ALAI
Convertir a la protesta legítima en crimen es una de las estrategias predilectas de los sectores de poder, a la hora de contener las luchas sociales, y minimizar la respuesta a sus demandas. Esta estrategia es aún más efectiva cuando cuenta con el concurso de los medios de comunicación masiva, que se prestan a desacreditar a los actores y minar el apoyo de la opinión pública. En los últimos años, las luchas indígenas, en particular, ha sido blanco de tales métodos, situación que fue denunciada en términos muy duros en el Encuentro Continental de Pueblos y Nacionalidades Indígenas del Abya Yala, realizado en Bolivia en octubre de 2006:
"Vivimos tiempos de militarización y criminalización de los movimientos sociales, los pueblos originarios nos vemos hoy abocados a una nueva lógica relacionada con los proyectos de seguridad, llamados democráticos o neofascistas, y que de no luchar decididamente unidos en su contra, terminarán por quitarnos los territorios, saberes, identidad y cultura en general y quedar a un paso de la eliminación física de todos nuestros pueblos originarios, pues para esas expresiones colonialistas, somos un estorbo que no les permite seguir enriqueciéndose ilícitamente y dirigir el destino de los Estados, acorde con sus conveniencias políticas". (Resultados de la Comisión de Trabajo sobre Alianzas Estratégicas del Encuentro).
La kichwa ecuatoriana Blanca Chancoso recuerda que la criminalización de la lucha indígena no es nueva, sino que viene reproduciéndose bajo diferentes formas desde tiempos de la colonia, y en todo el continente, cuando luchadores han querido levantar la voz para defender las tierras y territorios y los derechos de sus pueblos.
Para Chancoso, la resistencia a la criminalización ya no puede quedarse solo en la denuncia y la protesta. "Habrá que cortar de raíz estas actitudes", afirma, lo cual implica una lucha por cambiar la base constitucional de los países, a fin de garantizar el verdadero ejercicio de derechos, y luego seguir movilizados para defender los cambios que se consigan.
El padre Antonio Bonanomi, por su parte, hablando de la situación de los indígenas en Colombia, considera que los pueblos indígenas -y no sólo en ese país-, viven un momento muy difícil. Uno de los factores principales sería "el sistema imperial que domina la política en Colombia. Prácticamente los pueblos indígenas son un estorbo, porque por su cultura, por su defensa del territorio, por su amor a la tierra, estorban los proyectos de las multinacionales, de los que quieren adueñarse del agua y del bosque, de todos recursos naturales. La cultura indígena es eminentemente anticapitalista y antineoliberal y por eso el capitalismo y el neoliberalismo, que hoy quieren dominar el mundo -y lo dominan, no solamente con la política sino también con las armas, con las leyes-, son enemigos de los pueblos indígenas y los consideran sus enemigos. De allí la represión, de allí el desplazamiento, de allí las leyes contra los pueblos indígenas".
Refiriéndose específicamente al Pueblo Nasa, del Valle del Cauca, Bonanomi señala que "a lo largo de su historia, el Pueblo Nasa ha sufrido mucha represión, mucha persecución, pero nunca fue tan fuerte la represión, tan poderosa como hoy. Porque no solamente es una represión armada sino muchas veces también una represión que se fundamenta en leyes. Prácticamente lo ilegal hoy se convierte en legal y lo que el Estado hace tiene una apariencia de legalidad aunque viole continuamente los derechos de los pueblos indígenas".
Perú: La defensa contra las empresas depredadoras
Al igual que Colombia, Perú y Chile están entre los países donde el enfrentamiento de los pueblos indígenas con el Estado, y su resistencia frente a grandes intereses económicos, están siendo tratados cada vez más como delito o incluso terrorismo.
En Perú, se ha criminalizado las demandas y movilizaciones indígenas y campesinas utilizando medios legales y de comunicación comercial. Las organizaciones indígenas y campesinas son victimas de acciones de criminalización por parte del Estado, como el caso de la Confederación Nacional de Comunidades del Perú Afectadas por la Minería (CONACAMI), que fue victima de campañas de desprestigio e ilegalización debido a su rol representativo de las comunidades que se resisten a la acción depredadora de las grandes empresas mineras.
