Atilio Boron
viernes 16 de julio de 2010
(Un buen baño de mierda a los prisioneros de Abu Ghraib es lo que utilizan los marines para enseñar democracia en Iraq. Ahora se instalan en Costa Rica para hacer lo propio con los latinoamericanos )
Foto: http://www.wired.com/science/discoveries/multimedia/2008/02/gallery_abu_ghraib?slide=3&slideView=8
¿Por qué desembarcan los marines en Costa Rica?
Con los votos del oficialista Partido Liberación Nacional (PLN), el Movimiento Libertario y el diputado evangélico del partido Renovación Costarricense, Justo Orozco, el pasado 1º de Julio el Congreso de Costa Rica autorizó el ingreso a ese país de 46 buques de guerra de la Armada de los Estados Unidos, 200 helicópteros y aviones de combate, y 7.000 marines. Si bien la multiplicidad de versiones encontradas no permiten ver con claridad el origen de esta decisión, la escasa evidencia disponible parece señalar que fue Washington quien solicitó la internación de las tropas. Es sumamente llamativo el silencio de la prensa de Estados Unidos sobre el tema y la ausencia de cualquier referencia explícita a esta autorización en los boletines de prensa diarios de los departamentos de Estado y de Defensa, todo lo cual alimenta la sospecha de que fue la Casa Blanca la que tomó la iniciativa favorablemente acogida por el Congreso costarricense y para la cual exigió la mayor discreción. Lo que se le comunicó al país centroamericano fue que la situación imperante en México había forzado a los cárteles de la droga a modificar sus rutas tradicionales de aproximación e ingreso a Estados Unidos y que para desbaratar esa maniobra era preciso garantizar el despliegue de un sólido contingente de fuerzas militares en el istmo centroamericano, condición sine qua non para librar una efectiva batalla en contra del narcotráfico. Como era previsible, el gobierno de la Presidenta Laura Chinchilla - estrechamente vinculada a lo largo de muchos años con la USAID, nada menos- brindó todo su apoyo y el de sus parlamentarios para responder obedientemente a la requisitoria de Washington.
(Las mujeres enroladas en los marines también enseñan democracia)
Foto:http://www.wired.com/science/discoveries/multimedia/2008/02/gallery_abu_ghraib?slide=2&slideView=9
A nadie sorprende la apelación al pretexto del narcotráfico pues es el que corrientemente utiliza Washington-a falta de otros, como los que brindara el terremoto en ...
Haití- para justificar la intrusión del personal militar estadounidense en los países de Nuestra América. No obstante, conspira contra la credibilidad de este argumento el hecho que sean precisamente los países caracterizados por una fuerte presencia militar de Estados Unidos quienes sobresalen por su producción y comercialización de narcóticos. Tal como quedó demostrado en El Lado Oscuro del Imperio. La Violación de los Derechos Humanos por Estados Unidos, fuentes inobjetables de las Naciones Unidas (la UNODOC, la Oficina de la ONU contra la Droga y el Crimen) demuestran con estadísticas abrumadoras que desde que las tropas de Estados Unidos se instalaron en Afganistán se produjeron grandes avances en la producción y exportación de opio y la fabricación de heroína, a la vez que en Colombia la presencia estadounidense no fue óbice (sino todo lo contrario) para que se registrase una notable expansión de los cultivos de coca. [1]
Todo esto no debería causar sorpresa alguna, por varias razones. Una de ellas es que el país que se arroga el derecho a combatir el narcotráfico en todo el mundo demuestra una incapacidad tan asombrosa como sospechosa para hacer lo propio dentro de sus fronteras, desde desmontar las redes que vinculan a las mafias del narco con las autoridades, las policías y los jueces locales y estaduales que hacen posible el negocio de la droga hasta implementar una campaña mínimamente significativa para contener la adicción y recuperar a los adictos. Nada sorprendente, insistimos, por cuanto el narcotráfico mueve una cifra que se empina por encima de los 400.000 millones de dólares, anuales, que luego son convenientemente “lavados” en los numerosos paraísos fiscales que los principales países capitalistas han establecido a lo largo y a lo ancho del planeta (comenzando por Estados Unidos y Europa) para ser luego introducidos al sistema bancario oficial y, de ese modo, fortalecer los negocios del capital financiero. Por otra parte, la debilidad e inconsistencia de este pretexto, el de la “lucha contra el narcotráfico”, se tornan más evidentes cuando se aprende que Estados Unidos es el primer productor mundial de marihuana, lo que según un estudio de la Fundación Drug Science, reporta a ese país una suma superior a los 35.000 millones de dólares, cifra que supera el valor combinado de la producción de trigo y maíz. [2] Tercero y último, ¿cómo subestimar la importancia que tienen el control y la administración del negocio de los narcóticos para sostener la dominación imperialista en las provincias exteriores del imperio? ¿No fue acaso Gran Bretaña quien reintrodujo el opio en China (droga que había sido prohibida por el emperador Yongzheng debido a los perjuicios que ocasionaba a su población) cuyo consumo masivo promovido por los británicos sirvió para equilibrar sus déficits de balanza comercial con el celeste imperio? Para impulsar esa adicción entre los chinos, británicos y portugueses libraron dos guerras, entre 1839 y 1842 y 1856 y 1860, a resultas de las cuales establecieron dos cabeceras de playa para organizar el tráfico del opio en toda la China: una en Hong Kong, bajo control inglés, y otra en Macao, dominada por los portugueses. ¿Por qué tendríamos hoy que pensar que Estados Unidos, hijo putativo del imperio británico, habría de ser movido por otros intereses cuando declara, de la boca para afuera, la guerra al narcotráfico? ¿No resulta acaso funcional a sus intereses tener una América Latina caracterizada por la proliferación de “estados fallidos” - carcomidos por la corrupción que genera el tráfico de estupefacientes y sus secuelas: desintegración social, mafias, paramilitares, etcétera- e incapaces por eso mismo de ofrecer la menor resistencia a los designios imperiales?
El permiso concedido por el Congreso de Costa Rica se extiende por seis meses, a partir del 1º de Julio del corriente año. No obstante, esta concesión, que se materializa en el contexto de la Iniciativa Mérida (que abarca a México y Centroamérica) es un proyecto que tiene metas pero no plazos, por lo cual la probabilidad de que las tropas usamericanas salgan de Costa Rica a fines de este año y retornen a sus cuarteles en la metrópolis es prácticamente cero. Además, la experiencia internacional enseña que tanto en Europa como en Japón las tropas que Estados Unidos estacionara allí después de la Segunda Guerra Mundial por unos pocos años, extendidos luego con el pretexto de la Guerra Fría, ya llevan en esas locaciones más de 65 sin que sus jefes den las menores muestras de aburrimiento o deseos de regresar a casa. En Okinawa, la repulsa generalizada de la población local contra los ocupantes yankis -que, amparados en su inmunidad, matan, violan y roban a su antojo- no fue suficiente para forzar el desmantelamiento de la base norteamericana. De paso, este incidente subraya la valentía y eficacia del gobierno de Rafael Correa que sí logró la salida de las tropas norteamericanas de la base de Manta. Y en caso de que hubiera un clamor popular exigiendo re-editar tan insólita ocurrencia en Costa Rica, un par de operaciones criminales de esas que la CIA sabe montar muy bien harían que ese pedido se revirtiese instantáneamente, sobre todo con un gobierno como el de Laura Chinchilla que se desvive por demostrar su incondicional sumisión a los dictados del imperio.
