Rica

Javier Antonio Torres-Vindas

Doctor en investigación y sociólogo

Escuela de Ciencias de la Administración

Universidad Estatal a Distancia, Costa Rica

jorres@uned.ac.cr

 https://orcid.org/0000-0002-0130-5979

Escenario presente

El presente documento analiza la coyuntura política y económica de Costa Rica plausible para los próximos 6 meses (abril-octubre 2026). El país enfrenta un escenario de alta complejidad caracterizado por un shock externo severo (el cierre del Estrecho de Ormuz tras la escalada militar entre Israel, Líbano e Irán) y un momento crítico de política interna; el traspaso de poderes del próximo 8 de mayo a la presidenta electa Laura Fernández.

La nueva administración deberá gestionar simultáneamente presiones inflacionarias importadas, un perfil de deuda pública exigente (>60% del PIB), y un entorno legislativo fragmentado que requerirá alta capacidad de negociación para aprobar medidas de contingencia.

Puntos críticos del contexto internacional para Costa Rica

A menudo, los conflictos geopolíticos suenan como ecos lejanos que solo ocupan los titulares de las noticias internacionales. Sin embargo, en un mundo hiperconectado, el cierre del Estrecho de Ormuz no se queda en el Medio Oriente; viaja miles de kilómetros hasta colarse en la mesa, el bolsillo y el futuro de las familias costarricenses. Para entender la verdadera magnitud de esta crisis, es necesario dejar de lado por un momento los gráficos macroeconómicos y mirar cómo estos cuatro canales de transmisión alteran la vida cotidiana en Costa Rica.

Costa Rica tiene la particularidad de no producir una sola gota de petróleo, lo que nos hace dependientes al cien por ciento de lo que RECOPE logre comprar en el extranjero. Cuando el precio del crudo se dispara por el conflicto, el impacto no se queda en las oficinas de ARESEP; se traslada directamente al agricultor en Pérez Zeledón que necesita diésel para sacar su cosecha, o al trabajador josefino que ve cómo el pasaje del bus amenaza con subir. Además, hay un efecto silencioso pero crítico: la electricidad. Aunque nos enorgullece nuestra matriz verde, la sequía provocada por el fenómeno de El Niño ha obligado al ICE a encender las plantas térmicas. Si el búnker y el diésel que usan estas plantas se encarecen, el recibo de la luz de cada hogar y pequeña empresa inevitablemente subirá, asfixiando aún más los presupuestos familiares.

El canal logístico suena a un problema de barcos y contenedores, pero en realidad es un problema de empleos y comida. Las zonas francas, que son el motor del empleo formal de calidad en provincias como Alajuela y Heredia, dependen de piezas y materias primas que cruzan los océanos. Si los fletes se encarecen y los seguros marítimos se disparan por el riesgo de guerra, una fábrica de dispositivos médicos podría verse obligada a frenar sus líneas de producción, poniendo en pausa los turnos y los ingresos de miles de operarios. Por otro lado, este atasco logístico encarece todo lo que importamos: desde los medicamentos en la farmacia hasta los alimentos procesados y la tecnología. Es un "impuesto invisible" que castiga con mayor crueldad a los hogares de menores ingresos, empujando la inflación justo cuando el país empezaba a respirar tranquilo.

El canal financiero es quizás el más complejo de explicar, pero uno de los que más asusta a la clase media. En tiempos de guerra e incertidumbre global, los grandes inversionistas entran en pánico y buscan refugio en lo seguro, llevándose su dinero hacia el dólar estadounidense (lo que los economistas llaman flight to quality). Al salir los dólares de economías emergentes como la nuestra, el colón pierde valor. Para la familia que tiene un préstamo de vivienda o de vehículo en dólares, pero gana en colones, esto significa que su cuota mensual se vuelve más pesada de la noche a la mañana.

A nivel país, el escenario es igual de tenso: el Ministerio de Hacienda y el nuevo gobierno de Laura Fernández tendrán que pagar intereses mucho más altos para financiar la enorme deuda pública, lo que significa que habrá menos dinero disponible para arreglar escuelas, abastecer hospitales o invertir en seguridad ciudadana.

Finalmente, el canal turístico golpea el corazón de nuestras zonas costeras y rurales. El turismo no solo es nuestra principal fuente de dólares, sino el sustento de miles de guías, cocineros, transportistas y dueños de cabinas en Guanacaste, Puntarenas y Limón. El problema es que los aviones vuelan con jet fuel, un derivado directo del petróleo. Si el combustible se vuelve impagable, las aerolíneas internacionales se verán obligadas a subir drásticamente el precio de los boletos o a cancelar vuelos hacia destinos largos como Costa Rica.

Para una familia europea o estadounidense que enfrenta su propia crisis económica, unas vacaciones en nuestro país podrían pasar de ser un plan a un lujo inalcanzable. Menos turistas caminando por nuestras playas y parques nacionales se traduce, casi de inmediato, en desempleo y desesperanza en comunidades que no tienen otra industria a la cual aferrarse.

