La criminalización de las luchas sociales

ALAI

Convertir a la protesta legítima en crimen es una de las estrategias predilectas de los sectores de poder, a la hora de contener las luchas sociales, y minimizar la respuesta a sus demandas. Esta estrategia es aún más efectiva cuando cuenta con el concurso de los medios de comunicación masiva, que se prestan a desacreditar a los actores y minar el apoyo de la opinión pública. En los últimos años, las luchas indígenas, en particular, ha sido blanco de tales métodos, situación que fue denunciada en términos muy duros en el Encuentro Continental de Pueblos y Nacionalidades Indígenas del Abya Yala, realizado en Bolivia en octubre de 2006:

"Vivimos tiempos de militarización y criminalización de los movimientos sociales, los pueblos originarios nos vemos hoy abocados a una nueva lógica relacionada con los proyectos de seguridad, llamados democráticos o neofascistas, y que de no luchar decididamente unidos en su contra, terminarán por quitarnos los territorios, saberes, identidad y cultura en general y quedar a un paso de la eliminación física de todos nuestros pueblos originarios, pues para esas expresiones colonialistas, somos un estorbo que no les permite seguir enriqueciéndose ilícitamente y dirigir el destino de los Estados, acorde con sus conveniencias políticas". (Resultados de la Comisión de Trabajo sobre Alianzas Estratégicas del Encuentro).

La kichwa ecuatoriana Blanca Chancoso recuerda que la criminalización de la lucha indígena no es nueva, sino que viene reproduciéndose bajo diferentes formas desde tiempos de la colonia, y en todo el continente, cuando luchadores han querido levantar la voz para defender las tierras y territorios y los derechos de sus pueblos.

Para Chancoso, la resistencia a la criminalización ya no puede quedarse solo en la denuncia y la protesta. "Habrá que cortar de raíz estas actitudes", afirma, lo cual implica una lucha por cambiar la base constitucional de los países, a fin de garantizar el verdadero ejercicio de derechos, y luego seguir movilizados para defender los cambios que se consigan.

El padre Antonio Bonanomi, por su parte, hablando de la situación de los indígenas en Colombia, considera que los pueblos indígenas -y no sólo en ese país-, viven un momento muy difícil. Uno de los factores principales sería "el sistema imperial que domina la política en Colombia. Prácticamente los pueblos indígenas son un estorbo, porque por su cultura, por su defensa del territorio, por su amor a la tierra, estorban los proyectos de las multinacionales, de los que quieren adueñarse del agua y del bosque, de todos recursos naturales. La cultura indígena es eminentemente anticapitalista y antineoliberal y por eso el capitalismo y el neoliberalismo, que hoy quieren dominar el mundo -y lo dominan, no solamente con la política sino también con las armas, con las leyes-, son enemigos de los pueblos indígenas y los consideran sus enemigos. De allí la represión, de allí el desplazamiento, de allí las leyes contra los pueblos indígenas".

Refiriéndose específicamente al Pueblo Nasa, del Valle del Cauca, Bonanomi señala que "a lo largo de su historia, el Pueblo Nasa ha sufrido mucha represión, mucha persecución, pero nunca fue tan fuerte la represión, tan poderosa como hoy. Porque no solamente es una represión armada sino muchas veces también una represión que se fundamenta en leyes. Prácticamente lo ilegal hoy se convierte en legal y lo que el Estado hace tiene una apariencia de legalidad aunque viole continuamente los derechos de los pueblos indígenas".

Perú: La defensa contra las empresas depredadoras

Al igual que Colombia, Perú y Chile están entre los países donde el enfrentamiento de los pueblos indígenas con el Estado, y su resistencia frente a grandes intereses económicos, están siendo tratados cada vez más como delito o incluso terrorismo.

En Perú, se ha criminalizado las demandas y movilizaciones indígenas y campesinas utilizando medios legales y de comunicación comercial. Las organizaciones indígenas y campesinas son victimas de acciones de criminalización por parte del Estado, como el caso de la Confederación Nacional de Comunidades del Perú Afectadas por la Minería (CONACAMI), que fue victima de campañas de desprestigio e ilegalización debido a su rol representativo de las comunidades que se resisten a la acción depredadora de las grandes empresas mineras.

Carlos Candiotti, originario de Huancavelica y dirigente nacional de CONACAMI, denunció que “en estos momentos, más de 600 dirigentes y comuneros de todo el Perú son perseguidos y enjuiciados, solo por el 'delito' de oponerse a la irresponsable minería y defender sus derechos”. Comentó que, por ejemplo, “hay 38 comuneros de los distritos de Cangalla, Secclla, Jilcamarca y Buenavista, en la provincia de Angaraes (Huancavelica), denunciados por delitos que van desde disturbios hasta secuestro, debido a su tenaz oposición contra la contaminación de los ríos Sicra y Atuna, que genera la empresa minera Pampamali”.