Al igual que lo establecido en el Tratado Obama-Uribe mediante el cual Colombia le cede inicialmente el uso de siete bases militares a Estados Unidos, en el caso que nos ocupa el personal militar de este país gozará de total inmunidad ante la justicia costarricense, y sus integrantes podrán entrar y salir de Costa Rica a su entera voluntad, circular por todo el territorio nacional vistiendo sus uniformes y portando sus pertrechos y armamentos de combate. Con esta decisión la soberanía de Costa Rica no sólo es humillada sino que llega a los límites del ridículo para un país que, en 1948, abolió sus fuerzas armadas y que, en gran medida gracias a eso, pudo desarrollar una política social de avanzada en el deprimente contexto regional centroamericano porque el gendarme oligárquico había sido desbandado. En lo que hace al armamento, la autorización del Congreso permite el ingreso de guardacostas y pequeños navíos pero también de otros como el portaaviones de última generación MakinIsland, botado en Agosto del 2006 y dotado de capacidad para albergar a 102 oficiales y1.449 marines, pudiendo transportar 42 helicópteros CH-46, cinco aviones AV-8B Harrier y seis helicópteros Blackhawks. Aparte de eso la legislación aprobada extiende su permiso para naves como el USS Freedom, botado en el 2008, con capacidad para combatir a submarinos e internarse en aguas poco profundas. El permiso se extiende también a otros navíos, tipo catamarán, un buque hospital y vehículos varios de reconocimiento con capacidad para transportarse tanto por mar como por tierra. Armamentos y pertrechos que, en síntesis, de poco y nada sirvan para combatir al narcotráfico, en el dudoso caso de que esa sea la voluntad de los ocupantes. Es más que evidente que su objetivo es otro.
El portaviones Makin Island (Ojo, es sólo para combatir al narcotráfico, no piensen mal)
Esta iniciativa del gobierno norteamericano hay que situarla en el contexto de la creciente militarización de la política exterior de los Estados Unidos, cuyas expresiones más importantes en el marco latinoamericano han sido, hasta ahora, la reactivación de la Cuarta Flota, la firma del tratado Obama-Uribe, la de facto ocupación militar de Haití, la construcción del muro de la vergüenza entre México y Estados Unidos, el golpe de estado en Honduras y la posterior legitimación del fraude electoral que elevó a Porfirio Lobo a la presidencia, la concesión de nuevas bases militares por el gobierno reaccionario de Panamá, a todo lo cual se le agrega ahora el desembarco de los marines en Costa Rica. Por supuesto, todo lo anterior articulado con el mantenimiento del bloqueo y acoso a la Revolución Cubana y el permanente hostigamiento a Venezuela, Bolivia y Ecuador. En el plano internacional el desembarco de los marines norteamericanos en Costa Rica debe ser interpretado en el marco de la inminente guerra contra Irán y la grotesca provocación a Corea del Norte, sobre cuyas gravísimas consecuencias hace tiempo viene advirtiendo en sus Reflexiones el Comandante Fidel Castro Ruz.
En conclusión, el imperio avanza en la militarización de la región y en los preparativos para una aventura militar de proporciones globales. Si la agresión a Irán finalmente llegara a consumarse, como autorizarían a pronosticar los aprontes vistos en estos últimos días, la gravísima situación internacional resultante impulsaría a los Estados Unidos a procurar garantizar a cualquier precio el control absoluto y sin fisuras de lo que sus estrategas geopolíticos denominan la gran isla americana, un enorme continente que se extiende desde Alaska a Tierra del Fuego, separado tanto de la masa terrestre eurasiática como de África y que según ellos desempeña un papel fundamental para la seguridad nacional norteamericana. Esa es la razón de fondo por la cual se ha venido produciendo, preventivamente, la desorbitada militarización de la política exterior estadounidense. Es ridículo que se pretenda convencer a nuestros pueblos que la veintena de bases militares establecidas en Centro y Sudamérica y en el Caribe, a las que ahora se suma el desembarco en Costa Rica, y la activación de la Cuarta Flota tienen por objetivo combatir al narcotráfico. Cómo lo enseña la experiencia, a éste no se lo combate con una estrategia militar sino con una política social, que Estados Unidos no aplica dentro de sus fronteras ni permite que se lo haga afuera gracias a la enorme influencia que el FMI y el Banco Mundial tienen sobre países vulnerables y endeudados. La experiencia antes de Colombia y ahora de México (¡con sus más 26.000 muertos desde que el presidente Felipe Calderón declarase su “guerra al narcotráfico”!) atestiguan que la solución al problema no pasa por los marines, portaviones, submarinos y helicópteros artillados sino por la creación de una sociedad justa y solidaria, algo que es incompatible con la lógica del capitalismo y repugnante para los intereses fundamentales del imperio. En síntesis: el desembarco de los marines en Costa Rica tiene por objetivo reforzar la dominación norteamericana en la región, derrocar por diversos métodos a los gobiernos considerados “enemigos” (Cuba, Venezuela, Bolivia y Ecuador), debilitar aún más a los vacilantes y ambivalentes gobiernos de la “centro-izquierda” y fortalecer a la derecha que se ha hecho fuerte en el litoral del Pacífico (Chile, Perú, Colombia, Panamá, Costa Rica, Honduras y México), reordenando de ese modo el “patio trasero” del imperio para así tener las manos libres y la retaguardia asegurada para salir a reafirmar la prepotencia imperial guerreando en otras latitudes.
[1] Cf. Atilio A. Boron y Andrea Vlahusic, El Lado Oscuro del Imperio. La Violación de los Derechos Humanos por Estados Unidos (Buenos Aires: Ediciones Luxemburg, 2009), pg. 73.
[2] Cf. El Lado Oscuro, op. Cit. , p. 72.
El siguiente es un espacio sociológico donde presento artículos y reflexiones de mi autoría, a la vez que compilo textos, actividades y enlaces pertinentes a la práctica sociológica, sea por su valor teórico, político y/o ético. jtv
lunes, 19 de julio de 2010
sábado, 26 de junio de 2010
"Matrimonio entre gente rara "
"Matrimonio entre gente rara "
Estoy completamente a favor del permitir el matrimonio entre católicos. Me parece una injusticia y un error tratar de impedírselo.
El catolicismo no es una enfermedad. Los católicos, pese a que a muchos no les gusten o les parezcan extraños, son personas normales y deben poseer los mismos derechos que los demás, como si fueran, por ejemplo, informáticos u homosexuales.
Soy consciente de que muchos comportamientos y rasgos de caracter de las personas católicas, como su actitud casi enfermiza hacia el sexo, pueden parecernos extraños a los demás. Sé que incluso, a veces, podrían esgrimirse argumentos de salubridad pública, como su peligroso y deliberado rechazo a los preservativos. Sé también que muchas de sus costumbres, como la exhibición pública de imágenes de torturados, pueden incomodar a algunos.
Pero esto, además de ser más una imagen mediática que una realidad, no es razón para impedirles el ejercicio
del matrimonio.