Detrás de cada punto porcentual de inflación o caída del PIB, hay historias humanas. La tarea del nuevo gobierno no será solo cuadrar los números del Banco Central o de Hacienda, sino tener la empatía y la agilidad para proteger a las personas que están al final de esta cadena de impactos globales.

Transición de gobierno y equilibrio de poderes

El próximo 8 de mayo, cuando Laura Fernández reciba la banda presidencial, no habrá espacio para la tradicional "luna de miel" política. La nueva mandataria asumirá el timón de un país que navega directamente hacia una tormenta global perfecta. Sus primeros cien días en la Casa Presidencial no estarán marcados por el corte de cintas o la planificación pausada, sino por la urgencia de apagar incendios que comenzaron a miles de kilómetros de distancia. La gestión de esta crisis definirá el tono de su cuatrienio, obligándola a tomar decisiones dolorosas y rápidas para proteger a las familias costarricenses del impacto del encarecimiento global.

En este escenario de emergencia, la Asamblea Legislativa se convierte en el verdadero cuarto de máquinas del país. A diferencia de administraciones anteriores, el nuevo gobierno entra con una ventaja histórica: una mayoría oficialista absoluta. Con los 31 diputados del Partido Pueblo Soberano y la alianza con un legislador independiente, Laura Fernández cuenta con 32 votos directos. Esto le otorga una "vía rápida" para aprobar, sin depender de la oposición, medidas urgentes a nivel interno. Lo que está en juego es la aprobación expedita de presupuestos extraordinarios de contingencia para que el Estado siga funcionando, subsidios urgentes para que los hogares más pobres puedan seguir pagando el pasaje del bus, e incluso reformas a la fórmula con la que ARESEP calcula el precio de la gasolina para darle un respiro al bolsillo de los trabajadores.

Sin embargo, el poder de esta aplanadora legislativa tiene un límite crítico: la deuda externa. Para autorizar la búsqueda de dinero prestado en el extranjero —vital en un mundo donde el crédito se ha vuelto carísimo— la Constitución exige 38 votos. Es aquí donde el oficialismo no podrá actuar solo y tendrá que sentarse a negociar los 6 votos faltantes con una oposición liderada por Liberación Nacional (16 diputados) y el Frente Amplio (7). En estas votaciones específicas, la parálisis política o el revanchismo partidario se pagarán directamente con el sufrimiento de la gente.

Mientras los políticos debaten estos créditos, el Banco Central de Costa Rica (BCCR) enfrenta un dilema que quita el sueño: cómo proteger el valor del dinero que los costarricenses llevan en la billetera. Por un lado, la crisis global empuja los precios de todo lo importado hacia arriba (inflación), y por otro, el pánico internacional hace que los dólares se vayan del país, amenazando con disparar el tipo de cambio.

Si el BCCR interviene con demasiada fuerza subiendo las tasas de interés para frenar esto, corre el riesgo de asfixiar a las pequeñas empresas y a las familias que tienen deudas, frenando el crecimiento del país y destruyendo empleos. Aunque el país cuenta con reservas internacionales —una especie de "cuenta de ahorros" para emergencias—, este colchón no es infinito. El Banco Central tendrá que caminar sobre la cuerda floja, sabiendo que un paso en falso significa que la quincena de los ciudadanos alcance para mucho menos.

Finalmente, el Ministerio de Hacienda tendrá que hacer magia con una billetera nacional que ya estaba casi vacía. Costa Rica arrastra una deuda pública que supera el 60% de todo lo que produce el país (PIB). Como el mundo está en crisis, los inversionistas internacionales cobrarán intereses mucho más altos por prestarnos dinero en este segundo semestre.

 

Esto se traduce en una realidad muy cruda: cada colón extra que el gobierno tenga que destinar a pagar esos intereses más caros, es un colón que se le quita a la reparación de escuelas, a la compra de medicinas en la CCSS o a la seguridad en nuestros barrios. El nuevo equipo económico de Laura Fernández tendrá la ingrata tarea de sentarse nuevamente con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para sincerar los números, admitir que las metas fiscales previas son inalcanzables bajo este nuevo orden mundial, y buscar un respiro que evite castigar a la población con más recortes o impuestos en el peor momento posible.

Actores clave en las próximas semanas: coaliciones y tensiones

Una definición mínima de actor es un locus de acción y decisión, que puede ser individual o colectivo, que tiene intereses, cuotas de poder, que además puede ejercer o no protagonismo en distintos escenarios. Con la capacidad de aliarse o coligarse según las oportunidades políticas del momento. Según lo expuesto identifico tres bloques posibles de alianzas entre actores.