Carlos Candiotti, originario de Huancavelica y dirigente nacional de CONACAMI, denunció que “en estos momentos, más de 600 dirigentes y comuneros de todo el Perú son perseguidos y enjuiciados, solo por el 'delito' de oponerse a la irresponsable minería y defender sus derechos”. Comentó que, por ejemplo, “hay 38 comuneros de los distritos de Cangalla, Secclla, Jilcamarca y Buenavista, en la provincia de Angaraes (Huancavelica), denunciados por delitos que van desde disturbios hasta secuestro, debido a su tenaz oposición contra la contaminación de los ríos Sicra y Atuna, que genera la empresa minera Pampamali”.
El caso de CONACAMI no es el único. La Asociación Interétnica para el Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), organización de la amazonía, ha denunciado que 45 indígenas están encarcelados en Pucallpa y 39 en Iquitos por defender sus territorios frente a las concesiones forestales y la extracción ilegal de madera. De igual manera, en los últimos años se ha criminalizado el cultivo de la hoja de coca y la movilización de la Confederación de Productores Agropecuarios de las Cuencas Cocaleras del Perú (CONPACCP). Existe de hecho un intento por vincular las movilizaciones indígenas con violencia, terrorismo y narcotráfico.
"Estamos ante un escenario creciente de criminalización de la movilización social y de la libertad de pensamiento", señala Luis Vittor, de CONACAMI. "Es doblemente criminalizado si se trata de las organizaciones indígenas que cuestionan la extracción de los recursos naturales en sus territorios. Las organizaciones defensoras de derechos humanos y ambientales tampoco se salvan y se ha llegado al punto de intentar controlar la cooperación internacional y el derecho a la libertad bajo el argumento de que sus acciones deben estar alineadas a las políticas nacionales de desarrollo".
Chile: La resistencia mapuche
En Chile, la protesta social mapuche frente al Estado ha significado una larga historia de persecuciones, muertes, torturas y detenciones. Los gobiernos de la Concertación, dentro de sus políticas públicas, han tratado el tema con una visión asistencialista, interviniendo desde la lógica de la pobreza, con programas que apuntan al desarrollo de mujeres, niños y hombres mapuche, buscando la inserción de las comunidades en la lógica de una economía de mercado. Sin embargo, no han considerado la cultura mapuche desde sus propias demandas y desde su cultura, y ante quienes se resisten, simplemente se les ha aplicado la misma estrategia de la Dictadura: el terrorismo de Estado.
Frente a las protestas, frente a las peticiones que hacen los mapuche, no se da una respuesta positiva, y la criminalización del movimiento se hace cada vez más frecuente e intenso, sobre todo en los últimos tiempos. La persecución comenzó primero con la utilización de leyes penales que se aplican a los delincuentes, pasando por la Ley de Seguridad Interior del Estado, para luego llegar a la aplicación de la Ley Antiterrorista, para hechos que nunca tuvieron la connotación de terroristas, y en muchos casos ni siquiera tenían fundamentación para catalogarlos de delitos.
Un ejemplo flagrante de ello, ha sido el comportamiento policial frente a la comunidad de Temucuicui, en Ercilla, que ha debido sufrir constantes allanamientos y cuyos dirigentes han enfrentado la persecución y la cárcel. Dándose la paradoja de que mientras el ex ministro del Interior, José Miguel Insulza asumía en la OEA, organizaciones del Pueblo Mapuche acusaban al Estado chileno ante dicho organismo de violar los derechos humanos, después de haber agotado todas las instancias legales en Chile.
Recientemente una misión internacional de organismos de derechos humanos, universidades y asociaciones estudiantiles visitó Temucuicui, donde constató en el terreno que esta comunidad es constantemente reprimida por las fuerzas policiales, y que es una zona militarizada por carabineros que actúan bajo las órdenes de la Fiscalía para proteger los predios de agricultores privados. Se registra un triste saldo de destrozos a las viviendas, de mujeres violentadas en los allanamientos, heridos, niños que son apartados para ser interrogados y maltratados.