Algunos podrían argumentar que un matrimonio entre católicos no es un matrimonio real, porque para ellos es un ritual y un precepto religioso ante su dios, en lugar de una unión entre dos personas. También, dado que los hijos fuera del matrimonio están gravemente condenados por la iglesia, algunos podrían considerar que permitir que los católicos se casen incrementará el número de matrimonios por "el qué dirán" o por la simple búsqueda de sexo (prohibido por su religión fuera del matrimonio), incrementando con ello la violencia en el hogar y las familias desestrucuturadas. Pero hay que recordar que esto no es algo que ocurra sólo en las familas católicas y que, dado que no podemos meternos en la cabeza de los demás, no debemos juzgar sus motivaciones.
Por otro lado, el decir que eso no es matrimonio y que debería ser llamado de otra forma, no es más que una forma un tanto ruín de desviar el debate a
cuestiones semánticas que no vienen al caso: Aunque sea entre católicos, un matrimonio es un matrimonio, y una familia es una familia.
Y con esta alusión a la familia paso a otro tema candente del que mi opinión, espero, no resulte demasiado radical: También estoy a favor de permitir que los católicos adopten hijos.
Algunos se escandalizarán ante una afirmación de este tipo. Es probable que alguno responda con exclamaciones del tipo de "¿Católicos adoptando hijos? ¡Esos niños podrían hacerse católicos!".
Veo ese tipo de críticas y respondo: Si bién es cierto que los hijos de católicos tienen mucha mayor problabilidad de convertirse a su vez en católicos (al contrario que, por ejemplo, ocurre en la informática o la homosexualidad), ya he argumentado antes que los católicos son personas como los demás.
Pese a las opiniones de algunos y a los indicios, no hay pruebas evidentes de que unos padres católicos
estén peor preparados para educar a un hijo, ni de que el ambiente religiosamente sesgado de un hogar católico sea una influencia negativa para el niño. Además, los tribunales de adopción juzgan cada caso individualmente, y es precisamente su labor determinar la idoneidad de los padres.
En definitiva, y pese a las opiniones de algunos sectores, creo que debería permitirseles también a los católicos tanto el matrimonio como la adopción.
Exactamente igual que a los informáticos y a los homosexuales.
Estoy completamente a favor del permitir el matrimonio entre católicos. Me parece una injusticia y un error tratar de impedírselo.
El catolicismo no es una enfermedad. Los católicos, pese a que a muchos no les gusten o les parezcan extraños, son personas normales y deben poseer los mismos derechos que los demás, como si fueran, por ejemplo, informáticos u homosexuales.
Soy consciente de que muchos comportamientos y rasgos de caracter de las personas católicas, como su actitud casi enfermiza hacia el sexo, pueden parecernos extraños a los demás. Sé que incluso, a veces, podrían esgrimirse argumentos de salubridad pública, como su peligroso y deliberado rechazo a los preservativos. Sé también que muchas de sus costumbres, como la exhibición pública de imágenes de torturados, pueden incomodar a algunos.
Pero esto, además de ser más una imagen mediática que una realidad, no es razón para impedirles el ejercicio
del matrimonio.
Algunos podrían argumentar que un matrimonio entre católicos no es un matrimonio real, porque para ellos es un ritual y un precepto religioso ante su dios, en lugar de una unión entre dos personas. También, dado que los hijos fuera del matrimonio están gravemente condenados por la iglesia, algunos podrían considerar que permitir que los católicos se casen incrementará el número de matrimonios por "el qué dirán" o por la simple búsqueda de sexo (prohibido por su religión fuera del matrimonio), incrementando con ello la violencia en el hogar y las familias desestrucuturadas. Pero hay que recordar que esto no es algo que ocurra sólo en las familas católicas y que, dado que no podemos meternos en la cabeza de los demás, no debemos juzgar sus motivaciones.
Por otro lado, el decir que eso no es matrimonio y que debería ser llamado de otra forma, no es más que una forma un tanto ruín de desviar el debate a
cuestiones semánticas que no vienen al caso: Aunque sea entre católicos, un matrimonio es un matrimonio, y una familia es una familia.
Y con esta alusión a la familia paso a otro tema candente del que mi opinión, espero, no resulte demasiado radical: También estoy a favor de permitir que los católicos adopten hijos.
Algunos se escandalizarán ante una afirmación de este tipo. Es probable que alguno responda con exclamaciones del tipo de "¿Católicos adoptando hijos? ¡Esos niños podrían hacerse católicos!".
Veo ese tipo de críticas y respondo: Si bién es cierto que los hijos de católicos tienen mucha mayor problabilidad de convertirse a su vez en católicos (al contrario que, por ejemplo, ocurre en la informática o la homosexualidad), ya he argumentado antes que los católicos son personas como los demás.
Pese a las opiniones de algunos y a los indicios, no hay pruebas evidentes de que unos padres católicos
estén peor preparados para educar a un hijo, ni de que el ambiente religiosamente sesgado de un hogar católico sea una influencia negativa para el niño. Además, los tribunales de adopción juzgan cada caso individualmente, y es precisamente su labor determinar la idoneidad de los padres.
En definitiva, y pese a las opiniones de algunos sectores, creo que debería permitirseles también a los católicos tanto el matrimonio como la adopción.
Exactamente igual que a los informáticos y a los homosexuales.
miércoles, 23 de junio de 2010
El ataque del Banco Mundial a las Universidades y los derechos culturales (I)
José Luis Vega Carballo
Fuente: elpais.cr | 23/06/2010
Columna “Pensamiento Crítico”
El Banco Mundial (BM) nació como super-agente financiero del nuevo imperio estadounidense que se forja una vez finalizada la segunda guerra mundial. Su creación fue producto de los famosos acuerdos de Bretton Woods (New Hampshire, EEUU) pactados en 1944 durante la Conferencia Monetaria y Financiera Internacional de la ONU. La misión del BM era reorganizar, junto con el Fondo Monetario Internacional (FMI), la economía mundial en función de los emergentes intereses planetarios centrados en Washington, extendidos hacia Europa mediante el Plan Marshall, y proyectados al resto del mundo en la tensa atmósfera de la guerra fría anticomunista comandada en esa época por el presidente Truman, el FBI y la CIA.
En las últimas décadas, y ya en la globalización posterior a 1970, el BM se lanzó al diseño e implementación de las políticas neoliberales de ajuste que condujeron al Consenso de Washington al inicio de la década de 1990, estando siempre acompañado por el FMI y más tarde por la Organización Mundial del Comercio (OMC). Fue cuando, además de políticas económicas, comenzó a hablar de pobreza y compensación social, y aun de educación como instrumento de desarrollo, aunque en una versión muy conservadora donde aparecía como vehículo de una “modernización” o proceso en el cual unas sociedades “subdesarrolladas” pujaban por hacerse como las más “desarrolladas”, según opciones y disciplinas capitalistas recomendadas por el BM y el FMI. Más aún, con ese giro sobrevino la tendencia a reducir la ecuación compleja del desarrollo social (tan en boga en América Latina en la posguerra) a la educación, concebida como antídoto de la pobreza, la exclusión social y el radicalismo político.