 

La "aplanadora" oficialista y la gestión rápida de la crisis, a diferencia de gobiernos anteriores que debían rogar por cada voto, Laura Fernández entra a la crisis de Ormuz con un escudo legislativo poderoso. Con 32 votos asegurados en la bolsa, el Ejecutivo y su bancada (Pueblo Soberano + el independiente) forman un bloque hegemónico. Esto significa que el gobierno puede aprobar de forma rápida y sin necesidad de la oposición los presupuestos extraordinarios para contingencias, reformas a la fórmula de ARESEP, o recortes al gasto público. En el manejo interno de la crisis, el Ejecutivo tiene vía libre para actuar, lo que le da una agilidad enorme para responder a los shocks de precios en sus primeros 100 días.

El "Talón de Aquiles" de los 38 votos: la deuda externa, aunque el oficialismo tiene mayoría absoluta para leyes ordinarias, la crisis global exige refinanciar la deuda pública que supera el 60% del PIB. Para aprobar créditos internacionales (eurobonos o préstamos con multilaterales) la Constitución exige mayoría calificada: 38 votos. Es aquí donde el poder hegemónico de Fernández encuentra su límite. Le faltan 6 votos. La oposición, conformada por un PLN herido (ahora con 16 diputados) y el Frente Amplio (7 diputados), usará este requerimiento de 38 votos como su principal (y casi única) herramienta de negociación real. Si el gobierno necesita dólares baratos del exterior para evitar que el tipo de cambio se dispare, tendrá que ceder ante las demandas del PLN o del FA.

El desplazamiento de la oposición hacia las calles, al quedar la oposición política (PLN, FA) reducida a una minoría sin capacidad de frenar leyes ordinarias, la verdadera tensión se trasladará fuera del Congreso. Los sectores que se sientan atropellados por las medidas rápidas del gobierno —como los transportistas asfixiados por el diésel, los agricultores, o los sindicatos opuestos a recortes— sabrán que no pueden depender de la Asamblea Legislativa para frenar al presidente. Esto aumenta drásticamente la probabilidad de que la "Alta Oposición" se manifieste a través de huelgas, bloqueos de carreteras o protestas sociales, convirtiendo la calle, y no el plenario, en el principal contrapeso del gobierno de Fernández.

El mapa ilustra la nueva dinámica de poder en Costa Rica frente a la crisis global, dividiendo la "arena central" de decisiones en dos grandes bloques.

-          A la izquierda, el Bloque Oficialista (Azul) se consolida como una fuerza hegemónica sin precedentes: el Poder Ejecutivo y su equipo económico cuentan con el respaldo incondicional de 32 diputados (Pueblo Soberano más un independiente), lo que les otorga una "vía rápida" para aprobar medidas internas y presupuestos sin negociar.

-          A la derecha, el Bloque Opositor (Rojo) muestra a una oposición legislativa (PLN, FA, PUSC, CAC) que, al estar neutralizada para frenar leyes ordinarias, concentra todo su poder en la línea de tensión central: la exigencia constitucional de 38 votos para aprobar deuda externa.

-          Esta falta de poder de veto de la oposición en el día a día provoca un efecto cascado hacia abajo, empujando a los actores sociales (sindicatos, transportistas y agricultores) a desplazar su resistencia fuera del Congreso, convirtiendo las calles en el principal contrapeso frente a las decisiones rápidas del gobierno. Mientras tanto, actores periféricos como el FMI, los mercados y el sector privado observan y presionan desde los márgenes, condicionando el margen de maniobra de ambos bloques.

Posibles escenarios para los próximos 6 meses

Frente a la incertidumbre de una guerra al otro lado del mundo, el futuro económico de Costa Rica para este 2026 no está escrito en piedra, pero se dibuja en tres posibles caminos. Detrás de los porcentajes y las proyecciones, lo que realmente está en juego es cómo vivirán las familias costarricenses los próximos meses, qué tan pesada será la quincena y cuánta paz mental tendrán en sus hogares.

-          El primer camino es el escenario para el cual el gobierno de Laura Fernández y las familias deben prepararse hoy mismo. Aquí, el conflicto en Medio Oriente no se descontrola por completo, pero tampoco se resuelve; se convierte en una tensión larga y desgastante. En la vida real, esto significa que el barril de petróleo se estanca en precios altos (entre $95 y $115). Para el costarricense de a pie, esto se traduce en un golpe directo al tanque de gasolina y al pasaje del bus, que podrían subir hasta un 18%. La inflación cerraría el año rondando el 6%, lo que significa que el carrito del supermercado se llenará con menos productos por la misma cantidad de dinero. En nuestras costas, los hoteles no quedarán vacíos, pero la llegada de turistas caerá moderadamente; habrá menos "propinas" y menos horas extra para los saloneros, guías y transportistas. Será un año de estirar el salario, recortar los pequeños lujos y sobrevivir con cautela.