La misión dirigió una carta a la Presidenta Michelle Bachelet, pidiendo medidas “urgentes para poner fin a la violencia institucional, principalmente de carabineros”, añadiendo que esta situación responde a una política de discriminación racial y existe un “verdadero terrorismo de Estado en contra de los mapuche”. Sin embargo, la lucha social por la tierra y los legítimos reclamos de los pueblos indígenas en Chile, siguen siendo materia de la Ley de Seguridad Interior del Estado y de la Ley Antiterrorista.
A mediados de febrero pasado, la policía volvió a ingresar a la comunidad durante la noche, sin mostrar órdenes de registro y sin dar razones para el operativo, llevándose detenidas a tres personas que fueron torturadas en presencia de sus familias. Ante este nuevo atentado contra los derechos humanos, la comunidad Mapuche de Temucuicui ha declarado “Esto ya es demasiado y si tenemos que morir, moriremos, por defender nuestros derechos. El gobierno lo único que al parecer quiere es que toda la comunidad esté encarcelada, pero eso no lo vamos a permitir”.
* Con información de CONACAMI (Perú), ANAMURI (Chile) y ACIN (Colombia).
Publicado en ALAI 418
http://alainet.org/active/22734〈=es
El siguiente es un espacio sociológico donde presento artículos y reflexiones de mi autoría, a la vez que compilo textos, actividades y enlaces pertinentes a la práctica sociológica, sea por su valor teórico, político y/o ético. jtv
miércoles, 31 de marzo de 2010
martes, 30 de marzo de 2010
¡Que ironía!
Afirmaba Oscar Arias Sánchez en 1997:
"Escoger al gobernante es un acto de fe, ya que este hará, durante cuatro
años, prácticamente lo que le venga en gana y no siempre actuará
pensando en lo que el elector tenía en mente al elegirlo. Es deber de
todas y de todos examinar con cuidado lo que dicen ahora quienes
aspiran a gobernarnos. Es importante que midamos el oportunismo
de unos y la ignorancia de otros, con el fin de asegurarnos de que,
en vez de cuatro, no sean ocho los años perdidos."
Tomado de Rojas Bolaños, Manuel "Elecciones y Referéndum: un balance general". En, Rojas Bolaños, Manuel y Castro Ávila, Mariela (compiladores). Elecciones 2006 y Referéndum: perspectivas diversas. San José, C.R.: FLACSO, 2009. Página 51
que ironía!!!!!!!!
"Escoger al gobernante es un acto de fe, ya que este hará, durante cuatro
años, prácticamente lo que le venga en gana y no siempre actuará
pensando en lo que el elector tenía en mente al elegirlo. Es deber de
todas y de todos examinar con cuidado lo que dicen ahora quienes
aspiran a gobernarnos. Es importante que midamos el oportunismo
de unos y la ignorancia de otros, con el fin de asegurarnos de que,
en vez de cuatro, no sean ocho los años perdidos."
Tomado de Rojas Bolaños, Manuel "Elecciones y Referéndum: un balance general". En, Rojas Bolaños, Manuel y Castro Ávila, Mariela (compiladores). Elecciones 2006 y Referéndum: perspectivas diversas. San José, C.R.: FLACSO, 2009. Página 51
que ironía!!!!!!!!
viernes, 19 de marzo de 2010
martes, 9 de marzo de 2010
Minería como sustento de las economías de América Latina
César Padilla
Coordinador del Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina OCMAL(*)
El arribo de gobiernos "del socialismo del siglo XXI" a América Latina generó expectativas en diversos sectores de la sociedad, dentro y fuera de los países donde se presenta esta tendencia.
Un sector que se vinculó a los procesos electorales de lideres de izquierda fue el ecologista. Considerado como el ala verde, más cercano a la izquierda, fue en algunos casos co-protagonista en las candidaturas izquierdistas en los diversos procesos electorales de países con gobiernos progresistas en la región
No obstante, la discusión sobre el significado político y social del aumento en la cantidad de gobiernos de izquierda que han ido posicionándose en América Latina luego de años de hegemonía neoliberal, ha ido desplazando un análisis más profundo sobre los modelos de desarrollo de estos gobiernos.