A finales del siglo XX, los estrategas del BM fraguaron una segunda generación de políticas de liberalización derivadas del Consenso de Washington, para terminar las tareas inconclusas del primer ciclo de ajustes estructurales. Se lanzó entonces el “Neo-institucionalismo” como estrategia orientada a terminar la faena de privatizar y sujetar los Estados-Nación al engranaje del mercado, de las empresas y los intereses patronales; principalmente en función de las necesidades que tenían las grandes corporaciones de penetrar las periferias subdesarrolladas al frente del proceso globalizador. No se habló más de reducir el Estado, sino de fortalecerlo y ponerlo directamente al servicio de los intereses corporativos y del mercado globalizado.
En ese marco neo-institucionalista se gestó una batería de “nuevas reformas estructurales” que se insertaron en la agenda de los gobiernos con el apoyo directo de las agencias del BM canalizado a través de “oficinas ejecutoras”. Aquí, por ahora, nos interesan las reformas en el campo educativo, laboral y cultural, ligados a la problemática tanto de la desigualdad y la diversidad, como de la vigencia de los Derechos Sociales y Culturales. Un tema complejo que no agotaremos en esta ocasión, pero que sí importa dejar planteado con toda claridad para entender los ataques a universidades públicas que ofrezcan resistencias al Neo-institucionalismo e insistan en mantener su autonomía e integridad institucionales. También habrá de verse cómo estas agresiones se vinculan a las políticas neoliberales del Banco Mundial y a una cruzada planetaria contra los Derechos Humanos Integrales (DHI), es decir, pluridimensionales y a la vez indivisibles. Es esto se persigue implantar por encima de ellos y con rango superior a los derechos comerciales y empresariales, al estilo en que lo hacen los tratados de libre comercio o TLCs, todo ello en el marco de la segunda serie de reformas del Consenso de Washington.
Hoy día urge aclarar, particularmente ante quienes desconocen la naturaleza y alcances del Neo-institucionalismo, que el ataque a los Estados-Nación en su esfera jurídico-constitucional y específicamente a los DHI va dirigido a deslegitimarlos, reducirlos, y someterlos finalmente al aparataje de los negocios privados, así como al devenir de los mercados corporativos, a efectos de que sean éstos los que gobiernen a los gobiernos y sin escapatoria posible. Ello exige el ir cercenando más y más los espacios de pensamiento y acción a las fuerzas críticas, opositoras y de resistencia, que consideran perjudicial tal mercantilización de la vida pública y privada, montada en el afán de lucro y de una extrema explotación de la fuerza de trabajo (física y mental) de todos los habitantes, incluidos los que laboran en el sector de los servicios públicos de educación y cultura. Aunque no lo quieran, en esa tesitura los medios de administración y producción que los funcionarios manejan, deberán quedar sometidos a la gran maquinaria corporativa y globalizada de los mercados, así como a las necesidades de los grandes consorcios as financieros, es decir, a los dictados del complejo imperial administrado por la trilogía “BM-FMI-OMC”, donde las universidades no podrán jugar a ser una excepción.
Concretamente, en materias de educación y cultura, el Neo-institucionalismo impulsado por la trilogía (y en particular por el BM para nuestros países) se propone, primero, radicalizar los mecanismos de la condicionalidad en los préstamos y asistencias al sector educativo, a fin de forzar la aceptación de su visión y políticas entre las altas burocracias y tecnocracias ministeriales, donde siempre ha hallado fieles subalternos y compañeros de viaje dispuestos a defender sus tesis pro-mercado, en especial las que impulsan la privatización y descentralización o municipalización de las estructuras y centros educativos. En segundo lugar, los Estados deberán circunscribirse a prestar los servicios de educación y cultura de modo mínimo y subsidiario, dejando a la empresa privada (la llamada “industria cultural”, que incluye en sus filas a la educación) la parte más lucrativa y jugosa del león. Más aún, deberán ponerse de lado del mercado y estimular ese traspaso privatizador de funciones y estructuras. Y en tercer lugar, tendrán que acabar directa o indirectamente con cualquier autonomía del sector educativo, en especial del universitario. Pues éste resulta ser no solo el más rentable, sino el más estratégico, en la medida en que debe formar con alta prioridad los cuadros cualificados, dóciles y de plena confianza ideológica para las empresas, corporaciones y bancos privados encargados de la gestión de los mercados. Dentro y fuera del ámbito de unos Estados-Nación reducidos al mínimo, se impondría así un destino inexorable que deberán compartir las universidades públicas si desean sobrevivir como entidades “competitivas” y que en parte atiendan de mala gana a un segmento de mercado de segunda o tercera clase, es decir, a una ciudadanía degradada, de baja condición socioeconómica, sin influencia ni poder político, y por ello dependiente de servicios públicos de baja calidad y restringida cobertura.
Tales son las fuerzas e intereses que se mueven detrás de las embestidas que viene sufriendo el sistema público universitario, tanto en materia de negociación presupuestaria como de autonomía; a lo cual hay que agregar el nuevo aliado de gran calibre que tienen el BM y sus estrategias neo-institucionalistas: el poder mediático privado y transnacionalizado, atado al gran complejo en crecimiento de las industrias culturales, muy interesadas en reducir al mínimo las estructuras no-comerciales y libres de defensa y promoción de las identidades, las diferencias y las tradiciones culturales, así como los correspondientes DHI universales que aún pueden proteger el apreciado patrimonio material y no-material del país. Un patrimonio que la clase política quiso alguna vez en el pasado que fuera nacional y respondiera a los intereses y derechos compartidos tanto por las minorías, como por las grandes mayorías sociales. Poco o nada queda de ese predicado y todos debemos saber por qué.
Fuente: elpais.cr | 23/06/2010
Columna “Pensamiento Crítico”
El Banco Mundial (BM) nació como super-agente financiero del nuevo imperio estadounidense que se forja una vez finalizada la segunda guerra mundial. Su creación fue producto de los famosos acuerdos de Bretton Woods (New Hampshire, EEUU) pactados en 1944 durante la Conferencia Monetaria y Financiera Internacional de la ONU. La misión del BM era reorganizar, junto con el Fondo Monetario Internacional (FMI), la economía mundial en función de los emergentes intereses planetarios centrados en Washington, extendidos hacia Europa mediante el Plan Marshall, y proyectados al resto del mundo en la tensa atmósfera de la guerra fría anticomunista comandada en esa época por el presidente Truman, el FBI y la CIA.
En las últimas décadas, y ya en la globalización posterior a 1970, el BM se lanzó al diseño e implementación de las políticas neoliberales de ajuste que condujeron al Consenso de Washington al inicio de la década de 1990, estando siempre acompañado por el FMI y más tarde por la Organización Mundial del Comercio (OMC). Fue cuando, además de políticas económicas, comenzó a hablar de pobreza y compensación social, y aun de educación como instrumento de desarrollo, aunque en una versión muy conservadora donde aparecía como vehículo de una “modernización” o proceso en el cual unas sociedades “subdesarrolladas” pujaban por hacerse como las más “desarrolladas”, según opciones y disciplinas capitalistas recomendadas por el BM y el FMI. Más aún, con ese giro sobrevino la tendencia a reducir la ecuación compleja del desarrollo social (tan en boga en América Latina en la posguerra) a la educación, concebida como antídoto de la pobreza, la exclusión social y el radicalismo político.