-          El segundo camino, aunque no es el más probable, es el que quita el sueño a las autoridades. Si el conflicto militar escala y otros países entran en la guerra, el precio del petróleo podría romper la barrera de los $130. Si esto ocurre, el impacto en Costa Rica sería devastador. El colón sufriría una devaluación violenta, asfixiando de la noche a la mañana a miles de familias y pequeñas empresas que tienen deudas en dólares. La inflación se dispararía por encima del 8%, un nivel donde ya no se trata de recortar lujos, sino de que muchas familias tengan que decidir entre pagar el alquiler o comprar comida. A nivel país, el gobierno caería en una crisis fiscal profunda al no poder pagar los altísimos intereses de la deuda pública, lo que podría obligar a paralizar ayudas sociales (como las del IMAS) justo cuando la gente más las necesita. Sería un escenario de angustia social profunda y un inicio de gobierno sumamente turbulento.

-          Finalmente, existe una luz de esperanza, aunque es el camino menos probable en este momento. Este tercer escenario depende de que la diplomacia internacional triunfe rápidamente y el Estrecho de Ormuz vuelva a abrirse en cuestión de semanas. Para Costa Rica, esto significaría pasar por un "susto" fuerte durante mayo y junio, pero con la tranquilidad de ver cómo los precios de los combustibles y los fletes comienzan a desinflarse para el mes de julio. El impacto en el bolsillo de las familias sería temporal y manejable. El turismo lograría recuperarse a tiempo para la segunda mitad del año, salvando los empleos en las zonas costeras, y el nuevo gobierno podría dejar de apagar incendios para enfocarse, finalmente, en las promesas y proyectos por los cuales fueron elegidos. Es el respiro que el país anhela, pero sobre el cual no puede confiarse a ciegas.

***

 

El fuego de Ormuz llega a San José

 

Javier Antonio Torres-Vindas

Doctor en investigación y sociólogo

Escuela de Ciencias de la Administración

Universidad Estatal a Distancia, Costa Rica

jorres@uned.ac.cr

 https://orcid.org/0000-0002-0130-5979

 

Hay semanas que no se parecen a ninguna otra. Esta es una de ellas. En menos de cuarenta y ocho horas, el mapa geopolítico que Occidente había administrado con relativa comodidad durante tres décadas mostró sus costuras más profundas. Israel decidió ignorar la diplomacia de Washington y lanzó una ofensiva terrestre sobre el sur del Líbano. Irán respondió con el único instrumento que ningún tratado puede neutralizar: cerró el Estrecho de Ormuz. Veintiún millones de barriles de petróleo dejaron de fluir hacia los mercados globales en cuestión de horas. China exigió la retirada inmediata de las fuerzas israelíes. Europa se partió en dos entre quienes piden sanciones y quienes guardan silencio. Y la Casa Blanca, paralizada entre su complejo militar-industrial y su propio desprestigio, observó sin actuar.

Para muchos costarricenses, estos eventos suenan lejanos, casi abstractos, como si ocurrieran en otro planeta. Pero no ocurren en otro planeta. Ocurren en las arterias del sistema económico global del que Costa Rica depende de manera estructural para importar combustibles, sostener sus zonas francas, financiar su deuda pública y mantener el tipo de cambio que protege el poder adquisitivo de sus familias. Lo que arde en el Mediterráneo oriental tiene temperatura propia en San José, Limón, Cartago y Liberia. Y conviene entender por qué antes de que los efectos lleguen sin previo aviso.

Este artículo no pretende predecir el futuro con precisión quirúrgica. Pretende algo más modesto y urgente; trazar los canales de transmisión por los que una crisis geopolítica en el Golfo Pérsico puede convertirse, en cuestión de semanas, en una crisis económica y política con nombre y apellido costarricense.

Costa Rica no produce petróleo. Esta frase, que suena a simple dato geográfico, es en realidad la descripción de una vulnerabilidad estructural que el país ha preferido no mirar de frente durante décadas. El cien por ciento del petróleo que consume Costa Rica es importado. La Refinadora Costarricense de Petróleo (RECOPE) compra crudo en los mercados internacionales y lo distribuye internamente bajo un esquema de precios regulados que administra la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, la ARESEP.

Cuando el Estrecho de Ormuz se cierra, aunque sea parcialmente o de forma temporal, el mercado no espera a que los diplomáticos lleguen a un acuerdo. Los precios del crudo Brent reaccionan en minutos. En las primeras horas tras el anuncio del bloqueo iraní, las cotizaciones internacionales registraron alzas que los analistas de Bloomberg Energy calificaron como las más abruptas desde la invasión rusa de Ucrania en 2022. Si ese nivel de precios se sostiene durante dos o tres semanas (que es el horizonte temporal más conservador que manejan los expertos ante un cierre de Ormuz), RECOPE enfrentará costos de importación significativamente mayores a los presupuestados para este trimestre.

La cadena de consecuencias es directa y conocida: RECOPE solicita a ARESEP un ajuste extraordinario de tarifas, ARESEP lo tramita bajo presión política y mediática, y en algún punto del proceso (más temprano que tarde) el precio de los combustibles en las bombas costarricenses sube. Ese aumento no es cosmético. En una economía donde el transporte público, el transporte de carga, la agroindustria y la pesca dependen directamente del precio del diésel y la gasolina, un alza sostenida en los combustibles es un impuesto invisible que recae con mayor fuerza sobre los hogares de menores ingresos.