La urgencia por reparar deudas sociales y económicas acumuladas a través de décadas o siglos en algunos casos, -por no mencionar la enorme deuda histórica con los pueblos indígenas originarios- ha hecho que uno de los énfasis más importantes en los países con gobiernos de izquierda sea la redistribución del ingreso.
Acostumbradas las sociedades latinoamericanas a la injusticia e inequidad, actualmente el énfasis en la adminstración económica de esos gobiernos recae sobre la distribución del ingreso de manera más justa y equitativa. Se logra así incorporar aunque lenta y parcialmente importantes sectores antes sumidos en la pobreza y ahora en proceso de ser parte de los sistemas productivos y de consumo.
Muchos paliativos a la pobreza tales como los conocidos bonos para combatirla han caracterizado las administraciones más comprometidas con un cambio acelerado en la condición de pobreza de amplios sectores de la población Es el caso de Venezuela, Bolivia y Ecuador. (BBC Mundo 27/05/ 2009)
¿De donde se obtienen los recursos para redistribuir y pagar los bonos de pobreza? Tanto en el caso de Bolivia como en el de Ecuador se obtienen de la exportación de recursos naturales, aunque Venezuela es probablemente el ejemplo más claro de revolución basada en ingresos por petroleo.
Bolivia ha comprometido ganancias presentes y futuras de la venta de hidrocarburos ahora singularmente "nacionalizados" y no deja de mirar la minería como fuente de recursos que puede asir al momento de requerir más presupuesto nacional para reasignar. (www.presidencia.gob.bo/bono.php)
Ecuador ha basado su redistribución en la industria del petróleo y Venezuela no ha dejado de hacerlo siendo el mejor ejemplo del sustento de políticas sociales en actividades extractivas no sustentables.
Para los tres casos, los precios de estas mercancías determinan la sostenibilidad de las políticas redistributivas. Una carta bajo la manga de estos experimentales gobiernos de izquierda es la minería. (Diario El Correo 16/01/2007)
Bolivia rico en minerales tiene una historia minera amarga por pobreza, contaminacion y altos índices de exclusión.
Depender de precios de minerales y transferir yacimientos a empresas transnacionales ha contribuido a la vulnerabilidad económica y a la perdida de riquezas por saqueo, fenómeno generalizado que caracteriza la explotación de recursos naturales en la región
¿Como se relacionan los gobiernos de izquierda con la industria minera?
Bolivia sigue poseyendo recursos minerales abundantes y los intereses transnacionales sobre ellos se mantienen. Los más importantes con la excepción de la mina estatal Huanuni se encuentran en manos privadas o bajo contratos de riesgo compartido.
Coro Coro en La Paz, San Cristóbal y San Bartolomé en Potosí, Kori Chaka en Oruro, Don Mario en Santa Cruz y el renombrado Mutun, en riesgo compartido, también en este departamento forman la base minera industrial más importante en el país.
Estos proyectos, ya sea en operación o en planificación, han recibido el apoyo del gobierno. Incluso Minera San Cristóbal en manos de Sumitomo impresionó positivamente a Morales durante una visita a las instalaciones hace unos meses. (www.hidrocarburosbolivia.com)
Por otro lado, todos estos proyecto han sido objeto de críticas provenientes de diversos sectores de ONGs y/o de comunidades, por sus efectos negativos en el ambiente y en la calidad de vida de quienes sufren dichos efectos. San Cristóbal por ejemplo es señalada por la federación campesina Frutcas como la fuente de vulnerabilidad hidrica por el alto consumo de aguas subterráneas. (www.conflictosmineros.net/contenidos/4-bolivia/4155)
Hay casos en que las comunidades se oponen de manera frontal a dichos proyectos y todos incluyen unos mas, otros menos, algún grado de conflictividad con las comunidades aledañas. (Hoy, 29/10/2009)
El proyecto Coro Coro es uno de los mas representativos de esta fiebre minera en Bolivia. (La Hora, 26/10/2009)
Las comunidades rechazaron la inauguración del proyecto pues ni siquiera había considerado la consulta acorde al Convenio OIT 169 y no contaba con la aprobación del estudio de impacto ambiental correspondiente. A pesar de ello Morales ya le había dado su visto bueno. El proyecto está en discusión. (Los Tiempos 19/11/2009)
Con el arribo de la empresa minera del Alba la presión por minerales no hace mas que aumentar.(Revista minera de Venezuela 1/11/2009)
Extractivismo contagioso y nueva deuda socioambiental
Ecuador por su parte bajo un gobierno "socialista del siglo XXI" ha recorrido un camino similar aunque marcado por una mayor desesperación del oficialismo por iniciar la actividad minera a gran escala, hasta ahora desconocida en el país. (El Comercio 21/09/2009)
Presionado por las promesas de redistribución de ingresos y mayor justicia social, pero con precios del petroleo estancados y remesas de migrantes decrecientes, echar mano a la minería se presenta como una opción tentadora al momento de cumplir los compromisos de redistribución.