El caso de CONACAMI no es el único. La Asociación Interétnica para el Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), organización de la amazonía, ha denunciado que 45 indígenas están encarcelados en Pucallpa y 39 en Iquitos por defender sus territorios frente a las concesiones forestales y la extracción ilegal de madera. De igual manera, en los últimos años se ha criminalizado el cultivo de la hoja de coca y la movilización de la Confederación de Productores Agropecuarios de las Cuencas Cocaleras del Perú (CONPACCP). Existe de hecho un intento por vincular las movilizaciones indígenas con violencia, terrorismo y narcotráfico.

"Estamos ante un escenario creciente de criminalización de la movilización social y de la libertad de pensamiento", señala Luis Vittor, de CONACAMI. "Es doblemente criminalizado si se trata de las organizaciones indígenas que cuestionan la extracción de los recursos naturales en sus territorios. Las organizaciones defensoras de derechos humanos y ambientales tampoco se salvan y se ha llegado al punto de intentar controlar la cooperación internacional y el derecho a la libertad bajo el argumento de que sus acciones deben estar alineadas a las políticas nacionales de desarrollo".

Chile: La resistencia mapuche

En Chile, la protesta social mapuche frente al Estado ha significado una larga historia de persecuciones, muertes, torturas y detenciones. Los gobiernos de la Concertación, dentro de sus políticas públicas, han tratado el tema con una visión asistencialista, interviniendo desde la lógica de la pobreza, con programas que apuntan al desarrollo de mujeres, niños y hombres mapuche, buscando la inserción de las comunidades en la lógica de una economía de mercado. Sin embargo, no han considerado la cultura mapuche desde sus propias demandas y desde su cultura, y ante quienes se resisten, simplemente se les ha aplicado la misma estrategia de la Dictadura: el terrorismo de Estado.

Frente a las protestas, frente a las peticiones que hacen los mapuche, no se da una respuesta positiva, y la criminalización del movimiento se hace cada vez más frecuente e intenso, sobre todo en los últimos tiempos. La persecución comenzó primero con la utilización de leyes penales que se aplican a los delincuentes, pasando por la Ley de Seguridad Interior del Estado, para luego llegar a la aplicación de la Ley Antiterrorista, para hechos que nunca tuvieron la connotación de terroristas, y en muchos casos ni siquiera tenían fundamentación para catalogarlos de delitos.

Un ejemplo flagrante de ello, ha sido el comportamiento policial frente a la comunidad de Temucuicui, en Ercilla, que ha debido sufrir constantes allanamientos y cuyos dirigentes han enfrentado la persecución y la cárcel. Dándose la paradoja de que mientras el ex ministro del Interior, José Miguel Insulza asumía en la OEA, organizaciones del Pueblo Mapuche acusaban al Estado chileno ante dicho organismo de violar los derechos humanos, después de haber agotado todas las instancias legales en Chile.

Recientemente una misión internacional de organismos de derechos humanos, universidades y asociaciones estudiantiles visitó Temucuicui, donde constató en el terreno que esta comunidad es constantemente reprimida por las fuerzas policiales, y que es una zona militarizada por carabineros que actúan bajo las órdenes de la Fiscalía para proteger los predios de agricultores privados. Se registra un triste saldo de destrozos a las viviendas, de mujeres violentadas en los allanamientos, heridos, niños que son apartados para ser interrogados y maltratados.

La misión dirigió una carta a la Presidenta Michelle Bachelet, pidiendo medidas “urgentes para poner fin a la violencia institucional, principalmente de carabineros”, añadiendo que esta situación responde a una política de discriminación racial y existe un “verdadero terrorismo de Estado en contra de los mapuche”. Sin embargo, la lucha social por la tierra y los legítimos reclamos de los pueblos indígenas en Chile, siguen siendo materia de la Ley de Seguridad Interior del Estado y de la Ley Antiterrorista.

A mediados de febrero pasado, la policía volvió a ingresar a la comunidad durante la noche, sin mostrar órdenes de registro y sin dar razones para el operativo, llevándose detenidas a tres personas que fueron torturadas en presencia de sus familias. Ante este nuevo atentado contra los derechos humanos, la comunidad Mapuche de Temucuicui ha declarado “Esto ya es demasiado y si tenemos que morir, moriremos, por defender nuestros derechos. El gobierno lo único que al parecer quiere es que toda la comunidad esté encarcelada, pero eso no lo vamos a permitir”.

* Con información de CONACAMI (Perú), ANAMURI (Chile) y ACIN (Colombia).



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