Pero hay un segundo efecto que suele ignorarse en el análisis inmediato: la electricidad. Costa Rica se enorgullece, con razón, de generar más del noventa y cinco por ciento de su electricidad a partir de fuentes renovables. Sin embargo, ese porcentaje no es inmune a los precios del petróleo. Las plantas térmicas que el ICE activa en períodos de sequía o mantenimiento utilizan búnker y diésel. Si los precios de esos insumos se disparan, el costo de generación eléctrica sube, y con él, eventualmente, las tarifas eléctricas. En un año en que el Niño ha reducido los niveles de los embalses hidroeléctricos por debajo del promedio histórico, este escenario no es teórico: es una posibilidad concreta que el ICE y el MINAE deberían estar modelando en este momento.

El cierre de Ormuz no solo afecta al petróleo. Afecta a todo lo que se mueve por barco a través del Océano Índico y el Golfo Pérsico, que es, en términos prácticos, una fracción enorme del comercio global. Las aseguradoras marítimas han elevado las primas de riesgo a niveles que hacen inviable operar en esas rutas sin absorber costos extraordinarios. Eso significa que los fletes suben, que los tiempos de entrega se alargan y que muchos cargamentos simplemente se retrasan o se redirigen por rutas alternativas más largas y costosas.

Para Costa Rica, esto tiene implicaciones concretas en al menos tres sectores. El primero es el de las zonas francas. Las empresas de manufactura avanzada y dispositivos médicos que operan en el país (muchas de ellas con cadenas de suministro que pasan por Asia y el Medio Oriente) pueden enfrentar retrasos en la llegada de insumos críticos. Si esos retrasos se prolongan, algunas líneas de producción podrían ralentizarse, con efectos directos sobre el empleo formal de alta calidad que el país tanto necesita. El segundo sector es el turismo. Los precios del combustible de aviación están directamente ligados al precio del crudo. Si el jet fuel sube de manera sostenida, las aerolíneas ajustan sus tarifas o reducen frecuencias en rutas menos rentables. Costa Rica, que depende del turismo internacional como uno de sus principales generadores de divisas, es vulnerable a cualquier encarecimiento del transporte aéreo que desincentive los viajes de larga distancia.

El tercer sector es el de los bienes de consumo importados. Costa Rica importa una cantidad significativa de productos manufacturados, alimentos procesados, medicamentos y tecnología. Si los costos logísticos globales suben de manera generalizada (como ya ocurrió entre 2021 y 2022 durante la crisis de contenedores post-pandemia), esos aumentos terminan reflejándose en los precios al consumidor. La inflación, que el Banco Central de Costa Rica había logrado contener en niveles razonables durante los últimos dos años, podría recibir un empuje externo que ninguna política monetaria doméstica puede neutralizar por sí sola.

Costa Rica tiene una deuda pública que supera el sesenta por ciento del Producto Interno Bruto. Una parte relevante de esa deuda está denominada en dólares o indexada a tasas de interés internacionales. En un contexto de crisis geopolítica global, los mercados financieros tienden a moverse hacia activos considerados seguros (el dólar estadounidense, los bonos del Tesoro americano) y a alejarse de economías emergentes o en desarrollo. Ese movimiento tiene un nombre técnico: flight to quality. Y sus efectos sobre Costa Rica son predecibles.

Si los inversores internacionales perciben mayor riesgo global, el colón costarricense puede enfrentar presiones devaluadoras. Una depreciación del colón encarece las importaciones (incluyendo los combustibles ya mencionados), aumenta el costo del servicio de la deuda externa y reduce el poder adquisitivo real de los hogares que consumen bienes importados. El Banco Central de Costa Rica tiene instrumentos para intervenir en el mercado cambiario, pero esos instrumentos tienen límites. Las reservas internacionales, aunque en niveles razonables, no son infinitas, y una intervención sostenida para defender el tipo de cambio tiene costos propios.

Hay además un efecto fiscal que merece atención. Si el gobierno costarricense necesita refinanciar deuda en los próximos meses (y lo necesita, porque el perfil de vencimientos de la deuda pública es exigente), lo hará en un entorno de mayor aversión al riesgo global, lo que probablemente implique tasas de interés más altas. Eso significa más recursos del presupuesto nacional destinados al pago de intereses y menos espacio para inversión social, infraestructura o cualquier otra prioridad de política pública. El Ministerio de Hacienda debería estar revisando sus proyecciones fiscales para el segundo semestre con urgencia.

Uno de los activos más valiosos de la política exterior costarricense es el Acuerdo de Asociación entre Centroamérica y la Unión Europea, que regula el acceso preferencial de las exportaciones costarricenses al mercado europeo. Ese acuerdo existe en un contexto político que hoy está bajo una presión inédita. España, Irlanda y Bélgica han exigido formalmente la suspensión del Acuerdo de Asociación UE-Israel por violaciones a las cláusulas de derechos humanos. Alemania guarda silencio. Francia baraja sanciones unilaterales. Europa, en síntesis, está fracturada.