A finales del siglo XX, los estrategas del BM fraguaron una segunda generación de políticas de liberalización derivadas del Consenso de Washington, para terminar las tareas inconclusas del primer ciclo de ajustes estructurales. Se lanzó entonces el “Neo-institucionalismo” como estrategia orientada a terminar la faena de privatizar y sujetar los Estados-Nación al engranaje del mercado, de las empresas y los intereses patronales; principalmente en función de las necesidades que tenían las grandes corporaciones de penetrar las periferias subdesarrolladas al frente del proceso globalizador. No se habló más de reducir el Estado, sino de fortalecerlo y ponerlo directamente al servicio de los intereses corporativos y del mercado globalizado.
En ese marco neo-institucionalista se gestó una batería de “nuevas reformas estructurales” que se insertaron en la agenda de los gobiernos con el apoyo directo de las agencias del BM canalizado a través de “oficinas ejecutoras”. Aquí, por ahora, nos interesan las reformas en el campo educativo, laboral y cultural, ligados a la problemática tanto de la desigualdad y la diversidad, como de la vigencia de los Derechos Sociales y Culturales. Un tema complejo que no agotaremos en esta ocasión, pero que sí importa dejar planteado con toda claridad para entender los ataques a universidades públicas que ofrezcan resistencias al Neo-institucionalismo e insistan en mantener su autonomía e integridad institucionales. También habrá de verse cómo estas agresiones se vinculan a las políticas neoliberales del Banco Mundial y a una cruzada planetaria contra los Derechos Humanos Integrales (DHI), es decir, pluridimensionales y a la vez indivisibles. Es esto se persigue implantar por encima de ellos y con rango superior a los derechos comerciales y empresariales, al estilo en que lo hacen los tratados de libre comercio o TLCs, todo ello en el marco de la segunda serie de reformas del Consenso de Washington.
Hoy día urge aclarar, particularmente ante quienes desconocen la naturaleza y alcances del Neo-institucionalismo, que el ataque a los Estados-Nación en su esfera jurídico-constitucional y específicamente a los DHI va dirigido a deslegitimarlos, reducirlos, y someterlos finalmente al aparataje de los negocios privados, así como al devenir de los mercados corporativos, a efectos de que sean éstos los que gobiernen a los gobiernos y sin escapatoria posible. Ello exige el ir cercenando más y más los espacios de pensamiento y acción a las fuerzas críticas, opositoras y de resistencia, que consideran perjudicial tal mercantilización de la vida pública y privada, montada en el afán de lucro y de una extrema explotación de la fuerza de trabajo (física y mental) de todos los habitantes, incluidos los que laboran en el sector de los servicios públicos de educación y cultura. Aunque no lo quieran, en esa tesitura los medios de administración y producción que los funcionarios manejan, deberán quedar sometidos a la gran maquinaria corporativa y globalizada de los mercados, así como a las necesidades de los grandes consorcios as financieros, es decir, a los dictados del complejo imperial administrado por la trilogía “BM-FMI-OMC”, donde las universidades no podrán jugar a ser una excepción.
Concretamente, en materias de educación y cultura, el Neo-institucionalismo impulsado por la trilogía (y en particular por el BM para nuestros países) se propone, primero, radicalizar los mecanismos de la condicionalidad en los préstamos y asistencias al sector educativo, a fin de forzar la aceptación de su visión y políticas entre las altas burocracias y tecnocracias ministeriales, donde siempre ha hallado fieles subalternos y compañeros de viaje dispuestos a defender sus tesis pro-mercado, en especial las que impulsan la privatización y descentralización o municipalización de las estructuras y centros educativos. En segundo lugar, los Estados deberán circunscribirse a prestar los servicios de educación y cultura de modo mínimo y subsidiario, dejando a la empresa privada (la llamada “industria cultural”, que incluye en sus filas a la educación) la parte más lucrativa y jugosa del león. Más aún, deberán ponerse de lado del mercado y estimular ese traspaso privatizador de funciones y estructuras. Y en tercer lugar, tendrán que acabar directa o indirectamente con cualquier autonomía del sector educativo, en especial del universitario. Pues éste resulta ser no solo el más rentable, sino el más estratégico, en la medida en que debe formar con alta prioridad los cuadros cualificados, dóciles y de plena confianza ideológica para las empresas, corporaciones y bancos privados encargados de la gestión de los mercados. Dentro y fuera del ámbito de unos Estados-Nación reducidos al mínimo, se impondría así un destino inexorable que deberán compartir las universidades públicas si desean sobrevivir como entidades “competitivas” y que en parte atiendan de mala gana a un segmento de mercado de segunda o tercera clase, es decir, a una ciudadanía degradada, de baja condición socioeconómica, sin influencia ni poder político, y por ello dependiente de servicios públicos de baja calidad y restringida cobertura.
Tales son las fuerzas e intereses que se mueven detrás de las embestidas que viene sufriendo el sistema público universitario, tanto en materia de negociación presupuestaria como de autonomía; a lo cual hay que agregar el nuevo aliado de gran calibre que tienen el BM y sus estrategias neo-institucionalistas: el poder mediático privado y transnacionalizado, atado al gran complejo en crecimiento de las industrias culturales, muy interesadas en reducir al mínimo las estructuras no-comerciales y libres de defensa y promoción de las identidades, las diferencias y las tradiciones culturales, así como los correspondientes DHI universales que aún pueden proteger el apreciado patrimonio material y no-material del país. Un patrimonio que la clase política quiso alguna vez en el pasado que fuera nacional y respondiera a los intereses y derechos compartidos tanto por las minorías, como por las grandes mayorías sociales. Poco o nada queda de ese predicado y todos debemos saber por qué.
miércoles, 2 de junio de 2010
Las industrias culturales como arma política e ideológica José Luis Vega Carballo
Fuente: elpais.cr | 02/06/2010
Columna “Pensamiento Crítico”
En nuestro país le ha costado mucho a la izquierda (y poco a la derecha) entender el papel clave estratégico que juegan las llamadas "industrias culturales" en la lucha por la hegemonía; la cual es algo más que una pugna por el dominio de los recursos materiales, económicos y tecnológicos del poder. Pues involucra el manejo de los significados que los individuos y los grupos sociales fabrican y le imputan a la realidad en que viven, hasta llegar a transformarse esos productos en definiciones y representaciones de esa realidad circundante, que operan con enorme fuerza de convencimiento y justificación. Es decir, la producción simbólica de la sociedad (incluida la artística e intelectual) complementa a la producción material y la penetra, dándole determinados sentidos, tonalidades y valores que influyen sobre su manejo y consumo, al punto de que la diferencia entre ambas producciones se traza mayormente para efectos de análisis por su cada vez más estrecha imbricación en la sociedad del consumo, de la comunicación y la información que vivimos.
Las industrias culturales abarcan una amplia gama de ofertas que se desplazan por los mercados nacionales, regionales e internacionales con enorme fluidez y rapidez, penetrando todos los intersticios de la vida social y política de manera vertical (hacia adentro de los países) y al mismo tiempo horizontal (entre países y regiones). Incluyen la radiodifusión, el cine, la televisión y el vídeo, la imprenta y la prensa en sus diversas formas, las agencias de publicidad y de noticias, los noticieros, el entretenimiento (deportes, shows de variedades, telenovelas, etc.), la transmisión de señales, el diseño, la arquitectura y la artesanía, en fin todas las empresas donde lo producido, aunque tenga un soporte o vehículo material y se venda como un servicio o como parte de un servicio, es en esencia una construcción o artefacto simbólico e intangible, el cual generalmente posee además un altísimo costo de producción (digamos de la primera versión o copia), pero a la vez un ínfimo costo de reproducción, aparte de que el producto cultural no se gasta ni extingue en el acto de su consumo.
