El ataque del Banco Mundial a las Universidades y los derechos culturales (I)

José Luis Vega Carballo


Fuente: elpais.cr | 23/06/2010

Columna “Pensamiento Crítico”

El Banco Mundial (BM) nació como super-agente financiero del nuevo imperio estadounidense que se forja una vez finalizada la segunda guerra mundial. Su creación fue producto de los famosos acuerdos de Bretton Woods (New Hampshire, EEUU) pactados en 1944 durante la Conferencia Monetaria y Financiera Internacional de la ONU. La misión del BM era reorganizar, junto con el Fondo Monetario Internacional (FMI), la economía mundial en función de los emergentes intereses planetarios centrados en Washington, extendidos hacia Europa mediante el Plan Marshall, y proyectados al resto del mundo en la tensa atmósfera de la guerra fría anticomunista comandada en esa época por el presidente Truman, el FBI y la CIA.

En las últimas décadas, y ya en la globalización posterior a 1970, el BM se lanzó al diseño e implementación de las políticas neoliberales de ajuste que condujeron al Consenso de Washington al inicio de la década de 1990, estando siempre acompañado por el FMI y más tarde por la Organización Mundial del Comercio (OMC). Fue cuando, además de políticas económicas, comenzó a hablar de pobreza y compensación social, y aun de educación como instrumento de desarrollo, aunque en una versión muy conservadora donde aparecía como vehículo de una “modernización” o proceso en el cual unas sociedades “subdesarrolladas” pujaban por hacerse como las más “desarrolladas”, según opciones y disciplinas capitalistas recomendadas por el BM y el FMI. Más aún, con ese giro sobrevino la tendencia a reducir la ecuación compleja del desarrollo social (tan en boga en América Latina en la posguerra) a la educación, concebida como antídoto de la pobreza, la exclusión social y el radicalismo político.

A finales del siglo XX, los estrategas del BM fraguaron una segunda generación de políticas de liberalización derivadas del Consenso de Washington, para terminar las tareas inconclusas del primer ciclo de ajustes estructurales. Se lanzó entonces el “Neo-institucionalismo” como estrategia orientada a terminar la faena de privatizar y sujetar los Estados-Nación al engranaje del mercado, de las empresas y los intereses patronales; principalmente en función de las necesidades que tenían las grandes corporaciones de penetrar las periferias subdesarrolladas al frente del proceso globalizador. No se habló más de reducir el Estado, sino de fortalecerlo y ponerlo directamente al servicio de los intereses corporativos y del mercado globalizado.

En ese marco neo-institucionalista se gestó una batería de “nuevas reformas estructurales” que se insertaron en la agenda de los gobiernos con el apoyo directo de las agencias del BM canalizado a través de “oficinas ejecutoras”. Aquí, por ahora, nos interesan las reformas en el campo educativo, laboral y cultural, ligados a la problemática tanto de la desigualdad y la diversidad, como de la vigencia de los Derechos Sociales y Culturales. Un tema complejo que no agotaremos en esta ocasión, pero que sí importa dejar planteado con toda claridad para entender los ataques a universidades públicas que ofrezcan resistencias al Neo-institucionalismo e insistan en mantener su autonomía e integridad institucionales. También habrá de verse cómo estas agresiones se vinculan a las políticas neoliberales del Banco Mundial y a una cruzada planetaria contra los Derechos Humanos Integrales (DHI), es decir, pluridimensionales y a la vez indivisibles. Es esto se persigue implantar por encima de ellos y con rango superior a los derechos comerciales y empresariales, al estilo en que lo hacen los tratados de libre comercio o TLCs, todo ello en el marco de la segunda serie de reformas del Consenso de Washington.

Hoy día urge aclarar, particularmente ante quienes desconocen la naturaleza y alcances del Neo-institucionalismo, que el ataque a los Estados-Nación en su esfera jurídico-constitucional y específicamente a los DHI va dirigido a deslegitimarlos, reducirlos, y someterlos finalmente al aparataje de los negocios privados, así como al devenir de los mercados corporativos, a efectos de que sean éstos los que gobiernen a los gobiernos y sin escapatoria posible. Ello exige el ir cercenando más y más los espacios de pensamiento y acción a las fuerzas críticas, opositoras y de resistencia, que consideran perjudicial tal mercantilización de la vida pública y privada, montada en el afán de lucro y de una extrema explotación de la fuerza de trabajo (física y mental) de todos los habitantes, incluidos los que laboran en el sector de los servicios públicos de educación y cultura. Aunque no lo quieran, en esa tesitura los medios de administración y producción que los funcionarios manejan, deberán quedar sometidos a la gran maquinaria corporativa y globalizada de los mercados, así como a las necesidades de los grandes consorcios as financieros, es decir, a los dictados del complejo imperial administrado por la trilogía “BM-FMI-OMC”, donde las universidades no podrán jugar a ser una excepción.

Concretamente, en materias de educación y cultura, el Neo-institucionalismo impulsado por la trilogía (y en particular por el BM para nuestros países) se propone, primero, radicalizar los mecanismos de la condicionalidad en los préstamos y asistencias al sector educativo, a fin de forzar la aceptación de su visión y políticas entre las altas burocracias y tecnocracias ministeriales, donde siempre ha hallado fieles subalternos y compañeros de viaje dispuestos a defender sus tesis pro-mercado, en especial las que impulsan la privatización y descentralización o municipalización de las estructuras y centros educativos. En segundo lugar, los Estados deberán circunscribirse a prestar los servicios de educación y cultura de modo mínimo y subsidiario, dejando a la empresa privada (la llamada “industria cultural”, que incluye en sus filas a la educación) la parte más lucrativa y jugosa del león. Más aún, deberán ponerse de lado del mercado y estimular ese traspaso privatizador de funciones y estructuras. Y en tercer lugar, tendrán que acabar directa o indirectamente con cualquier autonomía del sector educativo, en especial del universitario. Pues éste resulta ser no solo el más rentable, sino el más estratégico, en la medida en que debe formar con alta prioridad los cuadros cualificados, dóciles y de plena confianza ideológica para las empresas, corporaciones y bancos privados encargados de la gestión de los mercados. Dentro y fuera del ámbito de unos Estados-Nación reducidos al mínimo, se impondría así un destino inexorable que deberán compartir las universidades públicas si desean sobrevivir como entidades “competitivas” y que en parte atiendan de mala gana a un segmento de mercado de segunda o tercera clase, es decir, a una ciudadanía degradada, de baja condición socioeconómica, sin influencia ni poder político, y por ello dependiente de servicios públicos de baja calidad y restringida cobertura.

Tales son las fuerzas e intereses que se mueven detrás de las embestidas que viene sufriendo el sistema público universitario, tanto en materia de negociación presupuestaria como de autonomía; a lo cual hay que agregar el nuevo aliado de gran calibre que tienen el BM y sus estrategias neo-institucionalistas: el poder mediático privado y transnacionalizado, atado al gran complejo en crecimiento de las industrias culturales, muy interesadas en reducir al mínimo las estructuras no-comerciales y libres de defensa y promoción de las identidades, las diferencias y las tradiciones culturales, así como los correspondientes DHI universales que aún pueden proteger el apreciado patrimonio material y no-material del país. Un patrimonio que la clase política quiso alguna vez en el pasado que fuera nacional y respondiera a los intereses y derechos compartidos tanto por las minorías, como por las grandes mayorías sociales. Poco o nada queda de ese predicado y todos debemos saber por qué.