Esa fractura tiene consecuencias para Costa Rica de dos maneras distintas. La primera es directa: si la crisis política interna de la Unión Europea consume la agenda de sus instituciones durante las próximas semanas, los procesos de actualización y profundización del Acuerdo de Asociación con Centroamérica (que estaban avanzando con relativa fluidez) pueden ralentizarse o quedar en un segundo plano. La burocracia europea tiene una capacidad limitada de atención simultánea, y una crisis geopolítica de esta magnitud la absorbe casi por completo.

La segunda consecuencia es más sutil pero igualmente importante: el clima político en Europa está cambiando. La ciudadanía europea, indignada por el alza de precios energéticos derivada del cierre de Ormuz, está dirigiendo su frustración no solo contra los actores del conflicto sino contra sus propios gobiernos. Ese malestar puede traducirse en giros políticos hacia posiciones más proteccionistas, más escépticas del libre comercio y menos favorables a los acuerdos con terceros países. Para Costa Rica, que ha construido buena parte de su modelo de desarrollo sobre la apertura comercial y la atracción de inversión extranjera, cualquier retroceso en el multilateralismo europeo es una mala noticia.

Los mapas de coaliciones que emergen de esta crisis son reveladores. Por un lado, un bloque de apoyo articulado en torno a Irán, China, Rusia, Hezbolá y el llamado Eje de la Resistencia, con Pakistán, Egipto y Catar como actores periféricos que condenan la acción israelí sin comprometerse militarmente. Por otro lado, una coalición de oposición encabezada por Israel y sostenida (con creciente incomodidad) por Estados Unidos, su complejo militar-industrial y algunos aliados europeos que prefieren el silencio a la confrontación. En el centro, un grupo creciente de actores no movilizados o ambivalentes: la prensa internacional, los consumidores globales, los gobiernos que no quieren elegir bando.

Costa Rica ha construido históricamente su política exterior sobre tres pilares: la neutralidad activa, el respeto al derecho internacional y el multilateralismo. Esos pilares están siendo sometidos a una prueba de estrés en este momento. La participación costarricense en la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas en el Líbano (la FPNUL) adquiere una dimensión nueva cuando Israel detiene temporalmente a personal de esa misión y la ONU condena la acción sin poder actuar de manera coercitiva. Costa Rica tiene personal y compromiso institucional con esa misión. La Cancillería debe pronunciarse con claridad, no por obligación retórica, sino porque el silencio en este contexto es también una posición política.

Más allá de la FPNUL, Costa Rica tiene una oportunidad (y una responsabilidad) de ejercer liderazgo moral en los foros multilaterales. El país no tiene ejército, no tiene intereses petroleros directos en la región y no tiene compromisos de seguridad que lo aten a ninguno de los bloques en conflicto. Esa independencia, que a veces se percibe como marginalidad, es en realidad un activo diplomático de primer orden en un mundo donde casi todos los actores relevantes están comprometidos con uno u otro bando. Costa Rica puede y debe hablar con una voz que pocos otros países pueden permitirse.

Los análisis geopolíticos tienden a hablar de Estados, de mercados, de índices y de tasas. Pero detrás de cada punto porcentual de inflación hay una familia que llega a fin de mes con menos. Detrás de cada alza en el precio del diésel hay un agricultor de Pérez Zeledón que calcula si le conviene o no sacar su cosecha al mercado. Detrás de cada ajuste tarifario en ARESEP hay un trabajador del sector informal en San José que gasta una proporción mayor de su ingreso en transporte público.

Costa Rica tiene una tasa de pobreza que ronda el veinte por ciento y una desigualdad estructural que los buenos años de crecimiento no han logrado reducir de manera sostenida. En ese contexto, un choque externo de precios (aunque sea transitorio) puede tener efectos sociales desproporcionados sobre los sectores más vulnerables. El Instituto Mixto de Ayuda Social, el IMAS, y el Ministerio de Trabajo deberían estar preparando protocolos de respuesta ante un eventual deterioro del poder adquisitivo de los hogares de menores ingresos. No como ejercicio burocrático, sino como política pública preventiva.

Hay además un efecto sobre el empleo que merece seguimiento. Si las zonas francas ralentizan producción por problemas de suministro, si el turismo cae por el encarecimiento del transporte aéreo, si las exportaciones encuentran mercados más complicados por la turbulencia global, el empleo formal puede resentirse. Costa Rica todavía no ha recuperado plenamente los niveles de empleo pre-pandemia en algunos sectores. Un nuevo choque externo en este momento podría interrumpir una recuperación que aún es frágil.

Frente a un escenario de esta naturaleza, la tentación es la parálisis o el voluntarismo. Ninguna de las dos sirve. Lo que Costa Rica necesita es una agenda de respuesta concreta, pragmática y articulada entre sus instituciones públicas, su sector privado y su sociedad civil. Aquí van algunos elementos de esa agenda.