Actualmente la industria cultural se ha vuelto posiblemente la más rentable en la esfera de las economías formales y hasta en las subterráneas, es decir, en aquellas dedicadas al contrabando y la piratería; por lo cual han surgido grandes consorcios transnacionales que la controlan, especialmente desde los EEUU, que son líderes en la producción y exportación de bienes culturales audiovisuales de alto valor agregado. De más está señalar que el auge del desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación (las TICs) en la actualidad se halla estrechamente ligado a la expansión transnacionalizada de las industrias culturales y a su gran capacidad de penetración.
La lucha política no ha podido escapar al influjo de esas industrias y podemos afirmar que, la de tipo electoral, se encuentra hoy día en gran medida dependiendo de las posibilidades que ofrecen tales industrias para modelar la oferta y la demanda de las propuestas que elaboran las dirigencias partidistas. Esto ha hecho que muchas de estas dirigencias se hayan convertido casi en apéndices de las agencias de publicidad y de los dueños y manejadores de la producción de imágenes y otros bienes culturales de impacto político e ideológico, sobre todo durante las campañas electorales. Esto explica el cambio de naturaleza que han tenido las campañas al ser llevadas a asumir el formato de un espectáculo de entretenimiento mediático, muy parecido al ofrecido por las industrias culturales en los casos del deporte y los conciertos o shows.
Sin embargo, esta reconversión telemediática de la lucha política electoral no deja de afectar sus otros planos, los no electorales. Pues las industrias culturales juegan un papel importantísimo en cuanto a reguladoras del discurso político-ideológico y de su utilización en los espacios públicos y también privados. En estos últimos, por la forma en que los medios de comunicación logran penetrar y hasta controlar la vida familiar de los hogares, entidades que siguen teniendo influencia, junto a otros grupos primarios (por ejemplo, grupos de trabajo, recreación o religiosos), en la manera como son recibidos los mensajes e imágenes desde los emisores mediáticos y, por consiguiente, a la hora en que los receptores deciden su inclinación político-partidista y la intención del voto. Se considera que, del mismo modo como los medios inciden sobre las decisiones de los consumidores en el mercado político, existe un mercado político (el de los votos) donde igualmente los gustos y preferencias de los electorales pueden ser influidos y manipulados por medio de fuertes campañas publicitarias.
En el mismo sentido, los gobiernos pueden utilizar los medios y otras industrias culturales para labrarse imágenes positivas, justificar los resultados de sus ejecutorias (sean buenas, regulares o malas en la realidad) y encubrir el manejo que hacen de los hilos del poder cuando así es de su conveniencia. En otras palabras, estas industrias manejan un nuevo poder invisible y de invisibilización u ocultamiento, el cual puede resultar de suma utilidad para los políticos allí donde, a la par de la maquinaria observable de la administración, gobierna otra en paralelo y en las sombras.
Como vemos, en casi todos los campos del ejercicio del poder, sea en la sociedad civil o en la esfera del Estado y los partidos, los aportes de las industrias culturales, especialmente de las audiovisuales y televisivas, se ha vuelto decisivo. Y esto implica que la lucha por la hegemonía - que mucho tiene que ver con la capacidad de orientar y controlar a las ciudadanías así como con justificar ante ellas la gestión misma del poder desde dentro o fuera de los gobiernos-, haya cambiado de estilo, volviéndose cada vez masiva y mediática, así como muy cara y difícil de financiar. Esto explica en gran parte que debido al poder económico de que gozan, hayan sido las derechas y los grupos empresariales quienes más beneficios han obtenido de tal transformación. No implica esto para nada que las izquierdas no puedan ni deban aprender su respectiva lección extraída de esas experiencias en el campo opuesto. Pero para ello requieren comprender mejor en qué consisten las industrias culturales y cuál es el rol que juegan en la pugna por el control de las mentes y conciencias de los ciudadanos.
Claro está, que como cualquier actividad económico-social, el funcionamiento de las industrias culturales no debe dejarse totalmente en manos del mercado ni de los intereses de quienes consideran a los bienes culturales como meras mercancías y objetos de apropiación privada, que es lo que plantean los promotores de los tratados de libre comercio e inversión, dentro y fuera del ámbito de la Organización Mundial del Comercio. Un tema que nos lleva al problema de su regulación, así como a examinar el reto de la promoción y defensa de los llamados “Derechos Culturales” de los ciudadanos, incluidos los derechos de los productores o empresarios culturales, y sobre el cual habrá que volver próximamente por los dilemas y dificultades particulares que entraña.
Columna “Pensamiento Crítico”
En nuestro país le ha costado mucho a la izquierda (y poco a la derecha) entender el papel clave estratégico que juegan las llamadas "industrias culturales" en la lucha por la hegemonía; la cual es algo más que una pugna por el dominio de los recursos materiales, económicos y tecnológicos del poder. Pues involucra el manejo de los significados que los individuos y los grupos sociales fabrican y le imputan a la realidad en que viven, hasta llegar a transformarse esos productos en definiciones y representaciones de esa realidad circundante, que operan con enorme fuerza de convencimiento y justificación. Es decir, la producción simbólica de la sociedad (incluida la artística e intelectual) complementa a la producción material y la penetra, dándole determinados sentidos, tonalidades y valores que influyen sobre su manejo y consumo, al punto de que la diferencia entre ambas producciones se traza mayormente para efectos de análisis por su cada vez más estrecha imbricación en la sociedad del consumo, de la comunicación y la información que vivimos.
Las industrias culturales abarcan una amplia gama de ofertas que se desplazan por los mercados nacionales, regionales e internacionales con enorme fluidez y rapidez, penetrando todos los intersticios de la vida social y política de manera vertical (hacia adentro de los países) y al mismo tiempo horizontal (entre países y regiones). Incluyen la radiodifusión, el cine, la televisión y el vídeo, la imprenta y la prensa en sus diversas formas, las agencias de publicidad y de noticias, los noticieros, el entretenimiento (deportes, shows de variedades, telenovelas, etc.), la transmisión de señales, el diseño, la arquitectura y la artesanía, en fin todas las empresas donde lo producido, aunque tenga un soporte o vehículo material y se venda como un servicio o como parte de un servicio, es en esencia una construcción o artefacto simbólico e intangible, el cual generalmente posee además un altísimo costo de producción (digamos de la primera versión o copia), pero a la vez un ínfimo costo de reproducción, aparte de que el producto cultural no se gasta ni extingue en el acto de su consumo.
Actualmente la industria cultural se ha vuelto posiblemente la más rentable en la esfera de las economías formales y hasta en las subterráneas, es decir, en aquellas dedicadas al contrabando y la piratería; por lo cual han surgido grandes consorcios transnacionales que la controlan, especialmente desde los EEUU, que son líderes en la producción y exportación de bienes culturales audiovisuales de alto valor agregado. De más está señalar que el auge del desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación (las TICs) en la actualidad se halla estrechamente ligado a la expansión transnacionalizada de las industrias culturales y a su gran capacidad de penetración.