Por eso, la primera ley aprobada al cabo del proceso constitucional fue la ley de minería.
También quienes se oponen o son críticos a la minería han sido transformados en enemigos del gobierno. Y de paso, las transnacionales sus aliadas.
No es entonces extraño que aquellos sectores ecologistas que apoyaron los procesos que llevaron a mandatarios de izquierda a sus sillones presidenciales hoy vean con desconfianza los pasos que estos dan para priorizar la minería por sobre otras actividades sustentables, conservación ambiental, cuidado del agua, y efectos negativos en comunidades pobres y vulnerables a las actividades extractivas a gran escala.
Por ello, iniciativas que trabajan sobre conflictos mineros en América Latina y efectos negativos de la minería como el caso de OCMAL(*) han dedicado espacios de discusión respecto a esta inquietud. Se ha planteado reiteradamente como pregunta si los gobiernos de izquierda se asemejan a los neoliberales en materia de extractivismo. Según algunos, la respuesta es afirmativa.
La siguiente pregunta formulada es, ¿si para satisfacer las necesidades de sectores pobres de la población han de ser sacrificadas comunidades que ven destruido su entorno, calidad de vida, cultura, agua, salud y condición ético-moral e incluso seguridad personal al ser forzadas a aceptar proyectos de extracción minera?
De igual modo surge la pregunta del caso sobre ¿si el desarrollo de un grupo va a seguir descansando en la miseria de otros?
El tener que hacerse estas preguntas es de enorme preocupación ya que las respuestas podrían conducir a que no habría gran diferencia en las políticas extractivistas de los gobiernos de izquierda con sus pares neoliberales. Tal vez la única gran diferencia es el énfasis en el pago de deudas sociales históricas pero a base de creación de nuevas deudas socioambientales que también en algún momento habrá que pagar. Aunque esta vez haya que considerar que muchos daños socioambientales son considerados irreparables.
Efecto de la crisis del sistema financiero
Otro factor que ha tenido influencia en el desarrollo de la industria minera ha sido la crisis del sistema financiero internacional, para situar a los responsables en el hemisferio que corresponde.
Las incertidumbres asociadas a la profundidad de la crisis tuvo efectos en los precios de la gran mayoría de las mercancías. No fueron la excepción los minerales y metales en general. El cobre por ejemplo abandonaba uno de sus mejores momentos de la historia registrando cuatro dolares la libra.
La crisis reciente castigó el precio del metal rojo llevándolo a menos de 1,5 dolares por libra. Comparado con los cerca de 60 centavos que alcanzó en los peores tiempos de la crisis asiática, no podemos hablar de una situación extremadamente crítica. Diferente circunstancia vivió el comercio del oro. Refugiarse en este metal precioso es una de las reacciones sobre todo cuando las crisis son por especulación financiera como la que vivimos. Ello levó a que el mercado del oro se mantuviera relativamente estable con un aumento en los últimos meses que lo ha puesto sobre 1150 dolares la onza. (www.economiaynegocios.cl/mercados/mercancias.asp)
El desarrollo de proyectos mineros previos a la crisis fue postergado hasta nuevo aviso. La falta de liquidez de la banca que financia el desarrollo de proyectos mineros influyó negativamente su desarrollo. La incertidumbre fue generalizada y países cuyas exportaciones dependen en gran medida de la minería tales como Chile y Perú comenzaron a calcular los efectos de la caída en la inversión minera.