En materia energética, el gobierno debe activar de inmediato los mecanismos de monitoreo de precios internacionales del petróleo y establecer un protocolo de comunicación pública claro sobre los posibles ajustes tarifarios. La ciudadanía merece saber qué puede pasar y cuándo, no enterarse de los aumentos cuando ya están en la bomba de gasolina. RECOPE debe revisar sus contratos de suministro y explorar si existen márgenes para diversificar proveedores o asegurar precios en el corto plazo mediante instrumentos de cobertura.

En materia comercial, el Ministerio de Comercio Exterior (COMEX) debe hacer un mapeo urgente de las cadenas de suministro de las empresas en zonas francas para identificar vulnerabilidades específicas. No todas las empresas están igualmente expuestas. Algunas tienen proveedores en Asia que pasan por rutas afectadas; otras tienen cadenas más diversificadas. Conocer ese mapa con precisión permite priorizar la asistencia y la comunicación.

En materia fiscal, el Ministerio de Hacienda debe revisar sus proyecciones de ingresos y gastos para el segundo semestre considerando escenarios de mayor inflación, menor crecimiento y condiciones financieras internacionales más restrictivas. Si hay espacio para adelantar algunas emisiones de deuda antes de que las condiciones empeoren, ese espacio debe evaluarse con seriedad.

En materia diplomática, la Cancillería debe articular una posición clara y coherente en los foros multilaterales, basada en los principios históricos de Costa Rica: respeto al derecho internacional, protección de las misiones de paz de la ONU, rechazo a la violencia como instrumento de política exterior y apoyo a soluciones negociadas. Esa posición no es neutral en el sentido de indiferente; es neutral en el sentido de principista. Y en el mundo de hoy, esa distinción importa más que nunca.

En materia social, el gobierno debe activar mecanismos de protección para los hogares más vulnerables ante un eventual choque inflacionario. Eso puede incluir desde transferencias focalizadas hasta revisiones anticipadas del salario mínimo, pasando por acuerdos con el sector de transporte público para evitar traslados automáticos de costos a los usuarios.

Costa Rica abolió su ejército en 1948. Esa decisión, que en su momento fue vista por algunos como una ingenuidad y por otros como un acto de valentía política, se ha convertido con el tiempo en uno de los elementos más definitorios de la identidad nacional y de la proyección internacional del país. En un mundo que se rearma, que construye muros y que elige bandos con urgencia creciente, Costa Rica sigue siendo uno de los pocos lugares donde la apuesta por la paz no es retórica sino constitucional.

Pero la neutralidad no puede ser pasividad. En el contexto de la crisis que se desarrolla en este momento en el Mediterráneo oriental y el Golfo Pérsico, la neutralidad activa significa varias cosas concretas. Significa pronunciarse con claridad cuando el derecho internacional es violado, independientemente de quién lo viole. Significa defender la integridad de las misiones de paz de la ONU cuando son agredidas. Significa no subordinar la política exterior a los intereses de ninguna potencia, ni a los de Washington, ni a los de Pekín, ni a los de Teherán. Y significa, también, preparar al país para absorber los efectos de una crisis que no provocó pero que inevitablemente va a sentir.

Hay algo más que Costa Rica puede hacer, y que a veces subestima: hablar. En los foros de la ONU, en la OEA, en los espacios de diálogo del Sistema de Integración Centroamericana, en los mecanismos de consulta del Acuerdo de Asociación con la Unión Europea, la voz costarricense tiene una credibilidad que pocos países de su tamaño pueden reclamar. Esa credibilidad se construyó durante décadas de coherencia entre el discurso y la práctica. Dilapidarla con el silencio en el momento en que más se necesita sería un error histórico.

El fuego que arde en Ormuz no llegará a Costa Rica en forma de llamas. Llegará en forma de facturas más altas, de empleos más inciertos, de presupuestos más apretados y de decisiones políticas que habrá que tomar con menos margen del que quisiéramos. La pregunta no es si ese fuego llegará. La pregunta es si el país estará preparado para recibirlo con inteligencia, con solidaridad y con la claridad moral que su historia le exige.

Las próximas semanas dirán mucho sobre quiénes somos como sociedad cuando las cosas se complican. Y las cosas, esta vez, se están complicando de verdad.

 

***

El referéndum: ¿Una herramienta democrática o una estrategia política?

 

Javier Antonio Torres-Vindas

Doctor en investigación y sociólogo

Escuela de Ciencias de la Administración

Universidad Estatal a Distancia, Costa Rica

jorres@uned.ac.cr

 https://orcid.org/0000-0002-0130-5979

 

Como es ya sabido, en 2007 Costa Rica enfrentó una coyuntura similar ante el Tratado de Libre Comercio (TLC). En este caso particular, el golpe de timón lo dio el presidente Oscar Arias con la vía presidencial de convocatoria a referéndum, unos días después de que se había presentado la iniciativa ciudadana de convocatoria ante el Tribunal Supremo de Elecciones (en noviembre de 2006 se había desestimado esa vía ciudadana).