La lucha política no ha podido escapar al influjo de esas industrias y podemos afirmar que, la de tipo electoral, se encuentra hoy día en gran medida dependiendo de las posibilidades que ofrecen tales industrias para modelar la oferta y la demanda de las propuestas que elaboran las dirigencias partidistas. Esto ha hecho que muchas de estas dirigencias se hayan convertido casi en apéndices de las agencias de publicidad y de los dueños y manejadores de la producción de imágenes y otros bienes culturales de impacto político e ideológico, sobre todo durante las campañas electorales. Esto explica el cambio de naturaleza que han tenido las campañas al ser llevadas a asumir el formato de un espectáculo de entretenimiento mediático, muy parecido al ofrecido por las industrias culturales en los casos del deporte y los conciertos o shows.
Sin embargo, esta reconversión telemediática de la lucha política electoral no deja de afectar sus otros planos, los no electorales. Pues las industrias culturales juegan un papel importantísimo en cuanto a reguladoras del discurso político-ideológico y de su utilización en los espacios públicos y también privados. En estos últimos, por la forma en que los medios de comunicación logran penetrar y hasta controlar la vida familiar de los hogares, entidades que siguen teniendo influencia, junto a otros grupos primarios (por ejemplo, grupos de trabajo, recreación o religiosos), en la manera como son recibidos los mensajes e imágenes desde los emisores mediáticos y, por consiguiente, a la hora en que los receptores deciden su inclinación político-partidista y la intención del voto. Se considera que, del mismo modo como los medios inciden sobre las decisiones de los consumidores en el mercado político, existe un mercado político (el de los votos) donde igualmente los gustos y preferencias de los electorales pueden ser influidos y manipulados por medio de fuertes campañas publicitarias.
En el mismo sentido, los gobiernos pueden utilizar los medios y otras industrias culturales para labrarse imágenes positivas, justificar los resultados de sus ejecutorias (sean buenas, regulares o malas en la realidad) y encubrir el manejo que hacen de los hilos del poder cuando así es de su conveniencia. En otras palabras, estas industrias manejan un nuevo poder invisible y de invisibilización u ocultamiento, el cual puede resultar de suma utilidad para los políticos allí donde, a la par de la maquinaria observable de la administración, gobierna otra en paralelo y en las sombras.
Como vemos, en casi todos los campos del ejercicio del poder, sea en la sociedad civil o en la esfera del Estado y los partidos, los aportes de las industrias culturales, especialmente de las audiovisuales y televisivas, se ha vuelto decisivo. Y esto implica que la lucha por la hegemonía - que mucho tiene que ver con la capacidad de orientar y controlar a las ciudadanías así como con justificar ante ellas la gestión misma del poder desde dentro o fuera de los gobiernos-, haya cambiado de estilo, volviéndose cada vez masiva y mediática, así como muy cara y difícil de financiar. Esto explica en gran parte que debido al poder económico de que gozan, hayan sido las derechas y los grupos empresariales quienes más beneficios han obtenido de tal transformación. No implica esto para nada que las izquierdas no puedan ni deban aprender su respectiva lección extraída de esas experiencias en el campo opuesto. Pero para ello requieren comprender mejor en qué consisten las industrias culturales y cuál es el rol que juegan en la pugna por el control de las mentes y conciencias de los ciudadanos.
Claro está, que como cualquier actividad económico-social, el funcionamiento de las industrias culturales no debe dejarse totalmente en manos del mercado ni de los intereses de quienes consideran a los bienes culturales como meras mercancías y objetos de apropiación privada, que es lo que plantean los promotores de los tratados de libre comercio e inversión, dentro y fuera del ámbito de la Organización Mundial del Comercio. Un tema que nos lleva al problema de su regulación, así como a examinar el reto de la promoción y defensa de los llamados “Derechos Culturales” de los ciudadanos, incluidos los derechos de los productores o empresarios culturales, y sobre el cual habrá que volver próximamente por los dilemas y dificultades particulares que entraña.
lunes, 26 de abril de 2010
Gobierno de Costa Rica con todo para eliminar Parque Nacional Baulas
Parque Marino Baulas sería degradado hoy en Comisión legislativa
Fuente: elpais.cr | 26/04/2010
San José (elpais.cr) - El Parque Nacional Marino Baulas, creado por Ley aprobada y publicada en 1995, sería degradado hoy a simple Área de Conservación, con menos territorio, para dar paso a grandes desarrollos inmobiliarios en el Pacífico Norte de Costa Rica.
Según la ley se establece que el Estado expropiará los terrenos privados que estén dentro de los límites del Parque Nacional, ubicado en el municipio de Santa Cruz, Guanacaste.
El dirigente de la Organización no Gubernamental Bosques Nuestros, Juan Figuerola, tales expropiaciones no se han llegado a materializar por falta de decisión política de los gobiernos costarricenses de esa época a la fecha.
Recordó que en 1999 el Sistema Nacional de Areas de Conservación (SINAC) del MINAE publica el informe "Tenencia de la tierra en las áreas silvestres protegidas de Costa Rica - Octubre 1999".
En dicho informe se establece un avalúo por un monto inferior a un millón trescientos mil dólares (unos 34 centavos de dólar el metro cuadrado) para las 373 hectáreas a expropiar en Baulas, una suma razonable y accesible, indicó.
Sin embargo, añadió, hasta el día de hoy han pasado cuatro gobiernos y las expropiaciones siguen aún pendientes.
El dirigente ecologista cuestionó “¿Por qué? Quizás porque todos los gobiernos son la misma cosa, y quizás también porque los dueños de las tierras a expropiar son personas muy amigas de los gobernantes”.
Amy Leslie, Directora de la Campaña Defendamos Baulas, reclamó que la diputada del gobernante Partido Liberación Nacional (PLN), Mauren Ballestero, quien se encuentra incapacitada por problemas de salud, llegara el jueves a la sesión de la Comisión del Ambiente “para hacer quórum y respaldar la propuesta de disminuir el área del Parque Marino”.
Dijo que es posible que Ballestero llegue este lunes a la sesión de las 5:15 de la tarde a votar, acto que los diputados no pudieron cumplir el jueves anterior, ya que todo el tiempo de la sesión se lo llevó el ex presidente Abel Pacheco (2002-2006), en defensa del Parque Marino.
Para este lunes, se espera que los diputados aprueben un informe de mayoría respaldando la degradación del Parque Nacional Marino a una simple Área de Conservación.
La decisión sería tomada por los representantes de los partidos PLN, y Unidad Socialcristiana.
Fuente: elpais.cr | 26/04/2010
San José (elpais.cr) - El Parque Nacional Marino Baulas, creado por Ley aprobada y publicada en 1995, sería degradado hoy a simple Área de Conservación, con menos territorio, para dar paso a grandes desarrollos inmobiliarios en el Pacífico Norte de Costa Rica.
Según la ley se establece que el Estado expropiará los terrenos privados que estén dentro de los límites del Parque Nacional, ubicado en el municipio de Santa Cruz, Guanacaste.
El dirigente de la Organización no Gubernamental Bosques Nuestros, Juan Figuerola, tales expropiaciones no se han llegado a materializar por falta de decisión política de los gobiernos costarricenses de esa época a la fecha.