Al cumplirse cerca de un año del fenomeno, la minería recobra los aires de optimismo de la época pre crisis. Con crecimiento sostenido en China y leves recuperaciones de varias economías emergentes, al menos el cobre recuperó gran parte de su caída. Los precios de este metal están bordeando los tres dolares la libra. Con costos de produccion de entre cuarenta y sesenta centavos la libra, el negocio del cobre sigue situado entre los más rentables.
Los sectores críticos a la minería que al comienzo de la crisis pensaron vivir una larga pausa en la expansión de los impactos socioambientales por nuevos proyectos mineros, hoy ven que la reactivación de la actividad puede tener mayores efectos negativos. Esto principalmente por los incentivos de los Estados que implican flexibilización laboral, ambiental y tributaria en desmedro de los derechos de los trabajadores, los ecosistemas, las comunidades aledañas y el patrimonio nacional.
En este contexto solo podemos pronosticar crecientes conflictos asociados a la actividad minera en la región. Como botón de muestra mencionamos los anuncios de instalación de una base militar en el norte del Perú para proteger el conflictivo y polémico proyecto Majaz caracterizado por atropello a los derechos humanos. (La Republica 07/11/2009)
Junto a las bases militares en Colombia, ¿sera esto el inicio de la militarización definitiva de las zonas de interés minero y recursos naturales con altos grados de rechazo de la población local?
Si esto es así, la minería estará asociada a violencia y ganará más desprestigio internacional y las campañas antimineras se desplazaran aun más a escenarios del norte.
(*) Observatorio de Conflictos Mineros de America Latina www.conflictosmineros.net
Coordinador del Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina OCMAL(*)
El arribo de gobiernos "del socialismo del siglo XXI" a América Latina generó expectativas en diversos sectores de la sociedad, dentro y fuera de los países donde se presenta esta tendencia.
Un sector que se vinculó a los procesos electorales de lideres de izquierda fue el ecologista. Considerado como el ala verde, más cercano a la izquierda, fue en algunos casos co-protagonista en las candidaturas izquierdistas en los diversos procesos electorales de países con gobiernos progresistas en la región
No obstante, la discusión sobre el significado político y social del aumento en la cantidad de gobiernos de izquierda que han ido posicionándose en América Latina luego de años de hegemonía neoliberal, ha ido desplazando un análisis más profundo sobre los modelos de desarrollo de estos gobiernos.
La urgencia por reparar deudas sociales y económicas acumuladas a través de décadas o siglos en algunos casos, -por no mencionar la enorme deuda histórica con los pueblos indígenas originarios- ha hecho que uno de los énfasis más importantes en los países con gobiernos de izquierda sea la redistribución del ingreso.
Acostumbradas las sociedades latinoamericanas a la injusticia e inequidad, actualmente el énfasis en la adminstración económica de esos gobiernos recae sobre la distribución del ingreso de manera más justa y equitativa. Se logra así incorporar aunque lenta y parcialmente importantes sectores antes sumidos en la pobreza y ahora en proceso de ser parte de los sistemas productivos y de consumo.
Muchos paliativos a la pobreza tales como los conocidos bonos para combatirla han caracterizado las administraciones más comprometidas con un cambio acelerado en la condición de pobreza de amplios sectores de la población Es el caso de Venezuela, Bolivia y Ecuador. (BBC Mundo 27/05/ 2009)
¿De donde se obtienen los recursos para redistribuir y pagar los bonos de pobreza? Tanto en el caso de Bolivia como en el de Ecuador se obtienen de la exportación de recursos naturales, aunque Venezuela es probablemente el ejemplo más claro de revolución basada en ingresos por petroleo.
Bolivia ha comprometido ganancias presentes y futuras de la venta de hidrocarburos ahora singularmente "nacionalizados" y no deja de mirar la minería como fuente de recursos que puede asir al momento de requerir más presupuesto nacional para reasignar. (www.presidencia.gob.bo/bono.php)
Ecuador ha basado su redistribución en la industria del petróleo y Venezuela no ha dejado de hacerlo siendo el mejor ejemplo del sustento de políticas sociales en actividades extractivas no sustentables.
