Las diez medidas para enfrentar la crisis económica con inclusión social y productiva

Primera:

Recuperación de la función socio-productiva del sistema financiero: proponemos el direccionamiento del sistema financiero hacia el sector productivo nacional a partir de la flexibilización de indicadores financieros y el establecimiento de requisitos de desempeño social y productivo.

Segunda:

Garantizar la seguridad y la soberanía alimentaria y el empleo agropecuario: proponemos la reactivación de un sector importante de la economía y garantía de provisión de alimentos básicos mediante la estabilidad de precios, el fomento productivo y la comercialización a la pequeña producción agrícola y pecuaria productora de alimentos.

Tercera:

PROTRABAJO / Sistema de transferencias condicionadas para promover el Trabajo Decente: frente a las propuestas que proponen la disminución de costos de producción, sea de hecho o de derecho (flexibilización laboral y disminución de jornada así como de salarios), proponemos un sistema de “premios y castigos” que promueva la protección y la creación de empleo y trabajo decente, con cumplimiento de estándares fundamentales, que minimice los despidos por causas económicas, que desincentive la competencia desleal mediante la informalidad, e incentive la inversión social, laboral y ambiental. Consiste en un sistema de apoyo y estímulo directo a las micro, pequeñas y medianas empresas de capital nacional y a las empresas de economía social, mediante una serie de transferencias condicionadas, para mantener y promover el empleo y trabajo decente. Esto permitirá crear demanda y, además, promover un sector de la economía que posee una elevada capacidad de generación de empleo y trabajo decente.

Cuarta:

Corresponsabilidad social y trabajo decente mediante infraestructura social de cuidados: frente a una propuesta de gobierno exclusivamente compensatoria en materia de inversión social, proponemos la generación de empleo y superación de barreras para el acceso de las mujeres al mercado laboral, mediante la ampliación y la creación de una infraestructura social de cuidados que aumente el ingreso de los hogares y evite la deserción escolar.

Quinta:

Hacia un nuevo papel del Banco Central: redefinición de la política cambiaria y de balanza de pagos. De no parar el experimento cambiario que actualmente se lleva a cabo en el país, será imposible flexibilizar la política monetaria del gobierno y continuaremos con tasas activas altas y con un mercado financiero sin suficientes recursos en el corto plazo. Debe avanzarse hacia una política monetaria transparente y sujeta a rendición de cuentas, que contemple de forma balanceada los objetivos de estabilidad de precios y el logro del pleno empleo, y dentro de la cual se retorne al sistema de minidevaluaciones.

Desde la demanda de Trabajo decente: Poder adquisitivo y capacidad de consumo.

Sexta:

Plan solidario para rescatar a personas altamente endeudadas: Además del fomento de la producción a nivel nacional, y ante el altísimo endeudamiento y creciente morosidad existente en el país, es urgente contar con un plan de rescate financiero de las personas físicas altamente endeudadas, que garantice la reestructuración de sus deudas, la recuperación de su autoestima, la capacitación en torno al consumo responsable y la gestión presupuestaria familiar. Además se deben fijar límites en las tarjetas de crédito, al menos en términos de tasa básica pasiva más un porcentaje predefinido del 10%. Estos criterios deberían aplicarse por un período de al menos dos años, para luego en alguna medida flexibilizarse.

Sétima:

“Hecho en casa” / Promoción del consumo responsable y nacional, y promoción de mercados locales justos: Dado que entorno a cada bien y servicio nacional giran cientos de miles de empleos, se requiere dirigir nuestro consumo hacia la producción de bienes y servicios nacionales. Para ello se requiere una clara identificación de cuáles son los productos costarricenses, así como una campaña que apele a que las personas consumidoras, solidariamente, usen su dinero hacia esos productos y, por lo tanto, hacia la defensa esos empleos. Así mismo, es imprescindible el desarrollo de los mercados locales, sistemas de economía social y comercio justo y estrategias sociales de comercialización, entendidas y declaradas como actividades de interés público, que permita articular la oferta de la producción nacional, sobre todo de los pequeños productores por medio de cadenas cortas de comercialización. Esta campaña no sólo es importante en términos económicos inmediatos, sino como forma de promover hábitos de consumo responsable, y nuevas formas de relación entre las personas y con el ambiente mediante, por ejemplo, el comercio justo, la eliminación de intermediarios, el que los productos viajen menos, y que las personas consuman lo que realmente necesitan para vivir. Para hacer más eficaz esta medida, se debe acompañar de una reducción en el crecimiento de las importaciones, lo cual atenuará sus efectos en la balanza de pagos. Para ello se debe hacer un uso inteligente y socialmente orientado y consensuado del Impuesto Selectivo de Consumo.

Octava:

Estabilidad en el empleo público: en esta coyuntura resulta fundamental asegurar el empleo público y privado. En el caso del empleo público, el gobierno central y el descentralizado, debe brindar seguridad mediante un masivo proceso de nombramientos en propiedad, tanto mediante los respectivos concursos respectivos, como de nombramientos sin oposición en los términos establecidos por la ley. De igual forma debemos congelar por un período prudencial, los procesos de despido por razones económicos o bien por procesos de reestructuración institucional.

Novena:

Política de recuperación de poder adquisitivo y de salarios crecientes progresivos: La capacidad de consumo depende de forma directa de la política salarial. Una mayor restricción salarial, puede ser vista como razonable de forma inmediata, pero en el corto y mediano plazo generará una mayor contracción del mercado interno, y por lo tanto limitará la capacidad empresarial para sobrevivir a la crisis. En el sector público es fundamental abordar los deprimidos salarios del personal no profesional, los cuales según el mismo Servicio Civil están entre los peor remunerados. Además, tanto para el sector público como para el sector privado, es necesario mantener el poder adquisitivo -- de la población trabajadora en general y de la que tiene menores salarios en particular. Para ello se quiere ajustar los salarios a la variación de los precios de la canasta básica de consumo y que los ajustes salariales dejen de responder a la inflación pasada para anticipar la inflación prevista. Así, el costo inflacionario que hoy absorben trabajadores y trabajadoras, se repartirá equitativamente entre empleadores y trabajadoras/es.

Décima:

Propiedad comunitaria en las comunidades costeras y otras formas de acceso a la propiedad: En las comunidades costeras, la sostenibilidad de las familias depende de evitar su desalojo con el fin de construir megaproyectos que actualmente están paralizados debido a la crisis. Con megaproyectos en marcha ó paralizados, el impacto social es enorme. Por eso se debe promover un régimen de propiedad comunitaria que permita la permanencia de las familias que viven en la fila costera, así como el fomento de formas sostenibles de producción, incluido el turismo sostenible y el mejoramiento de su capacidad de consumo responsable. Adicionalmente, más allá de las comunidades costeras, es preciso generar formas de acceso a la tierra mediante el arriendo o al usufructo de terrenos ociosos.

Organizaciones firmantes:

Federación para la Conservación del Ambiente FECON
Central Social Juanito Mora Porras CSJMP
Unión de Pequeños y Medianos Productores Nacionales UPANACIONAL
Frente Nacional de Comunidades Amenazadas por Políticas de Extinción
Frente Universitario de la UCR
Plataforma Campesina Indígena de Desarrollo del Territorio Norte-Norte
Luis Paulino Vargas Solís académico UNED
Leiner Vargas Alfaro académico UNA