Entre abril y el 7 de octubre de 2007, el país se polarizó en los movimientos del SÍ y el NO. Cabe destacar que en ese contexto circuló el polémico memorándum Casas-Sánchez. Finalmente, se aprobó el TLC con una participación del 59,24% del electorado. El SÍ ganó con el 51,6% de los votos válidos, frente al 48,4% de los votos del NO.

Con esa experiencia histórica ¿qué podemos esperar de un posible referéndum sobre la Ley Jaguar?  La teoría de los "jugadores con veto", desarrollada por George Tsebelis, nos ofrece un marco valioso para analizar esta situación. Según Tsebelis, los jugadores con veto son actores individuales o colectivos cuyo acuerdo es necesario para cambiar el statu quo político. En el caso de la Ley Jaguar, nos encontramos ante una compleja red de jugadores con veto: el Ejecutivo, el Legislativo, la Contraloría misma y, potencialmente, la ciudadanía a través del referéndum.

Por un lado, el referéndum podría verse como una herramienta para superar los bloqueos políticos y dar voz directa a la población en un tema de gran relevancia institucional. En teoría, esto convertiría a los ciudadanos en jugadores con veto, ampliando la base de participación democrática.

Sin embargo, no podemos ignorar los riesgos inherentes a este proceso. Cuando el mismo actor que convoca el referéndum también formula la pregunta, como es el caso del presidente Chaves, existe un peligro real de manipulación del resultado. Además, el uso de referéndums como una alternativa binaria de "todo o nada" ha sido criticado por simplificar en exceso temas complejos.

Es crucial recordar que, según los analistas del Bank of America, la Ley Jaguar podría debilitar significativamente a la Contraloría General de la República, afectando el sistema de controles y contrapesos que ha caracterizado a la democracia costarricense. En este contexto, el referéndum podría ser visto no como un ejercicio de democracia directa, sino como una estrategia para anular a otros jugadores con veto institucionales.

La experiencia internacional nos advierte sobre el uso estratégico de referéndums en procesos de reforma constitucional o institucional. Lejos de ser una panacea democrática, estos mecanismos pueden ser utilizados para legitimar decisiones ya tomadas, sin convertir realmente a los ciudadanos en creadores de políticas.

Ante este panorama, es fundamental que la sociedad costarricense reflexione profundamente sobre las implicaciones de este posible referéndum. ¿Estamos ante una genuina oportunidad de participación ciudadana o frente a una maniobra política que podría socavar nuestras instituciones democráticas?

La teoría de Tsebelis nos recuerda que la estabilidad política depende del número de jugadores con veto y de la distancia ideológica entre ellos. En este sentido, un referéndum sobre la Ley Jaguar podría alterar significativamente el equilibrio institucional de Costa Rica.

Como sociedad, debemos exigir un debate amplio y transparente sobre esta propuesta. Es crucial que se consideren todas las voces y que se evalúen cuidadosamente los pros y contras de utilizar un mecanismo de democracia directa para una decisión de tal envergadura.

En última instancia, la fortaleza de nuestra democracia no se mide solo por la frecuencia con la que consultamos directamente a la ciudadanía, sino por la solidez de nuestras instituciones y la capacidad de nuestro sistema político para equilibrar diferentes intereses y perspectivas.

El desafío que enfrentamos con la Ley Jaguar y su posible referéndum es mantener este delicado equilibrio, asegurando que cualquier cambio institucional fortalezca, en lugar de debilitar, los fundamentos de nuestra democracia. Solo así podremos garantizar que Costa Rica siga siendo un ejemplo de estabilidad y gobernanza democrática en la región. En resumen, un posible referéndum nos pone en una situación para fortalecer la institucionalidad democrática o una estrategia política que debilita esta.

Volviendo a los argumentos centrales de Tsebelis tendríamos argumentos a favor y en contra de un nuevo referéndum, que debemos considerar en una democracia deliberativa y plural.

A favor del referéndum:

·         Permitiría que las preferencias de la población se vean reflejadas en el proceso de creación de políticas, convirtiendo a los ciudadanos en "jugadores con veto".

·         Podría ser una herramienta efectiva para superar los bloqueos políticos cuando hay múltiples "jugadores con veto" involucrados, como el ejecutivo y el legislativo.

·         Funcionaría mejor si se usa para confirmar una propuesta, en lugar de ser una alternativa binaria de "todo o nada".

En contra del referéndum:

·         Cuando el mismo actor que desencadena el referéndum también hace la pregunta, aumenta su capacidad de influir en el resultado.

·         Los referéndums no obligatorios pueden ser promovidos por actores con jurisdicción como una estrategia para anular a otros "jugadores con veto".

·         El uso estratégico de referéndums o plebiscitos en procesos constituyentes, como una alternativa binaria, ha sido criticado recientemente.

·         Los referéndums no convierten a los ciudadanos en creadores de constituciones, y tampoco son una condición suficiente para afirmar que la constitución fue producto de la voluntad soberana.