Recordó que en 1999 el Sistema Nacional de Areas de Conservación (SINAC) del MINAE publica el informe "Tenencia de la tierra en las áreas silvestres protegidas de Costa Rica - Octubre 1999".
En dicho informe se establece un avalúo por un monto inferior a un millón trescientos mil dólares (unos 34 centavos de dólar el metro cuadrado) para las 373 hectáreas a expropiar en Baulas, una suma razonable y accesible, indicó.
Sin embargo, añadió, hasta el día de hoy han pasado cuatro gobiernos y las expropiaciones siguen aún pendientes.
El dirigente ecologista cuestionó “¿Por qué? Quizás porque todos los gobiernos son la misma cosa, y quizás también porque los dueños de las tierras a expropiar son personas muy amigas de los gobernantes”.
Amy Leslie, Directora de la Campaña Defendamos Baulas, reclamó que la diputada del gobernante Partido Liberación Nacional (PLN), Mauren Ballestero, quien se encuentra incapacitada por problemas de salud, llegara el jueves a la sesión de la Comisión del Ambiente “para hacer quórum y respaldar la propuesta de disminuir el área del Parque Marino”.
Dijo que es posible que Ballestero llegue este lunes a la sesión de las 5:15 de la tarde a votar, acto que los diputados no pudieron cumplir el jueves anterior, ya que todo el tiempo de la sesión se lo llevó el ex presidente Abel Pacheco (2002-2006), en defensa del Parque Marino.
Para este lunes, se espera que los diputados aprueben un informe de mayoría respaldando la degradación del Parque Nacional Marino a una simple Área de Conservación.
La decisión sería tomada por los representantes de los partidos PLN, y Unidad Socialcristiana.
jueves, 22 de abril de 2010
'LA EÑE'...(María Elena Walsh)
La culpa es de los gnomos, que nunca quisieron ser ñomos...
Culpa tienen la nieve, la niebla, los nietos, los atenienses, el unicornio... Todos evasores de la eñe...
Señoras, señores, compañeros, ¡amados niños!... ¡No nos dejemos arrebatar la eñe!...
Ya nos han birlado los signos de apertura de interrogación y admiración... Ya nos redujeron hasta el apócope... Ya nos han traducido el pochoclo (pop corn)...
Y como éramos pocos, la abuelita informática, ha parido un monstruoso # en lugar de la eñe, con su gracioso peluquín, el ~...
Quieren decirme, ¿qué haremos con nuestros sueños?...
Entre la fauna en peligro de extinción, ¿figuran los ñandúes y los ñacurutuces?...
En los pagos de Añatuya, ¿como cantarán Añoranzas?... ¿A qué pobre barrigón fajaremos al ñudo?... ¿Qué será del Año Nuevo... El tiempo de ñaupa... Aquel tapado de armiño, y La ñata contra el vidrio?... ¿Y cómo graficaremos la más dulce consonante de la lengua guaraní?...
'La ortografía también es gente', escribió Fernando Pessoa... Y, como la gente, sufre variadas discriminaciones...
Hay signos y signos, unos blancos, altos y de ojos azules, como la W o la K... Otros , pobres morochos de Hispanoamérica, como la letrita segunda; la eñe, jamás considerada por los monóculos británicos, que está en peligro de pasar al bando de los desocupados, después de rendir tantos servicios y no ser precisamente una letra ñoqui...
A barrerla, a borrarla, a sustituirla, dicen los perezosos manipuladores de las maquinitas, sólo porque la ñ da un poco de trabajo... Pereza ideológica, hubiéramos dicho en la década del setenta...
Una letra española es un defecto más de los hispanos, esa raza impura formateada y escaneada, también por pereza y comodidad...
Nada de hondureños, salvadoreños, caribeños, panameños... ¡Impronunciables nativos!... Sigamos siendo dueños de algo que nos pertenece, esa letra con caperuza, algo muy pequeño, pero menos ñoño de lo que parece...
Algo importante, algo gente, algo alma y lengua, algo no descartable, algo propio y compartido, porque así se nos canta...
No faltará quien ofrezca soluciones absurdas: escribir con nuestro inolvidable César Bruto, compinche del maestro Oski.
Ninios, suenios, otonio... Fantasía inexplicable que ya fue y preferimos no reanudar, salvo que la Madre Patria retroceda, y vuelva a llamarse Hispania...
La supervivencia de esta letra nos atañe, sin distinción de sexos, credos ni programas de software...
Luchemos para no añadir más leña a la hoguera, donde se debate nuestro discriminado signo... Letra es sinónimo de carácter...
¡Avisémoslo al mundo entero por Internet!...
Culpa tienen la nieve, la niebla, los nietos, los atenienses, el unicornio... Todos evasores de la eñe...
Señoras, señores, compañeros, ¡amados niños!... ¡No nos dejemos arrebatar la eñe!...
Ya nos han birlado los signos de apertura de interrogación y admiración... Ya nos redujeron hasta el apócope... Ya nos han traducido el pochoclo (pop corn)...
Y como éramos pocos, la abuelita informática, ha parido un monstruoso # en lugar de la eñe, con su gracioso peluquín, el ~...
Quieren decirme, ¿qué haremos con nuestros sueños?...
Entre la fauna en peligro de extinción, ¿figuran los ñandúes y los ñacurutuces?...
En los pagos de Añatuya, ¿como cantarán Añoranzas?... ¿A qué pobre barrigón fajaremos al ñudo?... ¿Qué será del Año Nuevo... El tiempo de ñaupa... Aquel tapado de armiño, y La ñata contra el vidrio?... ¿Y cómo graficaremos la más dulce consonante de la lengua guaraní?...
'La ortografía también es gente', escribió Fernando Pessoa... Y, como la gente, sufre variadas discriminaciones...
Hay signos y signos, unos blancos, altos y de ojos azules, como la W o la K... Otros , pobres morochos de Hispanoamérica, como la letrita segunda; la eñe, jamás considerada por los monóculos británicos, que está en peligro de pasar al bando de los desocupados, después de rendir tantos servicios y no ser precisamente una letra ñoqui...
A barrerla, a borrarla, a sustituirla, dicen los perezosos manipuladores de las maquinitas, sólo porque la ñ da un poco de trabajo... Pereza ideológica, hubiéramos dicho en la década del setenta...
Una letra española es un defecto más de los hispanos, esa raza impura formateada y escaneada, también por pereza y comodidad...
Nada de hondureños, salvadoreños, caribeños, panameños... ¡Impronunciables nativos!... Sigamos siendo dueños de algo que nos pertenece, esa letra con caperuza, algo muy pequeño, pero menos ñoño de lo que parece...
Algo importante, algo gente, algo alma y lengua, algo no descartable, algo propio y compartido, porque así se nos canta...
No faltará quien ofrezca soluciones absurdas: escribir con nuestro inolvidable César Bruto, compinche del maestro Oski.
Ninios, suenios, otonio... Fantasía inexplicable que ya fue y preferimos no reanudar, salvo que la Madre Patria retroceda, y vuelva a llamarse Hispania...
La supervivencia de esta letra nos atañe, sin distinción de sexos, credos ni programas de software...
Luchemos para no añadir más leña a la hoguera, donde se debate nuestro discriminado signo... Letra es sinónimo de carácter...
¡Avisémoslo al mundo entero por Internet!...
domingo, 4 de abril de 2010
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