Para los tres casos, los precios de estas mercancías determinan la sostenibilidad de las políticas redistributivas. Una carta bajo la manga de estos experimentales gobiernos de izquierda es la minería. (Diario El Correo 16/01/2007)
Bolivia rico en minerales tiene una historia minera amarga por pobreza, contaminacion y altos índices de exclusión.
Depender de precios de minerales y transferir yacimientos a empresas transnacionales ha contribuido a la vulnerabilidad económica y a la perdida de riquezas por saqueo, fenómeno generalizado que caracteriza la explotación de recursos naturales en la región
¿Como se relacionan los gobiernos de izquierda con la industria minera?
Bolivia sigue poseyendo recursos minerales abundantes y los intereses transnacionales sobre ellos se mantienen. Los más importantes con la excepción de la mina estatal Huanuni se encuentran en manos privadas o bajo contratos de riesgo compartido.
Coro Coro en La Paz, San Cristóbal y San Bartolomé en Potosí, Kori Chaka en Oruro, Don Mario en Santa Cruz y el renombrado Mutun, en riesgo compartido, también en este departamento forman la base minera industrial más importante en el país.
Estos proyectos, ya sea en operación o en planificación, han recibido el apoyo del gobierno. Incluso Minera San Cristóbal en manos de Sumitomo impresionó positivamente a Morales durante una visita a las instalaciones hace unos meses. (www.hidrocarburosbolivia.com)
Por otro lado, todos estos proyecto han sido objeto de críticas provenientes de diversos sectores de ONGs y/o de comunidades, por sus efectos negativos en el ambiente y en la calidad de vida de quienes sufren dichos efectos. San Cristóbal por ejemplo es señalada por la federación campesina Frutcas como la fuente de vulnerabilidad hidrica por el alto consumo de aguas subterráneas. (www.conflictosmineros.net/contenidos/4-bolivia/4155)
Hay casos en que las comunidades se oponen de manera frontal a dichos proyectos y todos incluyen unos mas, otros menos, algún grado de conflictividad con las comunidades aledañas. (Hoy, 29/10/2009)
El proyecto Coro Coro es uno de los mas representativos de esta fiebre minera en Bolivia. (La Hora, 26/10/2009)
Las comunidades rechazaron la inauguración del proyecto pues ni siquiera había considerado la consulta acorde al Convenio OIT 169 y no contaba con la aprobación del estudio de impacto ambiental correspondiente. A pesar de ello Morales ya le había dado su visto bueno. El proyecto está en discusión. (Los Tiempos 19/11/2009)
Con el arribo de la empresa minera del Alba la presión por minerales no hace mas que aumentar.(Revista minera de Venezuela 1/11/2009)
Extractivismo contagioso y nueva deuda socioambiental
Ecuador por su parte bajo un gobierno "socialista del siglo XXI" ha recorrido un camino similar aunque marcado por una mayor desesperación del oficialismo por iniciar la actividad minera a gran escala, hasta ahora desconocida en el país. (El Comercio 21/09/2009)
Presionado por las promesas de redistribución de ingresos y mayor justicia social, pero con precios del petroleo estancados y remesas de migrantes decrecientes, echar mano a la minería se presenta como una opción tentadora al momento de cumplir los compromisos de redistribución.
Por eso, la primera ley aprobada al cabo del proceso constitucional fue la ley de minería.
También quienes se oponen o son críticos a la minería han sido transformados en enemigos del gobierno. Y de paso, las transnacionales sus aliadas.
No es entonces extraño que aquellos sectores ecologistas que apoyaron los procesos que llevaron a mandatarios de izquierda a sus sillones presidenciales hoy vean con desconfianza los pasos que estos dan para priorizar la minería por sobre otras actividades sustentables, conservación ambiental, cuidado del agua, y efectos negativos en comunidades pobres y vulnerables a las actividades extractivas a gran escala.
Por ello, iniciativas que trabajan sobre conflictos mineros en América Latina y efectos negativos de la minería como el caso de OCMAL(*) han dedicado espacios de discusión respecto a esta inquietud. Se ha planteado reiteradamente como pregunta si los gobiernos de izquierda se asemejan a los neoliberales en materia de extractivismo. Según algunos, la respuesta es afirmativa.
La siguiente pregunta formulada es, ¿si para satisfacer las necesidades de sectores pobres de la población han de ser sacrificadas comunidades que ven destruido su entorno, calidad de vida, cultura, agua, salud y condición ético-moral e incluso seguridad personal al ser forzadas a aceptar proyectos de extracción minera?
De igual modo surge la pregunta del caso sobre ¿si el desarrollo de un grupo va a seguir descansando en la miseria de otros?
El tener que hacerse estas preguntas es de enorme preocupación ya que las respuestas podrían conducir a que no habría gran diferencia en las políticas extractivistas de los gobiernos de izquierda con sus pares neoliberales. Tal vez la única gran diferencia es el énfasis en el pago de deudas sociales históricas pero a base de creación de nuevas deudas socioambientales que también en algún momento habrá que pagar. Aunque esta vez haya que considerar que muchos daños socioambientales son considerados irreparables.
Efecto de la crisis del sistema financiero
Otro factor que ha tenido influencia en el desarrollo de la industria minera ha sido la crisis del sistema financiero internacional, para situar a los responsables en el hemisferio que corresponde.
Las incertidumbres asociadas a la profundidad de la crisis tuvo efectos en los precios de la gran mayoría de las mercancías. No fueron la excepción los minerales y metales en general. El cobre por ejemplo abandonaba uno de sus mejores momentos de la historia registrando cuatro dolares la libra.
La crisis reciente castigó el precio del metal rojo llevándolo a menos de 1,5 dolares por libra. Comparado con los cerca de 60 centavos que alcanzó en los peores tiempos de la crisis asiática, no podemos hablar de una situación extremadamente crítica. Diferente circunstancia vivió el comercio del oro. Refugiarse en este metal precioso es una de las reacciones sobre todo cuando las crisis son por especulación financiera como la que vivimos. Ello levó a que el mercado del oro se mantuviera relativamente estable con un aumento en los últimos meses que lo ha puesto sobre 1150 dolares la onza. (www.economiaynegocios.cl/mercados/mercancias.asp)
El desarrollo de proyectos mineros previos a la crisis fue postergado hasta nuevo aviso. La falta de liquidez de la banca que financia el desarrollo de proyectos mineros influyó negativamente su desarrollo. La incertidumbre fue generalizada y países cuyas exportaciones dependen en gran medida de la minería tales como Chile y Perú comenzaron a calcular los efectos de la caída en la inversión minera.
Al cumplirse cerca de un año del fenomeno, la minería recobra los aires de optimismo de la época pre crisis. Con crecimiento sostenido en China y leves recuperaciones de varias economías emergentes, al menos el cobre recuperó gran parte de su caída. Los precios de este metal están bordeando los tres dolares la libra. Con costos de produccion de entre cuarenta y sesenta centavos la libra, el negocio del cobre sigue situado entre los más rentables.
Los sectores críticos a la minería que al comienzo de la crisis pensaron vivir una larga pausa en la expansión de los impactos socioambientales por nuevos proyectos mineros, hoy ven que la reactivación de la actividad puede tener mayores efectos negativos. Esto principalmente por los incentivos de los Estados que implican flexibilización laboral, ambiental y tributaria en desmedro de los derechos de los trabajadores, los ecosistemas, las comunidades aledañas y el patrimonio nacional.
En este contexto solo podemos pronosticar crecientes conflictos asociados a la actividad minera en la región. Como botón de muestra mencionamos los anuncios de instalación de una base militar en el norte del Perú para proteger el conflictivo y polémico proyecto Majaz caracterizado por atropello a los derechos humanos. (La Republica 07/11/2009)
Junto a las bases militares en Colombia, ¿sera esto el inicio de la militarización definitiva de las zonas de interés minero y recursos naturales con altos grados de rechazo de la población local?
Si esto es así, la minería estará asociada a violencia y ganará más desprestigio internacional y las campañas antimineras se desplazaran aun más a escenarios del norte.
(*) Observatorio de Conflictos Mineros de America Latina www.conflictosmineros.net
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